Pesca artesanal pide al Senado que rechace proyecto que repone el sistema de arrastre industrial para la jibia

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Ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, representantes de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal y la Alianza Pesca Maule expusieron cifras que contradicen los fundamentos del Boletín N° 18.173-21, iniciativa que exceptúa a seis embarcaciones industriales de la prohibición de pescar jibia con arrastre vigente desde 2019. En la misma sesión, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, señaló que “no es momento oportuno” para avanzar en el proyecto, y la senadora Karol Cariola solicitó que la Comisión de Constitución evalúe su admisibilidad.

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado continuó la discusión del Boletín N° 18.173-21, moción que exceptúa a los armadores de seis embarcaciones industriales de las regiones del Biobío y Ñuble de la prohibición de artes y aparejos de pesca establecida por la Ley N° 21.134 de 2019, conocida como Ley Jibia. En términos prácticos, el proyecto repone la pesca industrial de jibia con arrastre, método que la ley chilena prohibió hace siete años por razones de sustentabilidad y que hoy reserva la captura del recurso a la pesca selectiva con potera o línea de mano.

En representación de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal expuso Pascual Aguilera, presidente de FETRAMAR (Federación de Trabajadores del Mar, Elqui), quien participó en la discusión de la Ley Jibia en 2019. Aguilera explicó que la jibia (Dosidicus gigas) es una especie de vida corta, que se reproduce una sola vez, migra largas distancias y cuya abundancia varía según la temperatura del mar, por lo que “puede desaparecer de una caleta sin que el recurso haya colapsado”. Recordó que Chile captura el 8,1% de la jibia mundial, mientras Perú concentra el 54,5% y China, en aguas internacionales, el 37,1%, y que la Ley General de Pesca ya contempla un Comité de Manejo de la jibia, cuya activación ha sido priorizada por la Subsecretaría de Pesca desde 2025.

Sobre el contenido del proyecto, el dirigente señaló que “una excepción para seis barcos no es una política de manejo. Cambiar la ley para seis barcos en lugar de para toda la pesquería no es manejo: es una excepción con nombre y apellido”. Agregó que “si se abre para seis barcos hoy, ¿con qué criterio la cerramos mañana para otros?”, e hizo presente que los argumentos de la moción corresponden únicamente a los de la empresa PacificBlu, sin considerar el empleo generado por las compañías que hoy compran jibia artesanal a lo largo del país.

Aguilera presentó datos del sector: más de 8.000 pescadores artesanales viven directamente de la jibia, la mayor cifra de la última década; 78 empresas de distintas regiones exportaron el recurso en 2025; las exportaciones crecieron más de 211% entre 2019 y 2024, y el desembarque artesanal de jibia en el Biobío aumentó un 117,6% en 2026 respecto de 2025, con la misma ley vigente y sin cambio en el método de pesca. Explicó además que la disponibilidad del recurso depende de cuatro factores —precios internacionales, competencia de la flota de Perú y China, capacidad de procesamiento en tierra y fenómenos como El Niño— y que ninguno se resuelve reincorporando barcos arrastreros.

“Dato mata relato. El problema no es que falten barcos, es que falta una política pública que ayude a este ecosistema ya instalado a madurar. Lo que pedimos a esta comisión es legislar para todos: rechazar la excepción de arrastre y mantener la ley tal cual está.” Planteó Aguilera al final de su intervención.

-Pascual Aguilera, presidente de FETRAMAR y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal

El vocero propuso seis pilares para una pesquería madura y sustentable: modernización de la flota artesanal y apertura del Registro Pesquero Artesanal a quienes hoy están excluidos; movilidad de los pescadores entre regiones siguiendo al recurso; inversión en caletas, cadena de frío y capacidad de proceso; financiamiento, certificación y trazabilidad para pymes procesadoras y exportadoras; financiamiento sostenido de la ciencia y el monitoreo a través de IFOP, el Comité de Manejo y la coordinación con Perú y Ecuador, y una estrategia de marca que posicione a la jibia chilena como producto premium y trazable.

En la misma sesión, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, expresó la posición del Ejecutivo: si bien reconoció “ciertos méritos” a la iniciativa, indicó que “no es momento oportuno” para avanzar, debido a la caída del precio de la jibia —en torno a los $300 por kilo— y a que el proyecto “genera incertidumbre a un sector importante de la pesca artesanal en la Octava Región”. Añadió que las prioridades legislativas del Gobierno “van por otro lado”. La moción no cuenta con patrocinio ni urgencia del Ejecutivo.

La senadora Karol Cariola advirtió que el proyecto no define su ámbito por una conducta, un arte de pesca o el estado del recurso, sino por la titularidad de una autorización de pesca y por una fecha —haber estado en el agua al 16 de febrero de 2019—, y planteó que invade materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Solicitó que la Comisión de Constitución evalúe su admisibilidad y entregó un informe al respecto, señalando que “es claramente inadmisible, es claramente inconstitucional, y me parece que es un despropósito que se siga avanzando en su tramitación”. En tanto, el senador Núñez manifestó tener “la convicción absoluta de que este es un mal proyecto de ley, que perjudica a la pesca artesanal de todo Chile”.

“Este proyecto tiene problemas desde su origen. Nace para resolver el problema de una sola empresa, con seis barcos identificados por una autorización y una fecha, y eso le quita toda legitimidad: no se legisla para el país, se legisla a la medida de unos pocos. Tampoco resiste el análisis de sostenibilidad, porque repone el arrastre industrial que Chile prohibió en 2019 justamente para proteger el recurso y a las más de 8.000 familias que hoy viven de la potera. Al final, plantea más dudas que certezas, y la mejor prueba es que ni siquiera el Senador Saavedra que presentó la moción estuvo presente para defender el proyecto y que fue débilmente defendido por el Senador Espinoza, tampoco el Ejecutivo ha querido patrocinarlo. Si el propio Gobierno no se atreve a ponerle su firma, el Senado debería preguntarse a quién beneficia realmente.” Manifestó Hernán Cortés Bernal, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal. Así mismo afirmó que esperan que la comisión rechace la excepción de arrastre contenida en el Boletín N° 18.173-21 y mantener la Ley N° 21.134 en los términos vigentes; acoger la solicitud de que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la admisibilidad del proyecto; radicar en el Comité de Manejo de la jibia la evaluación técnica de cualquier cambio en los métodos de pesca, por ser la instancia que la propia ley creó para ese fin, y colaborar con el Ejecutivo en una política pública para la pesquería que fortalezca el ecosistema productivo y social ya instalado en torno a la pesca artesanal con potera.