CCHDH y ANEF advierten que las demandas del estallido siguen pendientes y denuncian retrocesos en derechos humanos

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En una declaración conjunta, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales cuestionaron las políticas de ajuste del gobierno de José Antonio Kast, denunciaron la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en 2019 y reivindicaron el papel del Estado en la garantía de los derechos sociales.

A siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) emitieron una declaración conjunta en la que sostienen que las causas que desencadenaron las masivas movilizaciones permanecen sin solución y advierten sobre nuevos retrocesos sociales, democráticos y en materia de derechos humanos bajo el gobierno de José Antonio Kast.

Ambas organizaciones reivindicaron la legitimidad histórica de las protestas de octubre de 2019, que interpretan como una expresión multitudinaria de rechazo a las desigualdades económicas, la concentración de la riqueza y los abusos institucionalizados en el modelo heredado de la dictadura y administrado durante la transición democrática.

Para la CCHDH y la ANEF, el estallido constituyó un punto de inflexión en la historia reciente del país, aunque sus principales demandas continúan pendientes. La declaración recuerda que, siete años después, la cuestión constitucional sigue sin resolverse y las transformaciones estructurales reclamadas por millones de personas no se han materializado.

Críticas al ajuste fiscal y a la reducción del Estado

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la relación que establecen ambas organizaciones entre los derechos sociales y el papel del Estado.

Según advierten, las políticas impulsadas por el Ejecutivo bajo el discurso de la emergencia económica, la seguridad y la reconstrucción nacional apuntan a consolidar retrocesos en derechos y garantías democráticas.

La declaración cuestiona particularmente las políticas de ajuste fiscal, reducción del aparato estatal y disminución de su personal, que, a juicio de las organizaciones, amenazan la capacidad de las instituciones públicas para garantizar derechos fundamentales.

«Los derechos sociales reclamados durante el Estallido Social no se garantizan en abstracto», sostienen, subrayando que su ejercicio efectivo depende de servicios públicos de calidad y del trabajo de sus funcionarios.

En este sentido, la CCHDH y la ANEF rechazan la idea de que la reducción del Estado constituya por sí misma una solución a los problemas económicos del país. Recuerdan que el gasto público chileno se mantiene por debajo del promedio de los países de la OCDE y que una parte importante del presupuesto está comprometida por obligaciones legales.

La advertencia adquiere especial relevancia en momentos en que el gobierno impulsa su agenda de ajuste presupuestario para 2027, cuyas consecuencias sobre distintos programas sociales y servicios públicos han abierto un debate sobre el alcance de los recortes.

Preocupación por la institucionalidad de derechos humanos

Las organizaciones también expresaron inquietud por las medidas que afectan a las instituciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y a las políticas públicas de memoria.

Según señalan, estas preocupaciones fueron expuestas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, instancia en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado chileno.

Asimismo, destacan que la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre la necesidad de evaluar cualquier modificación institucional o presupuestaria a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por Chile.

Para ambas organizaciones, el debilitamiento de estas instituciones no constituye únicamente una decisión administrativa o presupuestaria, sino que puede comprometer la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones de protección, reparación y garantía de no repetición.

La impunidad de las violaciones de derechos humanos

Uno de los capítulos más severos de la declaración aborda la respuesta represiva del gobierno de Sebastián Piñera a las movilizaciones de 2019 y la situación judicial de las denuncias por violencia institucional.

La CCHDH y la ANEF recuerdan las graves violaciones de derechos humanos registradas durante aquel período y denuncian la persistencia de elevados niveles de impunidad.

De acuerdo con las cifras consignadas en el documento, de más de 12.000 denuncias por violencia institucional registradas durante el estallido social, solamente 219 causas habrían concluido con sentencia condenatoria y 14 personas estarían cumpliendo penas de prisión efectiva.

Las organizaciones destacan que esta última cifra representa aproximadamente el 0,1% del total de denuncias, aunque se trata de categorías estadísticas diferentes, pues una denuncia no equivale necesariamente a una causa judicial ni a una persona condenada.

A juicio de ambas entidades, la situación evidencia graves deficiencias en la respuesta institucional frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Para reforzar este planteamiento, recuerdan las observaciones realizadas en agosto de 2024 por Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien manifestó preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y las torturas atribuidas a Carabineros durante el estallido, especialmente al compararlas con el avance de los procesos por destrucción de bienes.

La declaración insiste en que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, independientemente de los cambios de gobierno o de las orientaciones políticas de las autoridades.

Rechazo a los beneficios para condenados por violaciones de derechos humanos

Otro punto de la declaración se refiere a las iniciativas destinadas a conceder indultos o reducir penas a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos.

Las organizaciones cuestionan que sectores políticos promuevan beneficios tanto para condenados por hechos ocurridos durante el estallido social como para responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En su pronunciamiento sostienen que cualquier medida de esta naturaleza debe ajustarse a las obligaciones internacionales del Estado y considerar condiciones como el cumplimiento de parte sustancial de la pena, la colaboración con la justicia y el arrepentimiento genuino.

En este contexto, recuerdan que 1.182 personas continúan en condición de detenidas desaparecidas, según la cifra citada en la declaración, y que sus familias siguen esperando conocer su destino después de más de medio siglo.

Para la CCHDH y la ANEF, la discusión sobre beneficios penitenciarios no puede desvincularse del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación.

La protesta social como derecho democrático

El documento también rechaza los intentos de estigmatizar y criminalizar las movilizaciones sociales, una controversia que ha acompañado las sucesivas conmemoraciones del 18 de octubre.

Ambas organizaciones sostienen que el derecho a manifestarse constituye una dimensión fundamental de la democracia y que corresponde a las instituciones públicas proteger su ejercicio.

Desde esta perspectiva, cuestionan los discursos que reducen el estallido social a sus episodios de violencia y omiten las condiciones económicas, políticas y sociales que llevaron a millones de personas a manifestarse.

La declaración sitúa así el debate sobre octubre de 2019 más allá de la disputa por su interpretación histórica. Para sus firmantes, la cuestión central continúa siendo la persistencia de las desigualdades y la ausencia de respuestas suficientes a las demandas de derechos sociales que impulsaron las movilizaciones.

Siete años después, una discusión abierta

El pronunciamiento concluye reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con la construcción de un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos económicos, sociales, culturales y laborales ocupen un lugar central.

También reivindica el papel de los trabajadores públicos en la prestación de servicios esenciales y en la protección social de la población.

La declaración se incorpora a un debate político que permanece abierto siete años después de octubre de 2019. Tras dos procesos constituyentes fallidos y un período de reformas que no logró satisfacer buena parte de las expectativas surgidas de las movilizaciones, el país enfrenta ahora una orientación gubernamental que las organizaciones consideran contraria a aquellas aspiraciones.

La CCHDH y la ANEF sintetizan su posición en una afirmación que atraviesa todo el documento: las demandas que dieron origen al estallido no han desaparecido con el paso del tiempo ni con el cierre de los procesos institucionales que intentaron canalizarlas.

«A siete años del Estallido Social, reiteramos que las demandas por Dignidad, Justicia, Igualdad y Derechos Sociales mantienen plena vigencia», concluyen.