La tradición «iliberal» de la democracia chilena

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Con motivo de la presentación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) por parte del gobierno de José Antonio Kast y el Partido Republicano, que contempla, entre otras cosas, una reforma constitucional para establecer un 5to Estado de excepción que otorga amplias facultades al presidente de la república, se ha abierto una polémica política y teórica sobre la dirección y carácter que estaría tomando el régimen político bajo el actual gobierno. Para los analistas de orientación de derecha, centro derecha y/o centro izquierda que han intervenido en el debate[i] consideran que con dicho proyecto el gobierno de la ultraderecha nacional estaría transitando hacía la instalación institucional y constitucional de un régimen democrático iliberal.[ii]

Si entendemos a la “democracia iliberal” como una forma distorsionada y limitada de las democracias liberales; en donde se imponen reglas y normas institucionales que restringen o que niegan: la separación de poderes del Estado, los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos, entre otras. Restricciones que asimilan a ese tipo de régimen político a una autocracia, o sea, algún tipo particular de régimen autoritario, estaríamos en presencia de una peligrosa regresión o involución política.

Ahora bien, a partir de las distorsiones, deformaciones y limitaciones que experimentan en distintos momentos de la historia política de las democracias liberales, podríamos sostener que las “democracia iliberales” han tenido una existencia y presencia recurrente en la historia de la democracia. tanto en nuestro país como de la región latinoamericana y el orbe global. Las democracias iliberales son parte del paisaje político democrático contemporáneo.

Por esa razón, consideramos que la actual discusión teórica y política sobre el carácter “iliberal” que estaría adoptando el régimen o del gobierno de Kast y de los republicanos es, bastante, vacua. Puesto, que al carecer de una perspectiva histórica-política, se parte del supuesto de que esa condición, sería toda una novedad política en la historia de la democracia nacional, y que el gobierno de la extrema derecha de Kast estaría tomando un rumbo semejante al seguido por la extrema derecha húngara y del expresidente Viktor Orbán (2010-2026).

En nuestra opinión, la posible instalación de la “democracia iliberal” en Chile no sería parte del ciclo de autocratización[iii] que se observa en las últimas décadas, donde actores políticos que acceden por vías democráticas al poder una vez en el ejercicio del gobierno, comienzan a restringir y socavar las normas democráticas, sin abolir formalmente las instituciones centrales de las democracias electorales de carácter liberales.

Si bien, entre los planteamientos políticos e ideológicos de las extrema derecha nacional con las extremas derechas internacionales son coincidentes: nacionalistas, conservadoras, autoritarias, antinmigración, homofóbicas y un largo etcétera; y comparten una acentuada concepción antidemocrática y liberal. Es decir, tienen una noción o una praxis política que se opone de manera selectiva a algunos de los requisitos procedimentales centrales de la democracia liberal, por ejemplo, restringen los derechos civiles y políticos de las ciudadanía, sin embargo, mantienen la realización de “elecciones” con el objeto de elegir a autoridades y representantes, las cuales se efectúan bajo serias restricciones a las condiciones institucionales y políticas que permiten calificarlas como elecciones “libres”.

Ahora bien, consideramos que cualquier régimen democrático que adquiera las formas institucionales “iliberales”, no podría ser calificado como tal; si ello ocurriera estaríamos ante una “involución” política, o sea, una regresión histórica política que abandona la condición democrática y liberal. Esa involución política-institucional puede generar un cambio en el régimen, en este caso, se combinan las instituciones, reglas y normas de la democracia liberal con las autoritarias, dando origen a regímenes políticos híbridos o mixtos como son las “democracia iliberales.

Cuando la involución política destruye totalmente la democracia liberal existente, como ocurrió en Chile en septiembre de 1973, se trata de un cambio “de” régimen político, sobre todo, de forma de Estado, constituyéndose en su lugar regímenes no democráticos, la mayoría de las veces, dictatoriales, autoritarios o totalitarios. La conformación de una “democracia iliberal”, por lo general, son cambios en el régimen como, por ejemplo, ocurrió con algunas transiciones, en los años ochenta del siglo XX, en países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras o en países de América del Sur donde destacan los casos de Chile y Paraguay. En estos países el cambio de régimen se efectuó manteniendo las institucionales, normas y reglas del régimen autoritario combinándolas con las democráticas.

El punto de partida institucional, en esos casos, fueron regímenes autoritarios-dictatoriales que mantuvieron sus estructuras de dominación. Instalándose un “régimen democrático” limitado que difícilmente podían ser calificados como liberales o poliarquías de acuerdo a la definición de democracia de Robert Dahl.

Ahora bien, una involución o regresión democrática se produce cuando se transita de un régimen democrático liberal a otro que restringe las condiciones y requisitos democráticos de manera absoluta y/o significativa. En ese caso se podría calificar al régimen como una “democracia iliberal” o un “régimen autoritario electoral”. Por consiguiente, la condición “iliberal” es una condición transitiva o intermedia entre un régimen democrático y otro autoritario. Pero, también, la profundización de su condición iliberal transformándose en un régimen autoritario como podría ser el caso chileno actual.

En efecto, que el régimen de democracia posautoritaria nacional transite hacia una “democracia iliberal” como temen algunos analistas con la aprobación de algunas normas de la ACOT y otras que se impulsen durante el gobierno de Kast es una posibilidad altamente probable.

Fundamentalmente, porque Kast y los Republicanos no sólo son la expresión de la extrema derecha actual sino, también, de las históricas tendencias autoritarias, antidemocráticas y antiliberales predominantes entre importantes segmentos de la sociedad nacional desde la instalación de la República, a comienzos del siglo XIX a la actualidad. Además, porque ellos han sido defensores a ultranza de la dictadura de Pinochet y de la “democracia protegida” planteada por Jaime Guzmán e incorporada en la Constitución Política de 1980.

Esa forma de democracia ha estado vigente en los últimos 36 años en el país. Por tanto, la democracia “iliberal” no será instalada por Kast, sino más bien, podría ser profundizada.

De manera que el temor y la preocupación política manifestadas por la intelectualidad orgánica de la clase política sobre la posible transformación de la democracia protegida posautoritaria en una “democracia iliberal” es exagerada y errada; fundamentalmente, porque parte de un supuesto falso o equivocado al considerar que el régimen político vigente desde 1990 a la fecha es, una democracia liberal plena. Omitiendo el hecho que el régimen político establecido en la Constitución Política de 1980 (CP80) es la “democracia protegida” una forma de “democracia iliberal”, avant la lettre, pensada y diseñada por Jaime Guzmán, 20 años antes (1977), que dicho concepto fuera incorporado al léxico de la ciencia política, en particular, y, de las ciencias sociales, en general, por Fareed Zakaria en 1997.

Jaime Guzmán, líder histórico del gremialismo, piensa no solo a la “democracia protegida” como forma política alternativa a la democracia liberal en el contexto de la “Guerra Fría” como parte de su particular lucha contra el comunismo nacional e internacional, si no, también, su pensamiento político profundamente autoritario y antiliberal es expresión de uno de los mayores conflictos históricos, políticos, sociales, ideológicos y culturales de larga duración presente en Chile como en América Latina y el Caribe.

Este conflicto político y cultural que confronta las tendencias y formas políticas autoritarias con las democráticas que ha tenido la capacidad de constituir y moldear tanto la cultura, la praxis como las mentalidades políticas profundas de los distintos actores y sujetos sociales latinoamericanos, especialmente, de la clase y elites dominantes a lo largo de su historia colonial como independiente.[iv]

En Chile ese conflicto ha ordenado, como veremos en este artículo, la construcción de las distintas formas del Estado como de los diversos regímenes políticos que se han establecidos en diferentes periodos de su historia política.

Como hemos demostrado y sostenido en diversos trabajos históricos, sociológicos y politológicos sobre la historia política de la democracia chilena desde el siglo XIX hasta el presente,[v] la tendencia política predominante en la sociedad nacional ha sido, la autoritaria. Mientras la democracia ha sido una tendencia que ha bregado por instalarse con múltiples y variadas dificultades y, sobre todo, cercada por poderosos límites y fronteras sociales, políticas e institucionales tales como el derecho de propiedad privada, por diversas formas de exclusión política de importantes sectores sociales, especialmente de los sectores subordinados, mujeres, pobladores, indígenas y campesinos, entre otros; además de múltiples y significativas restricciones a los derechos civiles y políticos como de las libertades formales de las ciudadanías.[vi]

La arraigada cultura y mentalidad autoritaria de las elites dominantes nacionales, formada en los largos y oscuros siglos coloniales, impulso, al momento de constituir el orden político tras la Independencia Nacional (1810), a expropiar de distintas formas el poder soberano popular, postergando de manera permanente la democracia, al momento de construir el Estado nacional desde 1830 a la actualidad.[vii]

Instalando a lo largo de los 216 años de vida independiente diversos regímenes autoritarios y limitadas formas de democracia política. Tan sólo en un corto lapso histórico, entre 1967 y 1973, en el pasado siglo, la democracia política logró su mayor plenitud. Es decir, a lo largo de 210 años de vida independiente y republicana la sociedad chilena ha tenido diferentes regímenes políticos autoritarios o semidemocráticos.

En efecto, la democracia representativa, supuestamente, de carácter liberal, en Chile, ha sido una ilusión política. Durante el siglo XIX, esta estuvo totalmente ausente y fue una quimera. Si bien, se establecieren algunas instituciones políticas electorales formales de la democracia liberal estas estuvieron controladas, de distintas formas, por las elites políticas dominantes. Dada esa condición se le nombró como una “democracia oligárquica”, ocultando con ello la condición no democrática de los regímenes políticos existentes en el siglo XIX, a saber, el autoritario conservador (1830-1861), al autoritario liberal (18611891), y el autoritario oligárquico parlamentario (1891-1925).[viii]

Las formas autoritarias y las limitaciones a la democracia liberal como al ejercicio del poder ciudadano soberano fueron mantenidas e incorporadas a la institucionalidad política, por parte de la clase dominante nacional, a lo largo del periodo que va entre 1932 y 1967.

A pesar del conflictivo proceso de democratización impulsado por los distintos sectores sociales y políticos excluidos del sistema político desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado, las tendencias autoritarias y antiliberales de las derechas ya sea conservadoras, liberales, nacionalistas, radicales u otras, lograron restringir y limitar al sistema político con la instalación de diferentes normas, reglas y dispositivos institucionales excluyentes, por ejemplo, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, en 1948. La existencia de estas normas y reglas de exclusión política no permitían calificar ni identificar al régimen político del periodo 1932 a 1967 como una democracia liberal.

Desde 1932 a 1973 el conflicto entre las tendencias autoritarias y las democráticas configuró el sistema político nacional. A lo largo de esas cuatro décadas es posible identificar y delimitar claramente cuatro regímenes políticos, a saber: el régimen semidemocrático excluyente, entre 1932-1948; el régimen autoritario electoral, entre 1948-1958; el régimen democrático excluyente, entre 1958-1967; y, la democracia liberal representativa plena, entre 1967-1973.[ix]

De estos cuatro regímenes solo uno de ellos puede ser considerado una poliarquía, en los términos de Robert Dahl, como lo he demostrado en el libro La frontera de la Democracia. Los otros tres, perfectamente, entran en el modelo analítico de Zakaria, o sea, serían alguna forma de “democracia iliberal”, puesto no califican como democracias liberales, por el cúmulo de restricciones que poseían. Esos regímenes políticos eran malas democracias políticas, pésimas democracias económicas y miserables democracias sociales.

A partir de esta breve revisión histórica de la democracia nos permite sostener que la democracia liberal ha sido un régimen exótico y excepcional cuya existencia se reduce un corto periodo temporal, de apenas seis, intensos y conflictivos, años entre 1967-1973, la cual fue destruida violentamente.

Lo habitual en Chile desde el siglo XIX son las formas políticos autoritarias electorales, o sea, las democracia iliberales.

EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y LA DEMOCRACIA PROTEGIDA (1990-2026)

El Golpe de Estado perpetrado por los Fuerzas Armadas nacionales el 11 septiembre de 1973 no solo provoco el derrocamiento del gobierno popular, revolucionario y socialista de Salvador Allende y de la Unidad Popular (19700-1973) sino, también, provoco la destrucción de la novel democracia liberal que había hecho posible dicho gobierno, en 1970.

El derrocamiento el gobierno  popular y la destrucción de la democracia liberal contó con el activo apoyo financiero y militar del gobierno estadounidense de Richard Nixón, del empresariado capitalista internacional como nacional, de los sectores medios como de significativas fracciones sociales de los sectores populares; pero, por sobre todo ello, expresó ampliamente, a nivel nacional, la fortaleza y el profundo arraigo que tenía entre los sujetos y actores sociales, la matriz, el sustrato y ethos político cultural autoritario, antidemocrático, antiliberal, clasista, nacionalista, racista, antipopular,  anticomunista y procapitalista.

Según los datos electorales obtenidos en la elección parlamentaria de marzo de 1973, el 55,49 % del electorado nacional rechazaba y era opositor al proceso político impulsado por la Unidad Popular de construcción del socialismo. Un porcentaje importante de ese electorado brindo apoyo social y político a la dictadura cívico-militar durante los 17 años de vigencia. A tal punto, que el 44,01% de las y los ciudadanos respaldaron al dictador Pinochet en el plebiscito sucesorio de 1988. Ello prueba la fuerza de la matriz autoritaria de la sociedad chilena.

Gracias a la alianza política entre el capital internacional y nacional y los apoyos políticos ciudadanos fue posible, sin mayores contrapesos, la instalación en el país de una criminal dictadura cívico-militar de larga duración. Entre 1973 y 1990, el país fue reorganizado integralmente bajo la matriz política autoritaria. Para tal efecto, el bloque dominante en el poder realizó e impulso una contrarrevolución capitalista conservadora-liberal.

Esta combino, por un lado, la larga tradición autoritaria nacional, remozada, por el pensamiento gremialista de Jaime Guzmán, que se expresó en la Constitución Política de 1980 y, especialmente, en la formulación de un nuevo tipo de régimen democrático: la democracia protegida.

La CP80, a su vez, institucionalizó un modelo de acumulación capitalista neoliberal de desarrollo donde se consagraba el libre mercado, la iniciativa privada por sobre la estatal, el carácter subsidiario del Estado, la defensa irrestricta del derecho de propiedad entre otros aspectos, que ponían en relieve la condición capitalista liberal (neoliberal) de la economía.

La revolución capitalista conservadora-neoliberal impulsada por la dictadura resultó ser una combinación virtuosa entre las formas modernas de la economía capitalista de fines del siglo XX, el neoliberalismo, y las formas políticas conservadoras y autoritarias, tradicionalmente, impulsadas por la clase dominante nacional.

La idea de que la democracia liberal era un mal régimen político, en la concepción de Jaime Guzmán y los gremialistas fue trasmitida a los autoritarios del régimen militar, y, los cuales la integraran a su acervo ideológico y político. En su opinión, de existir nuevamente en Chile la democracia liberal esta debía ser “protegida” de las fuerzas políticas que pudieran provocar su crisis. Esta debía ser una “democracia autoritaria” como lo había señalado y explicitado en más de una oportunidad el dictador. La CP80 expreso y constitucionalizo dicha forma de democracia-autoritaria que años más tarde Zakaria, nombró como “democracia iliberal”.

La “democracia protegida” diseñada por Jaime Guzmán, defendida por el movimiento gremialista como más tarde por los partidos de la derecha nacional: la Unión Demócrata Independiente, UDI y el partido Renovación Nacional, RN, constituye la negación y la limitación extrema de la democracia liberal. Tanto por su formulación teórica como por su praxis, la “democracia protegida” anticipa como hemos dicho a las “democracias iliberales».

Recordemos que la democracia protegida democracia poseía las siguientes características en la formulación originaria de Jaime Guzmán.[x]

1.- Es una democracia de “guerra” que difiere y se opone a la supuesta democracia liberal de la establecida en la Constitución de 1925.

2.- Tiene un profundo carácter doctrinario. Se define como antimarxista, antisocialista, anti totalitaria y defensora de la libertad, entendida básicamente como libertad económica. Está basada en una concepción militantemente conservadora, descrita como “nuestra concepción humanista de la vida, impregnada de sentido nacional y cristiano”. Consecuentemente, la CP80 contenía un artículo para combatir y castigar las personas y a toda organización, movimiento o partido “destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases”. El famoso artículo octavo, derogado en las negociaciones post plebiscito sucesorio en 1989.

3.- La democracia protegida rechaza el principio de la voluntad popular y de la mayoría, y los sustituye por el concepto de “voluntad nacional”, el cual reside sólo parcialmente en las y los ciudadanos y, básicamente, en las autoridades del Estado tanto elegidas como burocráticas. Es decir, los funcionarios superiores de las principales organizaciones jerárquicas y burocráticas del Estado: las fuerzas armadas y la Corte Suprema. Las principales instituciones –el derecho de propiedad ilimitado, el Estado subsidiario y otras-, deben ser substraídas a la voluntad política mayoritaria:” representación de una mayoría muchas veces accidental y efímera, expresión de una decisión muchas veces irracional o meramente emocional, que no siempre representa el verdadero sentir nacional”. Según la argumentación de Jaime Guzmán, estas instituciones corresponden al derecho natural creado por Dios. Asimismo, el “sufragio universal” no agota expresión de la voluntad nacional, pues la soberanía no se agota en el acto de sufragio, lo cual es contrario a la realidad de la vida humana, mucho más rica y compleja.

4.- Otro aspecto relevante de esta concepción considera la democracia sólo como un “medio y no fin en sí mismo”. La democracia es sólo un método político y no puede proyectarse a las instituciones burocráticas y jerárquicas de la sociedad: las empresas, las fuerzas armadas, las universidades, el poder judicial, etc. Estas ideas introducidas por Jaime Guzmán provienen de la filosofía política de Schumpeter, Popper y Friedrich Hayek.

5.- La democracia protegida es una democracia neoliberal, y éste es un aspecto central de su carácter doctrinario. El sistema democrático es un medio para el progreso económico: objetivo de la democracia. Consecuentemente, la CP80 protege, preferencialmente, el derecho de propiedad en todas sus formas y garantiza la libertad económica como libertad de mercado.

6.- La democracia protegida niega el principio liberal de la prescindencia política de las fuerzas armadas y las convierte en un actor político permanente, como un nuevo poder del Estado, el poder de seguridad.

7.- La democracia protegida convierte al Presidente de la República en un dictador legal, que reúne en sí las facultades propias del poder ejecutivo y gran medida el poder legislativo.

8.- La democracia protegida fue definida por el dictador como “democracia autoritaria”. Esta inédita combinación no fue explicada suficientemente, aunque sí su antónimo la “democracia parlamentaria” o “liberal”. Para todo el pensamiento político moderno, desde Thomas Hobbes, incluyendo a Friedrich Hayek, la democracia se opone al autoritarismo. Una “democracia autoritaria” no podría ser sino un régimen autoritario que emplea el mecanismo electoral para elegir un gobernante autoritario. O sea, una democracia iliberal.

9.- La democracia protegida contiene una concepción insuficiente, unilateral y neoliberal de los derechos humanos.

Este tipo régimen democrático fue establecido en la CP80 aunque fue negociado entre los sectores democráticos y autoritarios y reformado luego del Plebiscito sucesorio de 1988, Sin embargo, y a pesar del triunfo electoral de los primeros, los autoritarios, mantuvieron en la CP80 un conjunto de cerrojos y candados que protegían y hacían posible la continuidad de la “revolución capitalista conservadora-neoliberal”.

Los partidos políticos que asumieron el poder en 1990 (La Concertación)) aceptaron, acataron y legitimaron la CP80, viabilizando la “democracia protegida”. Manteniendo por largos años, las reglas y normas que limitaban la competencia política electoral como la representación ciudadana. Las limitaciones  diseñado, con el objeto de impedir la representación de los partidos de la izquierda, y un conjunto de instituciones, los denominados “enclaves autoritarios” que hacían de la democracia posautoritaria una democracia semisoberana o una democracia incompleta o simplemente, una mala democracia o, en palabras actuales, una democracia iliberal.

Este regimen político ha tenido una vigencia de 36 años durante los cuales ha sido gobernado por presidentes con, unos más otros menos, credenciales democráticas. Pero, ninguno de ellos, busco incorporar o agregar alguna norma o regla que incrementara la condición de democracia protegida o iliberal del regimen político. Todo lo contrario, algunos buscaron con distinta suerte eliminar los distintos “enclaves autoritarios” que sostienen al regimen. Pero esa búsqueda, estuvo siempre acompañada por disposiciones institucionales que reforzaban los dispersivos represivos del Estado, especialmente, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera como e gobierno de Gabriel Boric, que restringían y criminalizaban la protesta y la movilización social.

Por tanto, la “democracia protegida” o iliberal no ha sido superada, debido a que la CP80 aún se mantiene vigente. A pesar de los dos procesos constituyentes que buscaron superarla, ambos fracasaron. Tanto la propuesta de las y los ciudadanos convencionalistas progresistas, fue derrotada con el 62% del electorado nacional, el 4 de septiembre de 2022 como la propuesta del consejo constitucional de orientación de extrema derecha, que fue derrotada con el 56,4&% de los votos.

De manera que ni la propuesta de democracia liberal o social avanzada, aspiración y ambición política de los sectores prodemocráticos que apoyaron el proyecto de la convención constitucional; fue posible; pero, tampoco, el fortalecimiento de la “democracia protegida” propuesta por los sectores autoritarios que redactaron el proyecto del Consejo Constitucional.

Cabe señalar que ambas instancias constituyentes siguieron la larga y duradera tradición política nacional antidemocráticas, ambas restringieron y limitaron l ejercicio de la soberanía popular. Los poderes constituidos, ejecutivo y parlamentario, impidieron y rechazaron a través del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, convocar a una Asamblea Constituyente como era la demanda articulada y manifestada por amplios sectores de la ciudadanía movilizada durante la revuelta social de octubre de 2019. El Acuerdo desvió y, sobre todo, encerró parcialmente la potencia democrática y revolucionaria del poder popular soberano y ciudadano destituyente en su institucionalización política en el orden neoliberal. Bloqueando, de forma, el ejercicio directo del poder popular, autónomo y democrático.[xi]

La ciudadanía nacional, especialmente, la neoliberal, mayoritariamente, optó por mantener vigente la CP80 con ello al regimen político de democracia protegida o limitada, en otros términos, mantener la condición de “democracia iliberal”.

En una nueva coyuntura constitucional que confrontó a las tendencias autoritarias con las democráticas, volvió, contradictoriamente, a triunfar, una vez más, la matriz autoritaria. El triunfo de esta tendencia fue corroborada en las elecciones presidenciales de diciembre de 2025 al ser electo el candidato de la extrema derecha y del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el 58%, de los sufragios, corroborando la historia tradición política antiliberal, Iliberal, nacional.

Si bien, la democracia protegida, por cierto, entre los años 2019 y 2023, sufrió algunos cambios institucionales importantes. Entre ellos, tal vez, el más significativo fue la eliminación de los quórums supramayoritarios de las Leyes Orgánicas Constitucionales mediante la promulgación de la Ley 21.535. Se paso de la exigencia de 4/7 de las y los parlamentarios en ejercicio a la mayoría de absoluta de estos. Con ello se buscaba flexibilizar el cambio constitucional, sustrayéndolo de la iniciativa ciudadana y popular. Se levantaba así uno de los candados que protegieron al regimen político durante tres décadas. Sin embargo, la existencia de otras normas y reglas que rigen, por ejemplo, las relaciones laborales y los derechos sindicales de las y los trabajadores, o del conjunto de leyes represivas, como la Ley de barricadas o la Ley anti-tomas, la ocupación militar de Wallmapu, entre otras; corroboran la condición iliberal del actual regimen político, social y económico.

El arribo al gobierno de José Antonio Kast y de los Republicanos ha abierto una inmejorable estructura política de oportunidades para que ellos puedan impulsar su proyecto político institucional de fortalecimiento de la actual democracia iliberal y no la instalación de ella. A lo largo de este artículo he buscado demostrar que  la condición “iliberal” de los regímenes políticos nacionales ha sido una constante histórica  por esa razón, el gobierno de Kast podrá avanzar en su fortalecimiento o transformarlo en un regimen autoritario electoral pleno; pero, difícilmente, transitar a una democracia liberal plena.

Aunque esa es una tarea pendiente desde hace 210 años, cabría señalar que al interior de las corrientes democráticas desplegadas a lo largo del tiempo han sido de distinto colores y forma, aunque, el elemento central de ellas es el rechazo a todo tipo de autoritarismo.

Juan Carlos Gómez Leyton

Posdoctor en Estudios Latinoamericanos

Dr. en Ciencias Sociales y Política

Director Académico CIPPSAL

San Joaquín, 10 septiembre 2025

®JCGL/jcgl

[i] Ver la carta de Fontaine y Couso, las columnas de Carlos Peña, A. Joignant, Sergio Muñoz, entre otros.

[ii] Fareed Zakaria, “El auge de la democracia iliberal”, Foreign Affairs 76 (noviembre-diciembre de 1997): págs. 22-43.

[iii] Sobre este proceso es útil consultar: S. Haggard. Y R Kaufman, Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Cambridge University Press. 2021; S. Levitsky, y D. Ziblatt, D.  Cómo mueren las democracias. Ariel. 2018

[iv] He analizado este conflicto en uno de mis trabajos de posdoctoral:  Democracia v/s Autoritarismo en la política latinoamericana: un viejo dilema político muy actual. Una versión de él fue publicada en la Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, vol.7, N.º 1/ 2013. págs. 70-107

[v] Juan Carlos Gómez Leyton: La Frontera de la Democracia. LOM Ediciones, 2004

Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010, T.1 Escaparate/CIPPSAL, 2024. Este libro tiene una primera edición en 2010 (CLACSO/UARCIS)

[vi] Sobre este tema es útil consultar para el siglo XIX el libro de Felipe Portales, Los mitos de la democracia, Ed, Catalonia, 2004; para el siglo XX nuestro libro La Frontera de la Democracia, Lom Ediciones, 2004, y para el siglo XXI, a Felipe Postales, Chile, una Democracia Tutelada, Ed. Sudamericana, 2000; Carlos Hunneus, La Democracia Semisoberana, Chile después de Pinochet, Taurus, 2014: Manuel Antonio Garreton, Incomplete Democracy. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003, y los diversos ensayos sobre la democracia protegida en mis libros antes citados

[vii] Juan Carlos Gómez Leyton: “El Orden Político posindependencia: la postergación de la democracia” en La Sociedad Neoliberal en los tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018. T.II, Ed, Escaparate/CIPPSAL, 2024, págs. 31-52.

Gabriel Salazar Vergara, Expoliación política de la ciudadanía en Chile, Ed. Debate, 2025.

[viii] Véase mi artículo: “La democracia en la historia política de Chile. Una revisión crítica” en Política, Democracia, ob. cit. págs. 45-63, especialmente, consultar el cuadro de las Formas de Estado y regímenes políticos, 1830-2010.

[ix] Para una caracterización y descripción de estos regímenes ver La Frontera de la Democracia, ob. cit, págs. 15-200.

[x]  Ver a Jorge Vergara Estevez: La “democracia protegida” en Chile” en Revista de Sociologia 21/ 2007, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, págs. 45-52.

[xi] Juan Carlos Gómez Leyton y otros. ¿Qué pasó con la revuelta Popular de Octubre de 2019? De la Insurrección al encierro electoral. Ediciones Escaparate/CIPPSAL, 2021