Sáhara Occidental: los recursos de un pueblo sin control sobre su territorio

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 26 segundos

Del fosfato a los productos pesqueros, de los proyectos energéticos a los paisajes de cine, la explotación del Sáhara Occidental convierte un territorio en disputa en un recurso económico y simbólico. En el centro del debate está el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre sus riquezas y la dificultad de hacer respetar ese principio frente a los intereses comerciales y políticos.

La explotación económica del Sáhara Occidental abarca mucho más que la extracción de materias primas. Los fosfatos, la pesca, la energía y los paisajes contribuyen también a normalizar una situación política controvertida. Ante la debilidad de los mecanismos internacionales, las decisiones judiciales y las campañas ciudadanas abren algunas brechas, aunque todavía no han invertido la relación de fuerzas.

Un cargamento de fosfato sale del Sáhara Occidental. Barcos pescan frente a sus costas. Tomates, melones y productos del mar se venden con origen marroquí. A primera vista, son operaciones comerciales corrientes: contratos, autorizaciones, etiquetas y flujos logísticos. Pero tras esa rutina se plantea una pregunta política elemental: ¿quién puede decidir sobre los recursos de un territorio cuyo estatus sigue pendiente de resolución?

El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas y está en el centro de un conflicto de descolonización inconcluso. Marruecos controla la mayor parte del territorio y organiza su actividad económica. El Frente Polisario reivindica, en nombre del pueblo saharaui, el derecho a la autodeterminación. Entre ambas realidades, los intercambios comerciales avanzan a menudo como si la disputa no existiera, o como si la población presente en el territorio pudiera representar por sí sola a un pueblo soberano.

Precisamente esa confusión es la que el derecho internacional invita a evitar. El principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, afirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1962, vincula el control de las riquezas con la autodeterminación. No basta con preguntarse si una actividad económica genera ingresos o empleo: también hay que determinar quién la decide, a quién beneficia y con qué consentimiento.

La riqueza como instrumento político

Los fosfatos permiten medir concretamente lo que está en juego. Según las estimaciones citadas en el documento, las exportaciones de fosfato extraído en el Sáhara Occidental alcanzaron en 2024 los 1,45 millones de toneladas, con un valor estimado de 319,7 millones de dólares. La cifra representa solo una parte de la producción total de la empresa pública marroquí OCP, pero sigue siendo significativa en un territorio cuyos habitantes no controlan la explotación.

La campaña de seguimiento de Western Sahara Resource Watch ha contribuido a reducir el número de importadores identificados: de quince en 2012 a cuatro en 2024, según los datos recogidos por la autora. Esta evolución demuestra que las cadenas de suministro no son impenetrables. La movilización dirigida a compradores, transportistas e instituciones puede encarecer la participación en un comercio políticamente controvertido.

Pero los fosfatos son solo una parte del problema. La pesca revela aún más claramente el vínculo entre recursos y poder. Las estadísticas marroquíes analizadas por la organización indican que las aguas del Sáhara Occidental representan una proporción importante de las capturas del sector pesquero marroquí. Acuerdos de pesca permiten operar en la zona a barcos extranjeros; otros productos capturados frente a sus costas se comercializan como marroquíes. Así, el territorio se integra en los circuitos económicos sin que el pueblo saharaui tenga un poder reconocido sobre su organización.

A esto se suman la agricultura, los proyectos de energías renovables, las inversiones turísticas y, más recientemente, el uso del paisaje como escenario cinematográfico. El desierto, el litoral y los relatos también se convierten en recursos: no porque se extraigan o se embarquen en las bodegas, sino porque generan valor y construyen la imagen de un territorio presentado como disponible.

«La población» no es el pueblo

En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recordó una distinción decisiva: la que existe entre los habitantes de un territorio y el pueblo titular del derecho a la autodeterminación. Por tanto, consultar a quienes viven en el territorio no basta, por sí solo, para establecer el consentimiento del pueblo saharaui, que también incluye a los saharauis desplazados, cuya dispersión es uno de los efectos duraderos del conflicto.

El Tribunal precisó asimismo las condiciones en las que, en algunos casos, podría deducirse ese consentimiento de las circunstancias. Los acuerdos no deben imponer obligaciones al pueblo afectado, y este debe poder recibir beneficios concretos, verificables y proporcionales a la explotación. Una promesa general de desarrollo o un reparto indistinto de los beneficios entre todos los habitantes no satisface ese requisito.

En el acuerdo de pesca impugnado, las instituciones europeas no pudieron demostrar qué parte de los beneficios correspondía efectivamente a los saharauis. La administración marroquí gestionaba las actividades y recibía la asistencia prevista; las aguas marroquíes y saharauis se trataban como una misma zona pesquera. El problema no era solo contable: también tenía que ver con quién define el territorio y quién puede hablar en nombre de sus habitantes.

Las sentencias del Tribunal también tienen consecuencias para el etiquetado. Los productos procedentes del Sáhara Occidental no pueden presentarse como originarios de Marruecos, pues eso borraría la diferencia de estatus entre ambos territorios. Una etiqueta no es más que una línea en un envase, pero puede convertir una situación política en una aparente evidencia comercial. Indicar el origen permite hacer visible una frontera jurídica que el mercado tiende a difuminar.

El derecho, sin voluntad de aplicarlo

Estas decisiones judiciales no ponen fin a la explotación ni resuelven el conflicto. Más bien recuerdan los límites del orden jurídico internacional: los principios pueden formularse con claridad, pero su aplicación suele depender de los Estados y de las organizaciones regionales. No existe un mecanismo universal capaz, por sí solo, de imponer una solución al contencioso saharaui.

Por eso es importante el litigio europeo. La Unión Europea está obligada, en su acción exterior, a respetar el derecho internacional; sus tribunales pueden exigir a sus instituciones que examinen los efectos de sus acuerdos. El derecho se vuelve efectivo cuando se traduce en normas concretas: condiciones de importación, origen de los productos, cláusulas de los acuerdos y responsabilidad empresarial.

Sin embargo, su efecto sigue siendo desigual. Una sentencia europea no genera automáticamente una jurisprudencia idéntica en Japón o en otros lugares. Las autoridades nacionales, los acuerdos bilaterales y las prácticas administrativas pueden actuar como obstáculos o como vías de aplicación. El documento señala que una administración japonesa habría pedido al sector pesquero que no operara en aguas saharauis. Si esa instrucción puede frenar algunas prácticas, sigue siendo frágil: depende de la voluntad política y de que se supervise su cumplimiento efectivo.

El reto, por tanto, no consiste solo en proclamar una vez más la fuerza del derecho, sino en crear las condiciones para aplicarlo. Las campañas ciudadanas, el seguimiento de los cargamentos, la impugnación de acuerdos y la vigilancia del origen de los productos ayudan a transformar una cuestión relegada a la diplomacia en un problema concreto para gobiernos y empresas.

Queda una frontera más difícil de trazar: la que separa la apropiación material de la simbólica. Las producciones culturales pueden utilizar los paisajes del Sáhara Occidental sin exportar ni una tonelada de fosfato ni un solo pescado. Pero también pueden presentar el territorio como un espacio neutro y disponible, desligado de quienes reivindican el derecho a decidir su futuro. El paisaje, también, puede contribuir al borrado político.

La cuestión no es solo qué se extrae del Sáhara Occidental. También es quién puede convertirlo en un recurso —económico, diplomático o cultural— y en nombre de quién. Mientras el pueblo saharaui no pueda ejercer efectivamente su derecho a la autodeterminación, la prosperidad generada por el territorio corre el riesgo de seguir siendo una prosperidad sin soberanía.