Sáhara Occidental denuncia ante la ONU: represión, hambre y el silencio cómplice del mundo

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En la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la cuestión saharaui volvió a revelar una misma realidad bajo dos formas: la represión sistemática de los defensores de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado y el deterioro de las condiciones de vida de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf. Mientras la ocupación se normaliza diplomática y económicamente, la ayuda humanitaria disminuye y el derecho a la libre determinación pierde espacio en la agenda internacional.

En la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra entre septiembre y octubre de 2026, la cuestión saharaui volvió a aparecer bajo una doble forma: la represión cotidiana en el territorio ocupado y la precarización creciente de la vida en los campamentos de refugiados cercanos a Tinduf.

Dos realidades que suelen presentarse separadas —la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y la reducción de la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis— forman, en realidad, parte de una misma estructura política: la prolongación indefinida de un conflicto sin solución, la normalización de la ocupación y la progresiva fatiga de la comunidad internacional.

En el territorio ocupado, defender los derechos humanos continúa siendo una actividad de riesgo. La vigilancia de los militantes saharauis, las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, las detenciones, las represalias y la prohibición de acceso a periodistas, observadores y organizaciones independientes han convertido el territorio en una zona casi cerrada a la mirada exterior.

La intervención de la defensora saharaui Ghalia Djimi, superviviente de desaparición forzada, puso palabras a esta realidad:

“La vigilancia de los defensores que apoyan el derecho a la libre determinación, su silenciamiento y castigo, la denegación de acceso al territorio a quienes deberían dar testimonio de su situación, la restricción de las libertades fundamentales, la impunidad y la falta de devolución de los restos de quienes murieron entre los desaparecidos profundizan el sufrimiento del pueblo saharaui.”

La enumeración no describe una serie de abusos aislados. Describe un sistema. La persecución de los defensores, el cierre del territorio y la impunidad se refuerzan mutuamente: quienes denuncian las violaciones son castigados; quienes podrían verificarlas no pueden entrar; y, sin observadores independientes, las autoridades responsables pueden negar los hechos o presentarlos como simples incidentes de orden público.

El problema no es únicamente el de las víctimas individuales. Es también el de la capacidad del sistema internacional para observar, investigar y proteger. Como se señaló ante el Consejo:

“No se trata simplemente de casos individuales, sino de la capacidad del sistema internacional de protección de los derechos humanos para funcionar en un lugar donde la supervisión independiente es sistemáticamente obstaculizada.”

Desde hace años, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no puede ejercer una presencia regular e independiente en el territorio. Esta ausencia no es un detalle administrativo. Allí donde no hay observación internacional, la violencia puede permanecer fuera de los informes, las represalias pueden presentarse como procedimientos judiciales y la impunidad puede adquirir la apariencia de normalidad.

El testimonio de Djimi revela, además, la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y su aplicación efectiva. La activista recordó que, pese a haber obtenido dos sentencias favorables de los tribunales administrativos marroquíes, una en primera instancia y otra en apelación, continúa privada del suministro eléctrico:

“He sido privada durante años de un derecho básico —la electricidad— pese a haber obtenido dos sentencias favorables de los tribunales administrativos marroquíes, que siguen sin ejecutarse en 2026.”

La falta de ejecución de una sentencia judicial muestra los límites de una legalidad que puede reconocer un derecho sobre el papel y negarlo en la práctica. La justicia deja entonces de ser un mecanismo de reparación para convertirse en una promesa sin consecuencias.

Las denuncias relativas al abogado Mhamed Hali, así como la situación de los defensores encarcelados en relación con los acontecimientos de Gdeim Izik, confirman la continuidad de esta política de presión. El objetivo no parece limitarse a castigar a determinadas personas, sino a desarticular las redes capaces de documentar la represión, transmitirla al exterior y mantener viva la reivindicación de la libre determinación.

“Un territorio no puede volverse invisible simplemente porque el acceso a él esté restringido o porque su causa sea política.”

La frase resume una de las paradojas centrales del conflicto. Cuanto más difícil resulta acceder al territorio, menos visible se vuelve su realidad; y cuanto menos visible es, más fácil resulta presentarlo como un problema diplomático congelado, una disputa territorial entre partes o una cuestión de seguridad regional. La ocupación se transforma así en paisaje: algo permanente, casi natural, que deja de suscitar preguntas.

A esta invisibilización política se añade el deterioro de la situación humanitaria en los campamentos de refugiados saharauis. Allí, decenas de miles de personas continúan dependiendo de la ayuda internacional después de casi medio siglo de desplazamiento. La prolongación del exilio ha creado una forma de dependencia que no es consecuencia de una catástrofe puntual, sino de la ausencia de una solución política.

La intervención de Omar Abdeslam, de AFAPREDESA, advirtió sobre los efectos concretos de la reducción de la financiación humanitaria:

“La asistencia humanitaria sigue siendo esencial para satisfacer las necesidades básicas, pero la falta de financiación afecta cada vez más a la alimentación, la nutrición, el agua y otros servicios fundamentales.”

La disminución de la ayuda alimentaria no responde a una mejora de las condiciones. Responde a la falta de recursos y a la competencia entre crisis humanitarias. En un sistema internacional sometido a múltiples emergencias, los refugiados saharauis corren el riesgo de convertirse en víctimas de la duración: una población cuya tragedia, precisamente por haberse prolongado durante décadas, deja de ocupar un lugar prioritario en las agendas políticas y presupuestarias.

Pero el tiempo no reduce las necesidades. En los campamentos, situados en una de las regiones más áridas y difíciles del norte de África, las familias dependen de la distribución de alimentos básicos, del suministro de agua y de programas nutricionales destinados especialmente a los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Cuando los fondos escasean, la reducción no afecta únicamente al volumen de las raciones. También disminuye su diversidad y se debilitan los programas destinados a prevenir la anemia y la malnutrición.

La inseguridad alimentaria se expresa entonces en decisiones cotidianas: reducir el número de comidas, renunciar a alimentos frescos, endeudarse, vender bienes esenciales o distribuir de manera desigual los alimentos disponibles dentro de la familia. En los hogares más vulnerables, la ayuda internacional no representa un complemento, sino la diferencia entre comer y no comer.

La crisis nutricional tiene una dimensión particularmente grave entre los niños. La falta de una alimentación diversificada y estable aumenta el riesgo de malnutrición aguda, anemia y retrasos en el desarrollo. En el caso de las mujeres, la precariedad alimentaria durante el embarazo y la lactancia puede afectar tanto a su salud como a la de sus hijos. La reducción de la asistencia, por tanto, no constituye únicamente un problema logístico: amenaza derechos fundamentales y profundiza desigualdades ya existentes.

“Una crisis prolongada no se vuelve menos urgente simplemente porque haya durado décadas.”

La advertencia resulta esencial. La duración del exilio no puede utilizarse como argumento para reducir la ayuda. Si acaso, debería obligar a garantizar una financiación más estable y previsible. Las contribuciones excepcionales permiten evitar interrupciones temporales, pero no resuelven el problema estructural de una población que lleva generaciones viviendo en condiciones de refugio.

En este escenario, la decisión anunciada por Chile de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental introduce un elemento político de especial gravedad. El gesto no se limita a modificar una posición diplomática. Contribuye a legitimar la tesis de una de las partes en un territorio cuyo estatuto definitivo sigue pendiente de una solución conforme al derecho internacional y al derecho del pueblo saharaui a la libre determinación.

La decisión chilena llega, además, en un contexto de intensificación de las relaciones económicas y comerciales con Marruecos. La combinación entre reconocimiento político, inversiones y cooperación económica plantea una pregunta incómoda: ¿puede la rentabilidad diplomática o comercial desplazar los derechos de una población que todavía no ha podido decidir libremente su futuro?

El riesgo es evidente. Cuando los Estados presentan la ocupación como una realidad irreversible y la acompañan de acuerdos económicos, la política internacional deja de buscar una solución y comienza a administrar la situación existente. La diplomacia ya no actúa para modificar el desequilibrio entre ocupante y ocupado, sino para adaptarse a él.

El reconocimiento de la soberanía marroquí también puede favorecer la normalización de actividades económicas desarrolladas en el territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui. Bajo el lenguaje de la cooperación, la inversión y el desarrollo regional, el conflicto corre el riesgo de ser despolitizado. Los recursos del territorio pueden circular, los acuerdos pueden multiplicarse y las relaciones comerciales pueden consolidarse mientras los defensores saharauis continúan bajo vigilancia y los refugiados enfrentan la reducción de sus raciones alimentarias.

La contradicción es difícil de ignorar: mientras se estrecha el espacio para quienes defienden los derechos humanos en el territorio ocupado, se amplía el espacio diplomático y económico para las autoridades que controlan ese territorio. Mientras se habla de estabilidad y desarrollo, se recortan los recursos destinados a quienes viven desde hace décadas en el exilio.

Las intervenciones realizadas ante el Consejo de Derechos Humanos recordaron que no existe una verdadera estabilidad basada en la invisibilidad, la impunidad y la dependencia humanitaria. La cuestión saharaui no es una crisis congelada ni un conflicto residual. Es una situación política activa, sostenida por la ausencia de mecanismos internacionales de vigilancia, por el debilitamiento de la presión diplomática y por la progresiva normalización de la ocupación.

El Consejo debería exigir el acceso permanente de la Oficina del Alto Comisionado y de los procedimientos especiales al Sáhara Occidental; garantizar la protección de los defensores saharauis; investigar las denuncias de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria y represalias; y reclamar la ejecución efectiva de las decisiones judiciales favorables a las víctimas.

También debería exigir a los Estados donantes una financiación suficiente, estable y plurianual para los campamentos de refugiados, con especial atención a los programas de alimentación, nutrición, agua y salud. La ayuda humanitaria no puede funcionar como una limosna intermitente destinada a contener las consecuencias de un conflicto que la diplomacia se niega a resolver.

Lo que está en juego no es únicamente la continuidad de unas raciones alimentarias o el acceso de unos observadores internacionales. Está en juego la posibilidad de que un pueblo sometido a la ocupación y condenado al exilio conserve su visibilidad política, sus derechos y su capacidad de reivindicar un futuro propio. Mientras el mundo se acostumbra a la ocupación, los saharauis siguen pagando el precio de esa costumbre.