Del estallido social al estallido institucional
Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 26 segundos
El estallido social tuvo que ver con la base social, con los de abajo, y se habla en tiempo pretérito. El estallido institucional tiene que ver con la elite del país, con los de arriba, y se habla en tiempo presente. El estallido social, explosionado el viernes 18 de octubre después de días de manifestaciones de estudiantes secundarios por el alza en la tarifa del Metro, se caracterizó por protestas populares, marchas ciudadanas y movilizaciones sociales en alrededor del 50% de las comunas de las 16 regiones del país, y miles de cabildos realizados en diversidad de espacios públicos. El estallido institucional que afectó al país, da cuenta de redes tejidas al interior del Estado, de prácticas abusivas e ilegales de altos mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, así como en las altas esferas de la política y, en consecuencia, una de las principales afectaciones fue en la confianza/credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.
En Chile, en los últimos siete años se produjeron un estallido social y un estallido institucional, ambos de gran magnitud e impacto.
El primero estuvo marcado por la protesta/demanda social, con la activación de cientos de miles de personas en casi todo el país (con un grado de esponteniedad), una articulada expresión ciudadana antisistémica, marchas multitudinarias y un Paro Nacional, la extensión de violaciones a los derechos humanos, episodios violentos y el ingreso del país a procesos constituyentes, en el marco de una crisis política.
El segundo se caracterizó por una estela de jefes del Ejército, directores de Carabineros y Policía de Investigaciones, jueces y juezas de la Corte Suprema, legisladores y alcaldes, abogados y funcionarios públicos, investigados, procesados y sancionados/condenados por delitos como fraude al Fisco, cohecho, malversación de caudales públicos, desvío de gastos reservados, lavado de activos, tráfico de drogas, prevaricación judicial, tráfico de influencias, fraude por licencias ideológicamente falsas. Una verdadera joyita del sistema institucional chileno.
Como conjunto, hay más reflexiones y controversias respecto al estallido social, abordándose vértices como las causas, el origen de la protesta, las características de la demanda social y la movilización social, la violencia, la violación de derechos humanos, el rol de las policías y los militares, la apertura de procesos constituyentes, la ruptura del orden institucional y afectaciones al sistema democrático formal.
En cambio, sobre el estallido institucional (del que se ha escrito casi nada) se resaltan los sucesos vistos de manera separada, puntual, personalizada o fragmentada, con reflexiones parcializadas, análisis más enfocados en lo episódico que en lo sistémico, sin abundar en la crisis/impacto institucional y constatándose una especie de defensa corporativa desde los mundos militar, policial, judicial, legislativo, municipal, político y financiero.
El estallido social tuvo que ver con la base social, con los de abajo, y se habla en tiempo pretérito. El estallido institucional tiene que ver con la elite del país, con los de arriba, y se habla en tiempo presente (noticia en desarrollo).
La revuelta ciudadana
El estallido social, explosionado el viernes 18 de octubre después de días de manifestaciones de estudiantes secundarios por el alza en la tarifa del Metro, se caracterizó fundamentalmente por protestas populares, marchas ciudadanas y movilizaciones sociales en alrededor del 50% de las comunas de las 16 regiones del país, y miles de cabildos realizados en diversidad de espacios públicos. Se generó un epicentro de rebeldía y de imagen de la revuelta en la Plaza Baquedano rebautizada como Plaza de la Dignidad. El 25 octubre se realizó “la marcha más grande de Chile”, con un millón y medio de personas en Santiago, y un total de tres millones en marchas en varias ciudades del país. Hubo en noviembre un Paro Nacional con cientos de miles de trabajadores movilizados, sobre todo en ciudades como Concepción, Valparaíso, Santiago y Temuco, el 90% de empleados públicos y profesores en paro, 25 de 27 puertos sumados a la paralización, y cientos de sindicatos de empresas privadas con paro total o parcial. Las expresiones culturales, las brigadas médicas, la “primera línea” de manifestantes, las protestas en barrios, poblaciones y comunas fueron parte de la revuelta.
En el marco de una protesta caracterizada por la espontaneidad, el enojo y el malestar popular, hubo situaciones de saqueo de supermercados, desvalijamiento de comercios, quema de estaciones del Metro y transporte público, destrozos urbanos, en situaciones que hasta el día de hoy no están del todo esclarecidas.
Una marca que dejó ese 2019 fue la treintena de muertos, los 3 mil 400 heridos y hospitalizados, alrededor de 460 personas con trauma ocular, al menos 25 mil de detenidos, unos 12 mil casos de violencia institucional acreditados en Fiscalía, unos 190 casos de abuso sexual cometido por agentes del Estado, y la criminalización y estigmatización de la revuelta definida como “octubrismo”, sobre todo desde sectores conservadores.
La revuelta social de 2019 abrió un nuevo período en Chile que dio paso a procesos constituyentes para el cambio de la Constitución heredada de la dictadura (aunque finalmente fallidos), instaló un cuestionamiento al sistema privado de pensiones (No+AFP), de salud y educación, ratificó la mala evaluación de los partidos políticos y el Poder Legislativo (en los últimos años nunca han supero el 3% de aprobación), generó un cuestionamiento a los mecanismos de funcionamiento de Carabineros y las Fuerzas Armadas, consolidó la percepción de abuso e injusticia que hay en la sociedad chilena, y puso de relieve los márgenes que se pueden romper con un pueblo que, enojado y desesperanzado, opta por protestar de manera enérgica (hoy pululan los análisis y preguntas sobre un nuevo estallido social). Otro factor en que muchos académicos y analistas insisten, es que los problemas planteados en el marco del estallido social, no fueron resueltos. De hecho, a siete años de la revuelta, miles de personas en edad de jubilar se enteraron esta semana que los directivos de los consorcios trasnacionales que controlan las AFP invirtieron mal los dineros, provocándole a personas de la tercera edad pérdidas notables en sus jubilaciones: el abuso y la afectación a la gente no terminan.
Una debacle institucional
El estallido institucional muestra que, contrario a lo que repiten políticos conservadores, progresistas y de izquierda, las instituciones en Chile no funcionan…o al menos no como deberían.
Chile es el país que en los últimos años, a nivel Latinoamericano, tiene más excomandantes en jefe del Ejército, exjefes de las policías, jueces y juezas, abogados “de la plaza”, alcaldes y legisladores, funcionarios públicos, investigados, procesados y castigados por diversos delitos financieros y criminales. Es increíble la cantidad y magnitud de casos que, por cierto, la llamada clase política y medios de prensa convencionales, suelen pasar por alto, evitando cuestionar el funcionamiento del sistema institucional.
Varios comandantes en jefe del Ejército, en años recientes, estuvieron ligados a casos de violación a derechos humanos, malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, uso irregular de gastos reservados, lavado de activos, fraude al Fisco, y malas prácticas institucionales. Es el caso de Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta Ferrer, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.
Los exgenerales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González, Bruno Villalobos, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, fueron indagados, procesados y sancionados por malversación de caudales públicos y uso indebido de gastos reservados, falsificación en gastos, falsificación de instrumento público, y por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios.
Los jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinoza y Sergio Espinoza tuvieron que enfrentar a la justicia. El primero fue investigado, formalizado y condenado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El segundo, fue formalizado por filtrar información reservada (en el marco del denominado Caso Audios) y revelación reiterada de información y secretos de causas penales reservadas.
El Poder Judicial no tiene buen rostro que mostrar. En el último tiempo se constató que en el principal tribunal, la Corte Suprema, y otras instancias, la corrupción, el tráfico de influencias y las malas prácticas estaban instaladas y eran pan de cada día. Notable abandono de deberes, cohecho, falta de probidad, recibimiento de dineros para dictaminar en causas judiciales, filtración de información a abogados, operaciones políticas irregulares para conseguir puestos, uso indebido de licencias médicas, vulneración del deber de imparcialidad, faltas graves a la ética judicial, llevó a la remoción de juezas y jueces, expulsión de varias y varios de ellos del Poder Judicial, procesos de indagación y sanciones.
En el último tiempo, alrededor de 15 alcaldesas y alcaldes de todo el país entraron a procesos judiciales, algunas y algunos condenados, por acusaciones en relación a fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios, falsificación de instrumento público durante gestión, cohecho, estafa, soborno, malversación de caudales públicos, otorgamiento indebido de documentos, violencia intrafamiliar y abuso y acoso sexual, negociación incompatible, prácticas irregulares, uso indebido de información, enriquecimiento ilícito. En tanto, legisladores como Miguel Ángel Calisto, Mauricio Ojeda, Catalina Pérez, Joaquín Lavín, Francisco Pulgar, y Marcela Riquelme, fueron requeridos e investigados por posible fraude al Fisco, lavado de activos, cohecho, desvío de recursos fiscales, corrupción y delitos sexuales.
Algo que marca el estallido institucional es el Caso Hermosilla, vinculado al abogado Luis Hermosilla, quien desarrolló vínculos y operaciones con jueces y juezas, legisladores, funcionarios de Gobierno, jefes policiales, ministros de Estado, abogados, fiscales, dirigentes políticos, empresarios y financistas, mostrando parte del funcionamiento de la elite institucional chilena donde todo se tranzaba, negociaba, pagaba y arreglaba, tocando a diferentes entidades del Estado. Este caso es señalado como el más grave escándalo de las últimas décadas en la institucionalidad chilena, con episodios de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, sobornos, prácticas irregulares, lavado de activos y delitos tributarios. Hay situaciones (nada está totalmente transparentado) como operaciones de Hermosilla con legisladores y fiscales para nombrar a integrantes de la Corte Suprema, recibir información confidencial del jefe de la PDI sobre causas judiciales, solicitar favores a integrantes del Poder Judicial, asesorar al ministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, traspaso confidencial de información con fiscales, vínculos y prácticas ilegales con empresas. Luis Hermosilla es el ejemplo de prácticas que pueden llegar a desarrollar miembros las elites institucionales chilenas, bufetes de abogados y dirigentes políticos. Evidenció mecanismos de la institucionalidad chilena y, así, fue parte esencial del estallido institucional de los últimos tiempos.
La opinión pública supo del Pacogate con una malversación de más de 28 mil millones de pesos, donde fueron condenadas 140 personas incluidos altos mandos de Carabineros; también se conoció el Milicogate, que implicó un fraude por más de 50 mil millones de pesos, que significó procesar a 68 militares, entre ellos comandantes en jefe; en el último tiempo la ciudadanía fue informada del Caso Convenios o Caso Fundaciones, donde estuvieron involucrados militantes del Frente Amplio, integrantes de organizaciones civiles y funcionarios públicos, con operaciones irregulares por casi 90 mil millones de pesos.
El verdadero estallido institucional que afectó al país en los últimos años, da cuenta de redes tejidas al interior del Estado, de prácticas abusivas e ilegales de altos mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, así como en las altas esferas de la política y, en consecuencia, una de las principales afectaciones es en la confianza/credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.
Con la incertidumbre/sospecha de que algo más podría venir desde las entidades judiciales, políticas, militares, policiales, gubernamentales, partidos políticos en cuanto a malos pasos.
Hugo Guzmán Rambaldi
Autor
