El 9,5 % de desempleo no es el centro del problema

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La última cifra sobre desempleo dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sitúa este indicador en un 9,5 %, lo cual ha causado cierta alarma en los círculos cercanos al Gobierno. Desde allí se ha anunciado que próximamente propondrán un paquete de medidas tendientes a abordar el problema.

Sin embargo, lo que realmente importa no es solo este 9,5 % de desempleo, sino el conjunto de la crisis y la precariedad que aqueja al mercado laboral.

El 9,5 % de la fuerza de trabajo en situación de desempleo equivale a cerca de 981 mil personas —casi un millón—. Son quienes no tienen trabajo, pero lo buscan activamente. A esta cifra se suma otra de magnitud similar – 949 mil personas – clasificadas como «inactivos potencialmente activos». Tampoco tienen empleo, pero no lo estuvieron buscando durante la semana en que se aplicó la encuesta.

Lo más probable es que en este último grupo se encuentren miles de trabajadores que se cansaron de buscar empleo sin éxito tras diez meses o un año, convenciéndose de que no lo hallarán a menos que cambien de forma sustantiva las condiciones del mercado laboral. Se trata, por lo general, de personas mayores de 50 años o de jóvenes sin experiencia que exhibir.

Pero, además de estos casi dos millones de personas sin ocupación, existen 2,5 millones que se desempeñan en el sector informal de la economía. Este sector se caracteriza por su baja productividad, ingresos de alta variabilidad y nula cotización previsional. Estadísticamente, los trabajadores informales figuran dentro de la categoría de personas con empleo —no se consideran desempleados—, aun cuando su situación real resulte bastante similar a la de estos últimos. Todo aquel que trabaje al menos una hora a la semana, en lo que sea y como sea, es contabilizado como ocupado.

Por todo lo anterior, entre desempleados, inactivos potencialmente activos, informales y subempleados —sectores que comparten múltiples vasos comunicantes e intercambio de posiciones— suman más de 4 millones de compatriotas en condiciones laborales muy precarias, inciertas, inestables, de baja productividad y mal remuneradas. Este es el verdadero problema que se debe resolver.

Esta situación no se solucionará únicamente mediante el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. Al ser un problema estructural, masivo y de largo plazo, exige para su solución de políticas públicas expresas, permanentes y transversales. Del mismo modo, requiere transformaciones sustantivas en el aparato del Estado, de manera que la responsabilidad sobre el empleo no quede en un limbo de actores indeterminados, sino a cargo de instancias e instituciones que asuman esta tarea como su función principal.

Entre estas últimas medidas de carácter institucional podemos considerar las siguientes:

1. Ampliar el mandato del Banco Central: Otorgar al instituto emisor la tarea permanente de velar por el empleo al mismo nivel que la lucha contra la inflación. No es sostenible mantener un Banco Central que ejecute sus políticas sin considerar su impacto en el empleo. Si bien esta medida exige reformas legales de fondo, es una discusión necesaria que debe impulsarse.
2. Coordinación institucional unificada: Se requiere que un organismo público asuma la entera coordinación sobre todas las políticas vinculadas al empleo, evitando que sea una labor dispersa que resulte «de todos y de nadie». Esta responsabilidad podría recaer en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social o en un ministro articulador enfocado en esta misión.
3. Evaluación de impacto laboral: Disponer que el Congreso, de la misma manera que elabora un informe financiero para cada proyecto de ley, redacte un informe sobre su impacto en el empleo. Asimismo, ministerios como Obras Públicas o Vivienda deberían incorporar y priorizar la «absorción de mano de obra local» como una variable de alta ponderación en la evaluación y selección de proyectos.

Las medidas transitorias y de emergencia —como subsidiar la contratación de mano de obra o incrementar el gasto en obra pública— son iniciativas positivas que pueden dar empleo a unas 20 mil o 30 mil personas según las estimaciones más optimistas. Sin embargo, no solucionan el problema de fondo que afecta a millones de familias. El objetivo central no debe ser simplemente reducir la tasa de desempleo del 9,5 % al 9,0 % y después celebrar y sacarse las fotos correspondientes, sino abordar de manera integral la precariedad y la crisis que atraviesa el mundo laboral del país.

Sergio Arancibia