Escudo de las Américas: las preguntas que el Gobierno todavía no responde

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A tres días de que José Antonio Kast anunciara la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, las explicaciones del Gobierno no han conseguido cerrar la controversia. Por el contrario, la publicación de documentos oficiales estadounidenses, las declaraciones de Marco Rubio, las revelaciones de excancilleres chilenos y las diferentes versiones entregadas desde La Moneda han abierto nuevas preguntas sobre el alcance real de la decisión.

El Presidente ha intentado concentrar la discusión en dos afirmaciones: el Escudo no es un tratado y Chile no ha autorizado ninguna intervención militar estadounidense en su territorio.

Ambas pueden ser ciertas.

Pero ninguna responde al conjunto de interrogantes que hoy existen.

Porque el documento publicado por el Departamento de Estado al que Chile adhirió no se limita a policías, inteligencia y fronteras. Establece tres pilares: seguridad, economía y coordinación multilateral. Incluye revisión de inversiones, minerales críticos, proveedores confiables de infraestructura digital y coordinación de posiciones en organismos internacionales. También propone recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para abordar colectivamente a organizaciones consideradas narcoterroristas.

El propio Marco Rubio explicó que la iniciativa no se refiere solamente al crimen transnacional y habló de coordinación económica y diplomática.

Entonces el problema ya no consiste en responder únicamente si llegarán soldados estadounidenses a Chile.

La pregunta es mucho más elemental:

¿Qué acaba de comprometer exactamente el Gobierno chileno?

Las respuestas de Kast

Kast ha negado que Estados Unidos haya presionado a Chile.

“La única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado”, declaró.

También descartó contradicciones respecto de China y sostuvo que el Gobierno mantiene una sola línea: “el combate sin cuartel al crimen organizado”.

El problema es que el documento suscrito por Chile habla de bastante más que crimen organizado.

Si contempla inversiones extranjeras, cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura digital y coordinación diplomática, explicar la adhesión exclusivamente mediante la lucha contra los carteles resulta insuficiente.

Y las dudas ya no proceden solamente de la oposición.

“Estados Unidos estaba presionando”

El excanciller Mariano Fernández reveló que el 15 de septiembre Francisco Pérez Mackenna reunió al consejo de exministros de Relaciones Exteriores para conocer su opinión sobre una eventual incorporación.

Varios manifestaron reparos.

Según Fernández, el canciller les transmitió que para Chile sería difícil restarse y explicó que Estados Unidos estaba ejerciendo presión para conseguir la adhesión.

La afirmación es relevante porque contradice, al menos aparentemente, la versión posterior de Kast de que no existió presión estadounidense.

Eso no demuestra que Washington haya obligado a Chile a ingresar.

Pero deja una pregunta que solo el Gobierno puede despejar:

¿hubo o no presiones de Estados Unidos?

Si Fernández reprodujo incorrectamente las palabras del canciller, Pérez Mackenna puede aclararlo.

Si las reprodujo correctamente, Kast debe explicar qué entiende por ausencia de presión.

¿Cuándo se tomó realmente la decisión?

Existe una segunda contradicción.

Después del anuncio, integrantes de la comitiva presidencial aseguraron que la decisión de incorporarse al Escudo había sido adoptada antes del viaje a Nueva York.

Pero hasta prácticamente el momento de la adhesión las declaraciones públicas transmitían otra impresión.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señalaba que probablemente existiría una posición oficial durante los próximos días.

Defensa diferenciaba entre distintas iniciativas estadounidenses y Fernando Barros explicaba que la cuestión estaba siendo estudiada.

Kast había señalado anteriormente que Chile continuaba como observador.

Si la decisión ya estaba adoptada, ¿por qué el Gobierno continuaba presentándola públicamente como una materia en evaluación?

No es una cuestión menor.

Permitiría saber si estamos frente a una decisión largamente estudiada por las distintas carteras involucradas o ante una determinación adoptada en un círculo reducido y comunicada posteriormente al resto del Gobierno.

Chile actuaba antes de ingresar

Ahora apareció otro antecedente.

La Tercera reveló que Chile había adherido durante mayo y junio a declaraciones políticas del Escudo relacionadas con la situación interna de Bolivia, pese a que formalmente todavía se presentaba como observador de la iniciativa.

Cancillería explica que Chile suscribió esos pronunciamientos porque coincidían con la posición nacional respecto de Bolivia.

La explicación puede ser válida.

Pero nuevamente aparece una pregunta:

¿qué significaba exactamente que Chile fuera observador si ya participaba de declaraciones políticas conjuntas del grupo?

El antecedente también demuestra que la coordinación multilateral prevista por el Escudo no es solamente una posibilidad futura.

Ya había comenzado.

Una explicación chilena y otra estadounidense

José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA y dos veces canciller, identificó precisamente esta diferencia.

A su juicio, “la interpretación que hace el Departamento de Estado es mucho más amplia que lo que dice el canciller”.

Insulza pone especial atención en el TIAR y cuestiona que un tratado concebido para la defensa colectiva entre Estados sea utilizado para enfrentar actividades delictivas. También reconoce que el Escudo no es un tratado y que su adhesión, por sí sola, no permite movilizar fuerzas militares.

La precisión es importante porque permite separar dos discusiones que el debate político está confundiendo.

Chile no ha autorizado una intervención militar estadounidense.

Pero el Escudo sí tiene alcances económicos, diplomáticos y de seguridad hemisférica que van más allá de la cooperación policial.

Las dos cosas pueden ser simultáneamente ciertas.

¿Quién discutió la dimensión económica?

Aquí existe otra zona sin explicación suficiente.

La declaración conjunta propone explorar mecanismos de revisión de inversiones extranjeras.

Habla de asegurar cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables.

Y promueve regulaciones para proveedores confiables de infraestructura digital.

Para Chile esas cuestiones afectan áreas estratégicas: cobre, litio, telecomunicaciones, infraestructura digital e inversión extranjera.

¿Participaron Hacienda, Economía y Minería en la evaluación previa?

¿Se analizó el posible impacto sobre las relaciones comerciales con China?

¿Qué entiende Chile por “proveedor confiable”?

¿Qué inversiones podrían quedar sujetas en el futuro a mecanismos especiales de revisión?

Kast sostiene que no existe contradicción con China. Esa es la posición presidencial.

Pero para evaluar esa afirmación hace falta conocer cómo piensa implementar Chile los compromisos económicos que acaba de suscribir.

¿Y qué significa coordinar posiciones internacionales?

Hay una cuestión todavía menos discutida.

La declaración establece que los integrantes profundizarán la consulta y coordinación de posiciones comunes en foros regionales y multilaterales.

Rubio ha explicado que uno de los objetivos consiste precisamente en aumentar la capacidad de estos gobiernos para actuar conjuntamente en el escenario internacional.

¿Hasta dónde?

La coordinación puede limitarse a materias relacionadas con crimen organizado.

Pero también podría extenderse a otras cuestiones de política exterior.

Chile necesita saber cuál es la interpretación de su Gobierno.

No porque coordinarse con otros países constituya por sí mismo una renuncia a la soberanía. Chile participa permanentemente en mecanismos multilaterales.

La diferencia está en conocer qué posiciones se compromete a coordinar y qué autonomía conserva cuando los intereses de Washington y Santiago no coincidan.

El TIAR

La primera iniciativa multilateral anunciada por el Escudo tampoco es secundaria.

Los participantes pretenden convocar al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para discutir acciones colectivas frente a organizaciones consideradas narcoterroristas.

No significa automáticamente acciones militares.

Pero el TIAR pertenece al sistema interamericano de defensa colectiva.

Por eso resulta insuficiente responder a las dudas diciendo simplemente que el Escudo no permite tropas estadounidenses en Chile.

La pregunta relevante es por qué se pretende trasladar el combate contra organizaciones criminales desde los mecanismos tradicionales de cooperación policial y judicial hacia una institución concebida históricamente para la seguridad hemisférica.

Insulza ya ha planteado públicamente esa interrogante.

El Gobierno todavía debe desarrollar su respuesta.

Incluso la lista de organizaciones genera dudas

Las diferencias alcanzan ahora cuestiones operativas.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que organizaciones como Los Tiguerones y Comando Vermelho tendrían presencia o actividades incipientes en Chile.

El Ministerio Público, en cambio, ha señalado que no registra operaciones directas de esas organizaciones en el país y distingue contactos individuales o comerciales de una instalación propiamente tal.

Nuevamente aparecen dos versiones dentro del Estado.

Si Chile adoptará sanciones y otras medidas contra 24 organizaciones identificadas colectivamente por el Escudo, resulta razonable conocer qué antecedentes propios utilizó el Gobierno para aceptar esa lista y qué efectos jurídicos tendrá en Chile.

La interpelación que ahora adquiere otra dimensión

El próximo lunes Francisco Pérez Mackenna deberá concurrir a la Cámara de Diputados para una interpelación que originalmente estaba marcada por otras controversias de política exterior.

El Escudo ha cambiado el escenario.

Incluso el excanciller Juan Gabriel Valdés, que anteriormente había cuestionado la conveniencia de interpelar al ministro, sostiene ahora que el Congreso debe actuar y que el interrogatorio “adquiere sentido”.

Pérez Mackenna tendrá entonces una oportunidad para ordenar las distintas versiones.

Puede explicar cuándo se decidió la adhesión.

Puede aclarar si existieron presiones estadounidenses.

Puede precisar qué ministerios participaron.

Puede explicar el alcance económico.

Puede establecer qué significa la coordinación multilateral.

Puede precisar la posición chilena respecto del TIAR.

Y puede explicar qué compromisos adquirió Chile antes de convertirse formalmente en miembro.

¿No sabe o no quiere explicar?

Sería irresponsable afirmar que el Gobierno está ocultando deliberadamente información sin pruebas que permitan demostrarlo.

Pero tampoco corresponde ignorar una evidencia cada vez más clara: las explicaciones entregadas hasta ahora no cubren todos los alcances que aparecen en los documentos que el propio Chile suscribió.

Quizás el Gobierno conoce perfectamente esos alcances y ha optado por explicar primero aquello que considera políticamente más urgente: cooperación policial y ausencia de intervención militar.

Quizás dentro del Ejecutivo todavía existen interpretaciones distintas sobre el significado práctico de algunos compromisos.

Precisamente por eso las respuestas son necesarias.

Porque estamos hablando de crimen organizado, pero también de inversiones, minerales críticos, infraestructura digital, coordinación diplomática y seguridad hemisférica.

No son asuntos menores ni técnicos.

Son política exterior.

Y una política exterior de Estado exige algo más que tranquilizar a la ciudadanía asegurando que no llegarán tropas extranjeras.

Exige explicar qué comprometió Chile, por qué lo hizo y cuáles son los límites que está dispuesto a establecer.

Tres días después de la adhesión al Escudo de las Américas, esas respuestas todavía están incompletas.

Simón del Valle