Quienes producen los alimentos también pasan hambre

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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por tres años el mandato del grupo de trabajo sobre los derechos campesinos. La resolución obtuvo 33 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones. El amplio respaldo contrasta con una paradoja persistente: quienes alimentan al mundo figuran entre quienes más padecen hambre.

El campo produce alimentos, pero no garantiza que quienes los cultivan puedan comer. La resolución debatida en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pone nombre a esa contradicción: el hambre sigue siendo, sobre todo, un problema rural. Según el documento, el 80 por ciento de las personas que la sufren vive en zonas rurales; la mitad son pequeños productores, agricultores tradicionales, campesinos de subsistencia y otras personas que trabajan en el campo.

El 5 de octubre, el Consejo aprobó prorrogar por otros tres años el mandato de su Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de quienes trabajan en zonas rurales. La votación fue de 33 votos favorables, 14 abstenciones y ninguno en contra. El texto también insta a los gobiernos y a organismos internacionales a difundir y aplicar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, adoptada en 2018.

La decisión reconoce que la agricultura no es sólo una actividad económica. De ella dependen la seguridad alimentaria, la nutrición y buena parte de la biodiversidad; también sobreviven conocimientos y formas de vida que rara vez cuentan en los balances de productividad. El documento subraya, en particular, el papel de las mujeres agricultoras, desde la producción y el procesamiento hasta el comercio y la innovación. Sin embargo, señala que las mujeres y las niñas rurales están especialmente expuestas a la pobreza, la violencia y los efectos del cambio climático.

El diagnóstico abarca asimismo el envejecimiento de la población campesina y la migración de jóvenes hacia las ciudades. No se trata únicamente de un cambio demográfico: el texto lo vincula con la falta de incentivos y con la dureza de la vida rural, y reclama diversificar las economías locales y crear empleos más allá de la agricultura. La pregunta política que deja planteada es quién puede vivir del campo —y en qué condiciones— cuando el trabajo que sostiene la alimentación suele ofrecer tan pocas garantías a quienes lo realizan.

La resolución insiste en el trabajo decente, la protección social y el desarrollo rural inclusivo. También pide que campesinos y trabajadores rurales participen de manera significativa en las decisiones que afectan sus derechos. Son compromisos amplios; su alcance dependerá de que los Estados conviertan esas declaraciones en políticas, recursos y protección efectiva. Para eso, el Consejo solicitó que se dote al grupo de trabajo de los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir su mandato.

La prórroga mantiene abierta una instancia internacional de seguimiento. Pero el contraste central permanece: quienes contribuyen a alimentar a la población mundial siguen expuestos al hambre, la explotación y la inseguridad. Reconocer sus derechos es un paso; garantizar que puedan ejercerlos, sin embargo, exige alterar las condiciones materiales que hacen del campo un lugar de trabajo indispensable y, para tantos, una vida precaria.