La multipolaridad bajo el imperio del derecho internacional

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En Ginebra, un experto de Naciones Unidas llama a encauzar la redistribución mundial del poder mediante la Carta de la ONU. Denuncia la normalización de las sanciones unilaterales, los aranceles y las presiones ejercidas contra las instituciones internacionales.

La multipolaridad se ha convertido en un hecho. La cuestión es saber en qué marco se desarrollará. Al presentar su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, advirtió sobre la fragmentación geopolítica y la multiplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Según él, estas dinámicas no solo modifican las relaciones de fuerza entre los Estados: también debilitan los principios sobre los que se funda la Organización de las Naciones Unidas.

El experto propone pensar la multipolaridad no como un simple reparto del poder entre varios centros rivales, sino como una realidad que debería quedar “integrada” en el derecho internacional, el multilateralismo y los derechos humanos. Esta noción de una multipolaridad “integrada” —embedded multipolarity— busca responder a una contradicción cada vez más evidente. El mundo ya no se organiza alrededor de una única potencia dominante, pero la pluralidad de actores tampoco garantiza por sí misma una mayor igualdad, cooperación o justicia.

«Vivimos en un mundo multipolar —declaró Katrougalos—. El desafío no consiste en saber si el poder está distribuido entre varios actores, sino en determinar si esa diversidad de poder se ejerce dentro del marco multilateral de las Naciones Unidas y permanece sujeta a sus reglas». La fórmula resume el dilema: la multipolaridad puede favorecer un mayor equilibrio internacional, pero también puede transformarse en una competencia generalizada entre potencias, cada una de las cuales reivindica el derecho a imponer sus normas, sus sanciones y sus prioridades.

El regreso de la coerción unilateral

El informe presentado en Ginebra describe lo que el experto califica de «patrón de unilateralismo coercitivo». Aranceles, sanciones financieras, restricciones comerciales y prohibiciones tecnológicas son utilizados cada vez con mayor frecuencia para ejercer presión política sobre Estados considerados adversarios o desobedientes. A menudo se presentan como instrumentos pacíficos, en oposición al uso de la fuerza militar. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser graves, especialmente cuando las medidas adoptadas por una potencia se extienden a empresas, bancos e instituciones de terceros países.

Esta lógica pone en cuestión varios principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y el arreglo pacífico de las controversias. Al privar a determinados gobiernos de su capacidad para comerciar, acceder a financiación o elegir libremente a sus socios, las sanciones unilaterales tienden a convertir las interdependencias económicas en instrumentos de coerción.

El problema no es únicamente jurídico. También afecta directamente a la capacidad de los Estados para definir sus políticas públicas. Cuando las restricciones financieras impiden el acceso a determinados mercados, cuando las empresas renuncian a comerciar por temor a sanciones secundarias o cuando las instituciones rechazan cualquier relación con un país sancionado, la soberanía no desaparece formalmente. Sin embargo, se reducen las condiciones materiales que permiten ejercerla.

El experto manifestó asimismo su preocupación por el uso creciente de medidas destinadas a limitar la libertad de elección de los Estados. Detrás de la retórica de la defensa del orden internacional, señaló, se perfila a veces una concepción jerárquica de la gobernanza mundial: ciertas potencias se arrogarían el derecho de determinar qué comportamientos son aceptables y de castigar a quienes se aparten de ellos, al margen de procedimientos verdaderamente multilaterales.

La presión contra las instituciones internacionales

El informe también aborda las sanciones impuestas contra responsables de la Corte Penal Internacional y contra otro relator especial de Naciones Unidas. Para Katrougalos, estas medidas amenazan directamente la independencia de las instituciones y los mecanismos internacionales encargados de hacer respetar el derecho.

La cuestión es delicada. Las instituciones judiciales y los procedimientos especiales de la ONU poseen una legitimidad frágil, ya que dependen en gran medida de la cooperación de los Estados. Su eficacia descansa en su capacidad para investigar, documentar y hacer públicas las violaciones, incluso cuando afectan a potencias influyentes. Si sus responsables pueden ser objeto de sanciones por ejercer su mandato, su independencia queda inevitablemente debilitada.

La sanción ya no se dirige únicamente contra un gobierno o una política nacional. Puede convertirse en un instrumento de intimidación contra la propia institución, encarecer sus actividades, limitar sus desplazamientos o disuadir a quienes colaboran con ella. Esta evolución contribuiría a desplazar el centro de gravedad de la justicia internacional: los mecanismos basados en reglas comunes cederían progresivamente ante relaciones de fuerza en las que cada potencia trataría de proteger a sus aliados y neutralizar a las instituciones capaces de cuestionarla.

El episodio revela una tensión más amplia. Los Estados suelen reclamar un orden internacional basado en el derecho cuando desean contener el poder de un adversario. Sin embargo, se muestran menos dispuestos a aceptar las restricciones de ese mismo derecho cuando limita su propia libertad de acción. La defensa del multilateralismo no puede ser selectiva: no debería depender de la identidad del Estado cuestionado ni de la orientación política de la decisión.

¿Una multipolaridad sin hegemonía?

El informe destaca varias experiencias de cooperación internacional que no se basan en la dominación de un único centro. Menciona, en particular, las iniciativas destinadas a promover la coexistencia pacífica, la integración regional y la reforma de las instituciones financieras internacionales.

Estas propuestas remiten a una concepción menos vertical de las relaciones internacionales. Desde esta perspectiva, la multipolaridad no consistiría simplemente en sustituir una hegemonía por varias hegemonías rivales. Debería permitir una reorganización de las instituciones para que los Estados y las sociedades dispusieran de márgenes de decisión más equilibrados.

La reforma del sistema financiero mundial aparece aquí como un desafío decisivo. Las instituciones internacionales de financiación, las agencias de calificación, los mecanismos de deuda y las normas comerciales pesan directamente sobre las políticas económicas nacionales. Sin embargo, esas estructuras siguen marcadas por relaciones de poder heredadas de una época en la que la jerarquía internacional era diferente. Los países del Sur denuncian desde hace tiempo una representación insuficiente en las instancias que determinan las condiciones de acceso al capital, los programas de ajuste y las prioridades del desarrollo.

Para Katrougalos, el fortalecimiento del multilateralismo no debe limitarse a defender de manera abstracta las instituciones existentes. También exige corregir los desequilibrios que las atraviesan. Una organización internacional puede ser jurídicamente universal y, al mismo tiempo, políticamente desigual, si las decisiones más importantes permanecen concentradas en manos de un número reducido de Estados.

Medir las restricciones en lugar de sancionar los resultados

El experto presentó asimismo un proyecto de «Índice Mundial de Implementación Normativa». Esta herramienta buscaría evaluar la manera en que los Estados aplican sus compromisos en materia de derechos humanos, medio ambiente y protección social, teniendo en cuenta las restricciones externas que pesan sobre ellos.

La idea rompe con un enfoque estrictamente comparativo, según el cual los Estados serían evaluados únicamente a partir de sus resultados, con independencia de las condiciones en las que deben actuar. Un país sometido a sanciones, a una deuda asfixiante o a políticas de austeridad impuestas desde el exterior no dispone de los mismos recursos que un Estado que cuenta con un acceso estable a los mercados, las tecnologías y la financiación internacional.

Esta diferencia de contexto rara vez se toma en consideración en las evaluaciones internacionales. Se exige a los gobiernos que garanticen la salud, la educación, la protección social o la transición ecológica, mientras se limitan en ocasiones los medios de los que disponen para alcanzar esos objetivos. El índice propuesto trataría así de distinguir entre la responsabilidad propia de los Estados y los obstáculos estructurales derivados de su entorno económico y geopolítico.

Este enfoque tiene una importante dimensión política. Invita a no reducir los derechos humanos a una lista de obligaciones nacionales y a examinar también la responsabilidad de los actores que contribuyen a crear o mantener las restricciones externas. Los derechos sociales y ambientales no pueden hacerse plenamente efectivos si la arquitectura internacional de la deuda, el comercio y las finanzas vuelve prácticamente imposible su ejercicio.

Islandia como contrapunto

En el mismo informe, Katrougalos presentó las conclusiones de su visita a Islandia. Elogió el compromiso del país con los derechos humanos, la igualdad, la gobernanza democrática y la solidaridad internacional. Destacó, en particular, la decisión de las autoridades islandesas de aumentar la ayuda oficial al desarrollo, pese a la tendencia mundial a reducir este tipo de financiación.

El experto también acogió favorablemente la incorporación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jurídico islandés, en noviembre de 2025, así como la ratificación de su Protocolo Facultativo, en mayo de 2026. Estas decisiones refuerzan los mecanismos de protección y permiten un control internacional más estrecho sobre la aplicación de los compromisos asumidos.

Pero el informe no se limita a los elogios. Katrougalos instó a las autoridades islandesas a cerrar las brechas que persisten en la protección de los migrantes, las personas con discapacidad y las personas trans. Incluso las democracias dotadas de instituciones sólidas están atravesadas por contradicciones. El reconocimiento de los derechos en los textos no basta: su efectividad depende de las políticas públicas, del acceso a los recursos y de la capacidad de los grupos minoritarios para hacer oír su voz.

Este examen de Islandia recuerda que el orden internacional defendido por el experto no debe concebirse únicamente como un dispositivo de control de las grandes potencias. También concierne a las prácticas internas de los Estados, sus políticas sociales y su capacidad para convertir las normas internacionales en derechos efectivos.

Rehabilitar la Carta de Naciones Unidas

La tesis central del informe puede resumirse en una fórmula: la diversidad del poder y la universalidad de los derechos humanos no son incompatibles. Incluso pueden reforzarse mutuamente, siempre que la multipolaridad quede verdaderamente integrada en el sistema multilateral.

Esta condición dista mucho de estar garantizada. El mundo multipolar que se perfila no es necesariamente más democrático. Puede generar una competencia más intensa entre grandes potencias, multiplicar las zonas de influencia y debilitar las instituciones comunes. El fin de un momento unipolar no garantiza ni la paz ni la igualdad. También puede abrir una etapa de negociaciones permanentes, en la que los derechos humanos se conviertan en una variable secundaria de los acuerdos estratégicos.

La respuesta propuesta por Katrougalos consiste en reafirmar la función normativa de la Carta de las Naciones Unidas. Esta no debería invocarse únicamente cuando los intereses de una potencia se ven amenazados. Debería encuadrar el conjunto de las políticas internacionales, incluidas las sanciones, las medidas comerciales y los instrumentos financieros.

El futuro de un orden internacional democrático y equitativo dependería así de tres decisiones: reafirmar la igualdad soberana de los Estados, fortalecer la cooperación multilateral y mantener los derechos humanos en el centro de la gobernanza mundial. En un contexto de creciente fragmentación, estos principios pueden parecer abstractos. Sin embargo, constituyen la única base capaz de impedir que la multipolaridad se reduzca a la coexistencia conflictiva de varios sistemas de dominación.