La detención arbitraria cruza las fronteras

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El balance presentado ante el Consejo de Derechos Humanos revela una paradoja: nunca se habían liberado tantas personas gracias a las intervenciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, pero tampoco habían proliferado con tanta rapidez las formas transnacionales de persecución. El exilio ya no garantiza la seguridad. A menudo, apenas desplaza el lugar de la amenaza.

La detención arbitraria es una violación silenciosa. No necesita explosiones ni titulares. Basta una puerta que se cierra y una persona que desaparece de su trabajo, de su familia y de la vida pública. En 2025, sin embargo, 115 de esas puertas volvieron a abrirse. Según el informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, otras tantas personas fueron liberadas tras sus intervenciones y acciones de seguimiento: la cifra más elevada registrada en un solo período, un aumento aproximado del 156% respecto del año anterior.

La progresión parece significativa: 16 liberaciones en 2021, 23 en 2022, 38 en 2023, 45 en 2024 y 115 en 2025. Pero detrás de la estadística hay algo más elemental: 115 personas que regresaron a sus hogares. Esa es la medida real de un mandato que, con demasiada frecuencia, queda sepultado bajo procedimientos, expedientes y comunicaciones diplomáticas.

Durante el mismo período, el Grupo de Trabajo adoptó 78 opiniones relativas a 210 personas en 38 países. Entre ellas había 28 mujeres y cuatro niños. Emitió además 23 llamamientos urgentes y transmitió 148 cartas de alegaciones, mecanismos destinados a intervenir allí donde los plazos de la burocracia pueden convertirse en una forma adicional de violencia.

Una comunicación no constituye una sentencia. Es una pregunta dirigida a un Estado; una oportunidad para aportar información, corregir errores o demostrar que la privación de libertad no fue arbitraria. Algunos Gobiernos respondieron y cooperaron. Pero el balance general resulta menos tranquilizador: apenas el 46% de los Estados respondió dentro del plazo en los casos en que se adoptó una opinión. La información sobre el seguimiento llegó solamente en el 26% de los casos. Desde las fuentes no estatales, en cambio, se recibió información en aproximadamente el 85% de las situaciones.

El silencio oficial no equivale a una absolución. Cuando un Gobierno no responde, las alegaciones creíbles permanecen sin refutación y el Grupo de Trabajo decide sobre esa base. La cooperación estatal no es una cortesía administrativa: constituye una condición de credibilidad para todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

La represión se vuelve transnacional

El eje temático del informe de 2025 es la relación entre detención arbitraria y represión transnacional. El diagnóstico es contundente: la persecución política ha aprendido a desplazarse. Para quienes huyen de ella, el exilio ya no siempre representa una salida. Puede ser apenas un cambio de domicilio.

El informe distingue tres modalidades. La primera es física: secuestros, entregas extraordinarias y devoluciones forzadas ejecutadas sin que un juez examine realmente el expediente. La segunda es jurídica, y parece ser la de expansión más rápida: procesos en ausencia, solicitudes de extradición, notificaciones rojas de INTERPOL utilizadas como instrumentos de persecución, privación de nacionalidad y criminalización de actividades pacíficas realizadas legalmente en el extranjero.

La tercera modalidad es digital. Programas espía, intrusiones informáticas y campañas coordinadas de hostigamiento permiten vigilar, intimidar y aislar a opositores más allá de las fronteras. La inteligencia artificial puede amplificar estas prácticas mediante campañas de desinformación, suplantaciones y acoso automatizado.

A estas formas de persecución se suma otra, más antigua y brutal: cuando un Estado no puede alcanzar al crítico que se encuentra en el extranjero, alcanza a su familia. Arresta a sus padres, hermanos, pareja o hijos por aquello que alguien dijo o hizo fuera del país. Esos familiares se convierten en rehenes. La responsabilidad penal individual queda así sustituida por una lógica de castigo colectivo incompatible con cualquier concepción mínima del Estado de derecho.

La cooperación judicial internacional es indispensable. Sin ella, numerosos delitos quedarían impunes y las fronteras se transformarían en refugios para quienes disponen de recursos. Pero precisamente por eso no puede ser utilizada para fines ajenos a la justicia. La extradición debe perseguir a un sospechoso, no recuperar a un disidente. Cuando se emplea para silenciar a un crítico, deja de ser una herramienta judicial y se convierte en un mecanismo de represión. El Estado que la ejecuta ya no coopera con la justicia: participa en la arbitrariedad.

De ahí la necesidad de controles estrictos: supervisión judicial auténtica, audiencias públicas, garantías procesales completas, recursos efectivos para impugnar la solicitud antes de su ejecución, respeto incondicional del principio de no devolución y una revisión rigurosa de las notificaciones rojas. Nadie debería perder su libertad por una conducta que no constituye verdaderamente un delito, ni en su país ni a diez mil kilómetros de distancia.

Australia: instituciones sólidas, fracturas persistentes

En diciembre de 2025, el Grupo de Trabajo visitó Australia. La misión reconoció la apertura y la actitud constructiva del Gobierno, así como algunas fortalezas del sistema: salvaguardias claras durante la custodia policial, control judicial de las prórrogas de detención, acceso a la asistencia letrada, líneas telefónicas de apoyo jurídico para los pueblos aborígenes en la mayoría de las jurisdicciones y diversas iniciativas de justicia comunitaria.

También destacó los tribunales especializados en materia de justicia indígena, experiencias que podrían desarrollarse mediante regulación adecuada, financiación estable y una colaboración más estrecha con las comunidades.

Pero el informe dibuja, al mismo tiempo, un panorama marcado por contradicciones profundas. Australia carece todavía de una ley federal de derechos humanos que establezca un umbral común de protección. Sin ese suelo jurídico nacional, la defensa de las libertades depende en exceso de la jurisdicción, de la legislación aplicable y de la voluntad de las instituciones.

La detención preventiva aumenta al tiempo que se endurecen las normas sobre libertad bajo fianza. En demasiados casos, las personas permanecen detenidas no porque representen un peligro concreto, sino porque son pobres, carecen de vivienda o atraviesan problemas de salud mental. La presunción de inocencia se transforma entonces en una ficción reservada a quienes pueden pagar una defensa, una fianza o un domicilio estable.

Las condiciones de reclusión agravan el problema: hacinamiento, confinamientos prolongados, atención insuficiente en salud mental y períodos extensos de aislamiento. A ello se suma la persistente y desproporcionada presencia de los pueblos de las Primeras Naciones en las cárceles. Aunque el país se comprometió, mediante el Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha, a reducir esa desigualdad, la tendencia continúa siendo ascendente. Las tasas de encarcelamiento de mujeres y niños indígenas resultan especialmente alarmantes.

En materia de justicia juvenil, el Grupo de Trabajo insiste en elevar al menos a catorce años la edad mínima de responsabilidad penal y en convertir la detención de menores en una medida verdaderamente excepcional. Ningún niño debería ser recluido en una prisión para adultos ni sometido a aislamiento.

La política migratoria constituye otro punto crítico. La detención obligatoria y con frecuencia prolongada de migrantes —en el mar, en territorio australiano o en terceros países— difícilmente puede conciliarse con los principios de evaluación individual, necesidad, proporcionalidad y último recurso. La privación de libertad aplicada como respuesta automática a una situación migratoria convierte una medida excepcional en una práctica de gobierno.

Cuando la libertad se convierte en promesa

El Grupo de Trabajo enfrenta una dificultad que no es nueva, pero que se vuelve más grave: su carga de trabajo crece mientras sus recursos permanecen estancados. Aparecen nuevas formas de detención, nuevas tecnologías de vigilancia y nuevas modalidades de persecución transfronteriza. Un mandato que no puede responder a tiempo corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida.

La libertad es la primera de las libertades. Una vez retirada, los demás derechos dejan de ser garantías concretas y se convierten en declaraciones abstractas. Sin libertad personal no hay defensa efectiva, participación política ni vida familiar protegida.

La represión ha cruzado las fronteras. La protección de los derechos humanos deberá hacer lo mismo.