De la demanda campesina al mecanismo de la ONU: Bolivia y la construcción de un grupo de trabajo

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La renovación del mandato del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos campesinos no nació de una iniciativa burocrática ni de una concesión espontánea de los Estados. Detrás hay años de organización de La Vía Campesina, una estrategia de incidencia en Ginebra y una decisión diplomática que resultó decisiva: Bolivia llevó al Consejo de Derechos Humanos una demanda impulsada desde los movimientos rurales. El recorrido —de la denuncia del despojo a la vigilancia de la aplicación de la Declaración— muestra tanto el alcance de esa alianza como el desafío que ahora se abre: convertir el reconocimiento internacional en cambios concretos sobre la tierra, las semillas, el agua y la alimentación.

Una demanda que llegó desde el campo

La historia comenzó antes de que existiera una declaración de Naciones Unidas y antes de que el Consejo de Derechos Humanos tuviera un mecanismo específico para vigilar su aplicación. Entre 2004 y 2006, La Vía Campesina —movimiento internacional que articula organizaciones campesinas de distintas regiones— trabajó en una propuesta de declaración sobre los derechos de los campesinos. La iniciativa respondía a una realidad persistente: despojo de tierras, desalojos, discriminación y falta de protección para quienes producen alimentos y viven en zonas rurales.

La elaboración de ese texto no fue un ejercicio académico separado de las luchas sociales. Surgió de denuncias y demandas de las organizaciones campesinas, que buscaban que el derecho internacional reconociera la especificidad de sus condiciones y sus necesidades. La Vía Campesina fue el actor central de ese impulso; para que una propuesta pudiera abrirse paso en el sistema de Naciones Unidas, sin embargo, hacía falta que un Estado la presentara.

Ahí aparece Bolivia. Según el relato sobre el proceso recogido en la entrevista que acompaña esta nota, las organizaciones campesinas se acercaron en 2010 a la Misión Permanente de Bolivia en Ginebra. La propuesta encontró una vía diplomática para entrar en el Consejo de Derechos Humanos. No significó que el Estado sustituyera al movimiento, sino que asumió un papel de mediación: llevar a un foro intergubernamental una iniciativa concebida y promovida por organizaciones sociales.

Esa lógica fue descrita entonces como “diplomacia de los pueblos”: una concepción en la que el Estado no monopoliza la definición de la agenda, sino que actúa como canal para demandas formuladas desde la sociedad civil. En este caso, la intervención boliviana permitió que la reivindicación campesina se convirtiera en un asunto formal de deliberación internacional.

De los informes a la negociación internacional

El proceso avanzó apoyándose en trabajo previo dentro de los mecanismos de Naciones Unidas. Los informes sobre el derecho a la alimentación y la situación de vulnerabilidad de las poblaciones rurales contribuyeron a fundamentar la necesidad de una protección más específica. La resolución 21/19 del Consejo de Derechos Humanos, adoptada en 2012, creó un grupo de trabajo intergubernamental abierto encargado de negociar, finalizar y presentar un proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Bolivia fue uno de sus promotores, junto con Cuba, Ecuador y Sudáfrica.

La primera sesión de negociación tuvo lugar en 2013. A partir de entonces, Estados, organizaciones sociales y otros actores debatieron el contenido de la futura declaración. La propuesta de La Vía Campesina y la participación de organizaciones rurales mantuvieron la demanda original en el centro de la discusión, aunque el texto tuvo que atravesar años de negociación política y jurídica.

No se trataba solo de agregar una nueva lista de derechos a los instrumentos existentes. El debate puso sobre la mesa cuestiones que suelen quedar invisibilizadas cuando la agricultura se aborda únicamente como actividad económica: la relación entre las comunidades y la tierra, la protección de las semillas campesinas, la participación en las decisiones que afectan a los territorios y el reconocimiento de formas colectivas de organización y producción.

La negociación también estuvo atravesada por desacuerdos. Uno de los puntos de fricción fue el reconocimiento de derechos colectivos. Algunos Estados sostuvieron que la declaración creaba derechos nuevos; sus promotores defendieron que desarrollaba y hacía más aplicables derechos ya reconocidos en los principales instrumentos internacionales. La discusión sobre soberanía alimentaria también mostró la tensión entre dos maneras de entender los sistemas alimentarios: como mercados globales de mercancías o como estructuras que deben proteger la capacidad de los pueblos para decidir qué producen y cómo se alimentan.

La Declaración: reconocimiento y disputa

En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, conocida como UNDROP. El texto reconoce, entre otros, derechos vinculados con la tierra, las semillas, la alimentación, el agua, la biodiversidad, la participación y la protección frente a la discriminación. La adopción culminó una etapa decisiva, pero no resolvió por sí misma la distancia entre el reconocimiento formal y las condiciones que viven las comunidades rurales.

El carácter de declaración importa. No es un tratado que se ratifica de la misma manera que un pacto internacional, pero constituye un marco normativo y político que puede orientar legislación, políticas públicas, decisiones judiciales y la interpretación de obligaciones estatales. Su eficacia depende, en buena medida, de que las organizaciones puedan invocarla y de que los Estados traduzcan sus principios en medidas concretas.

En la entrevista publicada en 2023 y reproducida en el sitio Defendiendo los Derechos Campesinos, Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, subrayó precisamente esa dimensión práctica. “La reforma agraria es una orientación de Naciones Unidas y no solamente una reivindicación o consigna de la izquierda”, afirmó al explicar que la Declaración contempla el acceso y la permanencia en la tierra, así como formas individuales y colectivas de uso.

La observación de Montón permite leer la UNDROP más allá del gesto diplomático. Si el derecho a la tierra se toma en serio, la política agraria deja de ser un asunto presentado como puramente ideológico y pasa a ser una cuestión de cumplimiento de derechos. La Declaración no impone una única fórmula de reforma agraria, pero sí obliga a preguntar qué medidas son necesarias para garantizar el acceso, evitar el despojo y proteger las formas de vida rurales.

Montón también relacionó la crisis alimentaria, la crisis climática y las migraciones con el avance del capital financiero sobre el campo. En esa lectura, la promoción de la agricultura familiar y campesina no es una política sectorial marginal, sino parte de la respuesta a problemas globales. “Se trata de discutir los sistemas alimentarios en clave de derechos y no solo en clave de negocios corporativos”, sostuvo en la entrevista.

De la declaración a la implementación

La adopción de la UNDROP abrió una nueva pregunta: ¿qué mecanismo podía impulsar su aplicación efectiva y mantenerla en la agenda internacional? La respuesta llegó en 2023. Mediante la resolución 54/9, adoptada el 11 de octubre de ese año, el Consejo de Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo de cinco expertos independientes, con representación geográfica equilibrada y un mandato inicial de tres años. La votación fue de 38 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.

La creación del grupo fue un nuevo hito, distinto de la negociación intergubernamental que había redactado la Declaración. El mecanismo de 2013 tenía como tarea negociar el texto; el grupo establecido en 2023 recibió el mandato de promover su implementación. Entre sus funciones está identificar prácticas útiles, formular recomendaciones y favorecer la cooperación y el fortalecimiento de capacidades.

La diferencia es significativa. Una declaración puede quedar como una referencia distante si no hay instituciones que ayuden a interpretarla, difundirla y vigilar su aplicación. Un grupo de trabajo especializado ofrece un espacio para que las comunidades, los Estados y las organizaciones planteen problemas concretos y para que esos problemas se conecten con obligaciones internacionales.

En octubre de 2026, el Consejo volvió a tratar la continuidad del mecanismo. En la transcripción de la entrevista proporcionada para esta nota, Diego Montón describe la resolución del 5 de octubre como una renovación técnica del mandato: el grupo ya había sido creado en 2023 y necesitaba una nueva resolución para continuar. También señala que Bolivia encabezó el grupo de países promotores junto con Cuba, Sudáfrica, Luxemburgo e Indonesia. La entrevista recoge su valoración de que el texto evitó abrir nuevas disputas de lenguaje para asegurar la continuidad del mecanismo. La fecha, el resultado de la votación y la composición del grupo promotor deben cotejarse con el registro oficial de la sesión antes de publicar la nota.

Montón interpreta como un avance que, según su relato, el Reino Unido llamara a votación y luego se abstuviera, en lugar de votar en contra. El cambio no elimina las diferencias de fondo, pero sí modifica el escenario político: permite que la renovación se apruebe sin votos negativos y revela una aceptación más amplia del mecanismo que en etapas anteriores. En la entrevista, el dirigente recuerda que los desacuerdos sobre los derechos colectivos y la acusación de que la Declaración “crea nuevos derechos” acompañaron el proceso desde las negociaciones.

El papel de Bolivia: continuidad más que protagonismo aislado

La trayectoria de Bolivia resulta central, pero no debería narrarse como la obra de un único gobierno ni como una iniciativa exclusivamente estatal. El impulso original vino de las organizaciones campesinas; el Estado boliviano permitió que esa demanda ingresara en la agenda formal del Consejo y luego desempeñó un papel de liderazgo en distintas fases del proceso.

Esta distinción ayuda a comprender cómo se producen algunos avances en Naciones Unidas. Las organizaciones sociales pueden elaborar propuestas, documentar violaciones y construir alianzas, pero las iniciativas formales en los órganos intergubernamentales suelen requerir que los Estados las presenten y negocien. La capacidad de Bolivia para actuar como puente entre el movimiento y el Consejo fue, en ese sentido, una condición política clave.

La resolución de 2012 no habría surgido sin una campaña internacional previa; la negociación posterior tampoco puede atribuirse únicamente a un país. Pero el papel boliviano fue más que simbólico: fue uno de los Estados que impulsaron la resolución que abrió la negociación y, según la entrevista de 2026, volvió a encabezar los esfuerzos para mantener vivo el mecanismo de implementación.

La secuencia permite ver una continuidad: primero, respaldar la elaboración de normas; después, sostener la negociación de la Declaración; finalmente, promover herramientas para que ese marco se aplique. Esa continuidad diplomática es particularmente relevante porque los mecanismos de derechos humanos no se consolidan de una vez. Requieren coaliciones, trabajo técnico y apoyo político renovado.

El desafío: que los derechos salgan del papel

La creación y renovación de un grupo de trabajo no redistribuye tierras, no frena por sí sola los desalojos y no garantiza el acceso al agua o a las semillas. Su importancia reside en que puede aportar herramientas para que esos conflictos sean reconocidos como cuestiones de derechos humanos y no únicamente como disputas económicas o administrativas.

Ese cambio de enfoque es uno de los aportes centrales de la UNDROP. La situación del campesinado no se reduce a la pobreza rural ni a la productividad agrícola. Incluye el derecho a participar en las decisiones, a proteger los medios de subsistencia, a conservar y utilizar semillas, a vivir en un entorno saludable y a organizarse colectivamente. También implica que las políticas públicas deben responder a las realidades de quienes trabajan la tierra, en vez de tratar a las comunidades como obstáculos para la expansión de inversiones.

La entrevista de Montón enlaza esa perspectiva con el poder de las corporaciones en los sistemas alimentarios y con la vulnerabilidad de las economías campesinas. En su lectura, el reconocimiento internacional puede fortalecer debates nacionales sobre concentración de la tierra, monopolios, producción familiar y modelos agroecológicos. La Declaración, dijo, ofrece “una herramienta para dar esa discusión”.

El mérito de Bolivia fue ayudar a abrir una puerta institucional para una demanda que surgió de las organizaciones campesinas. El mérito de La Vía Campesina y sus aliados fue sostenerla durante años, incluso cuando la negociación parecía trabada. El desafío de esta nueva etapa es que el grupo de trabajo no se convierta en una instancia de informes sin consecuencias: que sus recomendaciones lleguen a las legislaciones, a los tribunales y a las políticas agrarias, y que las comunidades puedan utilizarlas para defender sus derechos.

Una declaración internacional no transforma por sí sola las relaciones de poder en el campo. Pero sí cambia el terreno de la disputa: nombra derechos, establece responsabilidades y ofrece un lenguaje común para exigir que la tierra, el agua, las semillas y la alimentación no se traten exclusivamente como mercancías. En esa transformación, la diplomacia boliviana fue decisiva como vehículo; el impulso, desde el comienzo, perteneció a quienes hicieron de los derechos campesinos una causa internacional.