De la tijera al hacha: los libertarios presionan para desmontar políticas de género, memoria y derechos humano

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El Partido Nacional Libertario considera insuficiente el ajuste propuesto por el Gobierno de José Antonio Kast y llevó a Cerro Castillo una lista de nuevas partidas que quiere reducir: Instituto Nacional de Derechos Humanos, sitios de memoria, fundaciones y programas relacionados con género e identidad de género. Sus propios dirigentes califican algunas de estas políticas como “ideologizadas” y piden desfinanciarlas. La discusión abre una cuestión que excede el ahorro fiscal: hasta qué punto la Ley de Presupuestos puede utilizarse para debilitar instituciones y políticas públicas que una fuerza política rechaza por su contenido.

El Partido Nacional Libertario quiere que la tijera del Presupuesto 2027 corte más.

Johannes Kaiser y los parlamentarios de su colectividad se reunieron durante más de tres horas con el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo para plantearle sus diferencias con el proyecto presentado por Hacienda.

Los libertarios reconocen el esfuerzo del Gobierno para contener el gasto, pero lo consideran insuficiente.

Y ya identificaron dónde quieren profundizarlo.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sitios de memoria como Londres 38, fundaciones vinculadas a expresidentes y programas relacionados con género e identidad de género aparecen entre las partidas cuestionadas por el PNL.

No se trata solamente de una discusión sobre cuánto debe gastar el Estado.

Las declaraciones de los propios dirigentes libertarios muestran que también existe una disputa sobre qué políticas consideran legítimo que el Estado financie.

La lista entregada a Kast

Después de la reunión, el jefe de bancada libertario Hans Marowski explicó públicamente cuáles son algunas de las partidas que generan preocupación a su colectividad.

Mencionó los recursos asociados a los llamados “falsos exonerados”, gastos en cultura y fundaciones, sitios de memoria —citando específicamente Londres 38—, fundaciones de expresidentes, el INDH y el acompañamiento de identidad de género para menores.

El cuestionamiento al INDH es particularmente revelador.

Marowski señaló que el PNL esperaba encontrar una disminución de su financiamiento, algo que no ocurrió en la magnitud que esperaba el partido.

La diputada Gloria Naveillán había hecho la misma observación antes de la reunión con Kast. Según explicó, si el Gobierno pretende modificar la estructura, atribuciones y composición del Instituto, no entiende que simultáneamente su presupuesto pueda aumentar aproximadamente 2%.

Esa discusión puede ser perfectamente legítima dentro del debate presupuestario.

Si una institución modifica sus funciones, corresponde preguntarse cuánto dinero necesita para cumplirlas.

Pero otros integrantes del PNL han planteado un objetivo bastante más radical.

“El INDH hay que desfinanciarlo completamente”

La diputada Paulina Muñoz lo expresó sin ambigüedad después de conocerse el proyecto de Presupuesto.

“El INDH hay que desfinanciarlo completamente”, declaró.

Y explicó también la razón: a su juicio, el organismo se utiliza como herramienta para presentar querellas contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

La frase permite distinguir dos discusiones diferentes.

Una consiste en preguntarse si el INDH administra correctamente sus recursos, si existe duplicación de funciones, cuánto cuesta su estructura o qué modificaciones necesita su funcionamiento.

La otra es retirar su financiamiento porque una fuerza política discrepa de una de las atribuciones que ejerce.

Muñoz agregó a su lista “todos los programas de género”, a los que acusó de instrumentalizar e ideologizar políticas públicas.

Naveillán ha utilizado un lenguaje semejante.

La parlamentaria sostiene que existe una cantidad “brutal” de “grasa” dentro del Estado y sitúa expresamente dentro de esa categoría los programas de género existentes en los distintos ministerios.

Su propuesta es eliminar el personal destinado a esas materias o reducirlo sustancialmente.

Aquí nuevamente aparece la diferencia entre evaluar una política pública y rechazar su finalidad.

Eficiencia o contenido

La Ley de Presupuestos obliga necesariamente a establecer prioridades.

Ningún gobierno dispone de recursos ilimitados y resulta perfectamente razonable revisar programas que no funcionan, eliminar duplicidades, reducir gastos administrativos o terminar iniciativas cuyos resultados no justifican los recursos utilizados.

Ese es precisamente uno de los argumentos centrales con que el Gobierno de Kast ha defendido su Presupuesto 2027.

Pero para evaluar un programa por razones de eficiencia deberían existir algunas preguntas básicas.

¿Cuánto cuesta?

¿Cuántas personas atiende?

¿Qué resultados obtiene?

¿Existe una evaluación de impacto?

¿Duplica funciones realizadas por otra institución?

¿Puede conseguir los mismos objetivos utilizando menos recursos?

¿Existe una política alternativa que pueda reemplazarlo?

No son necesariamente esas las preguntas que aparecen en las declaraciones de los libertarios sobre el INDH, género o memoria.

La objeción expresada públicamente es, en numerosos casos, anterior a cualquier evaluación presupuestaria.

Es una objeción respecto de lo que esas instituciones hacen.

Los sitios de memoria

Algo semejante ocurre con los sitios de memoria.

El PNL mencionó específicamente Londres 38 entre los gastos que pretende revisar durante la tramitación del Presupuesto.

Los sitios de memoria no son simplemente inmuebles financiados por el Estado.

Forman parte de una política pública destinada a preservar lugares vinculados con violaciones a los derechos humanos, desarrollar archivos, investigación, educación y actividades relacionadas con la memoria histórica.

Es perfectamente posible discutir cuánto debe aportar el Estado, cómo deben rendirse esos recursos y qué mecanismos de fiscalización corresponden.

Pero eliminarlos presupuestariamente porque se rechaza la política de memoria constituye una decisión distinta.

En ese caso, el ahorro fiscal es simultáneamente una decisión sobre memoria y derechos humanos.

Y eso es precisamente lo que el debate presupuestario debería transparentar.

Género: una precisión necesaria

También conviene precisar qué está actualmente en discusión.

El PNL ha cuestionado los programas de género existentes en distintos ministerios y específicamente el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género para niños, niñas y adolescentes.

No corresponde traducir esa posición diciendo simplemente que los libertarios pretenden “eliminar los derechos LGBTI”.

La afirmación sería demasiado amplia.

Pero sí es necesario determinar qué consecuencias tendría retirar el financiamiento de políticas mediante las cuales el Estado materializa determinados derechos establecidos legalmente.

En el caso del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género existe además una situación particular.

El proyecto de Presupuesto 2027 no contiene una asignación explícita bajo esa denominación, circunstancia que organizaciones como el Movilh han pedido aclarar.

La Ley 21.120 contempla el acceso de niños, niñas y adolescentes y sus familias a programas de acompañamiento profesional.

Por eso la pregunta presupuestaria es concreta: si desaparece una asignación, ¿cómo financiará el Estado una obligación que continúa existiendo legalmente?

No solamente los libertarios

La ofensiva contra el INDH tampoco pertenece exclusivamente al partido de Kaiser.

Parlamentarios de la UDI anunciaron una indicación todavía más drástica: reducir su presupuesto para 2027 a $1.000, con el objetivo declarado de forzar en la práctica el cierre del organismo mientras no avance la reforma a su gobernanza.

El dato amplía el problema.

La discusión sobre el Presupuesto comienza a convertirse en un mecanismo mediante el cual distintos sectores de la derecha intentarán modificar no solamente el monto del gasto público, sino la existencia práctica de determinadas instituciones.

El Congreso tiene atribuciones presupuestarias.

Pero una institución creada por ley no necesariamente deja de tener obligaciones porque el Congreso reduzca drásticamente los recursos que le permiten cumplirlas.

Ahí puede aparecer una discusión jurídica además de política.

La diferencia con Kast

Existe también una disputa dentro de la propia derecha.

El Gobierno ha aplicado recortes significativos y ha anunciado reformas a numerosas instituciones y programas.

Pero no siempre ha llegado hasta donde pretende el PNL.

El caso del INDH es representativo.

Kast defendió durante su trayectoria política posiciones muy críticas hacia el organismo. Sin embargo, su Gobierno ha optado hasta ahora por impulsar modificaciones a su gobernanza y atribuciones en lugar de simplemente dejarlo sin recursos.

Los libertarios quieren avanzar más rápidamente.

Por eso su encuentro en Cerro Castillo no fue solamente una reunión para coordinar votos.

Fue también una negociación sobre hasta dónde llegará el giro político expresado mediante el Presupuesto 2027.

Kaiser describió posteriormente la reunión como productiva, pero advirtió que su partido mantendrá sus diferencias y defenderá sus posiciones durante la tramitación.

Cuando la tijera selecciona por ideas

Aquí aparece una diferencia fundamental respecto de otros recortes que hemos conocido durante los últimos días.

La reducción del financiamiento de un programa puede responder a muchas razones.

Puede existir baja ejecución.

Puede haber problemas administrativos.

Puede comprobarse duplicidad.

Puede haberse reducido la población beneficiaria.

Puede haber disminuido el costo de entregar una prestación.

Puede trasladarse una función hacia otro organismo.

O puede simplemente existir una restricción fiscal que obligue a priorizar.

Cada caso debe examinarse separadamente.

Pero existe otra posibilidad.

Que un programa sea recortado porque quienes deciden el presupuesto rechazan políticamente el objetivo para el cual fue creado.

Las declaraciones del PNL obligan a considerar precisamente esa hipótesis en las partidas que ha seleccionado.

Cuando Paulina Muñoz sostiene que el INDH debe ser completamente desfinanciado porque presenta querellas contra uniformados, el cuestionamiento no está dirigido primordialmente al costo de la institución.

Está dirigido a una de sus funciones.

Cuando Naveillán define los programas de género como parte de la “grasa” del Estado, tampoco está presentando primero una evaluación individual de sus resultados.

Está formulando una valoración política sobre el tipo de política pública que considera innecesaria.

Eso no convierte automáticamente en ilegítima su propuesta.

Los partidos tienen derecho a defender modelos distintos de Estado y a intentar modificarlos mediante las instituciones democráticas.

Pero obliga a llamar las cosas por su nombre.

Cuánto dinero se ahorra y qué desaparece

Durante la discusión presupuestaria habrá entonces que hacer una cuenta que normalmente queda fuera del debate político.

¿Cuánto ahorra realmente el Estado eliminando estas partidas?

Y, en comparación, ¿qué políticas desaparecen?

Si la eliminación del INDH, los programas de género o los recursos destinados a sitios de memoria produjera un ahorro fiscal reducido frente al volumen total del Presupuesto, resultaría difícil explicar esas decisiones exclusivamente por la necesidad de equilibrar las cuentas públicas.

La magnitud del ahorro permitirá medir cuánto hay de ajuste fiscal y cuánto de transformación política.

Esa es probablemente una de las discusiones que recién comienza.

Porque el Gobierno ya presentó su tijera.

Ahora el Partido Nacional Libertario quiere una más grande.

Y ha señalado con bastante precisión dónde pretende utilizarla.

El debate del Presupuesto 2027 permitirá saber si el objetivo consiste solamente en gastar menos o también en aprovechar la restricción fiscal para retirar recursos a instituciones y políticas públicas que determinados sectores de la derecha nunca han querido que existan.