La MINURSO, treinta y cinco años después: una misión sin referéndum y un conflicto sin salida

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El fin de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental no pone término a la disputa sobre el territorio. Deja al descubierto el fracaso de un proceso de descolonización y las divisiones entre las potencias que debían sostenerlo. La desaparición de la misión sobre el terreno amenaza con reducir aún más los instrumentos de vigilancia y mediación, mientras el Consejo de Seguridad debate no sólo cómo negociar, sino también qué soluciones pueden considerarse legítimas.

El 1 de noviembre de 2026, la MINURSO inició su liquidación. La fecha marca el final de sus operaciones de mantenimiento de la paz, no la resolución del conflicto ni la extinción del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. El mandato expiró la víspera, después de que el Consejo de Seguridad no alcanzara un acuerdo para renovarlo: Rusia vetó un proyecto estadounidense y Estados Unidos bloqueó después la propuesta rusa. El cierre de la misión no deroga los derechos del pueblo del Sáhara Occidental. Las Naciones Unidas han afirmado que seguirán apoyando el diálogo por medio del enviado personal del Secretario General.

Esta distinción importa. Una misión puede dejar de existir; la cuestión política que motivó su creación, no. La MINURSO fue concebida para ayudar a resolver una cuestión que permanece abierta: cómo ejercer la libre determinación en un territorio cuyo proceso de descolonización no ha concluido.

De la retirada española al plan de arreglo

El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975. En octubre de ese año, la Corte Internacional de Justicia examinó los vínculos históricos invocados por Marruecos y Mauritania. Reconoció ciertos vínculos, pero concluyó que no demostraban soberanía territorial ni impedían aplicar el principio de libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de la población.

En noviembre de 1975, mientras España se preparaba para abandonar el territorio, la Marcha Verde organizada por Marruecos y los Acuerdos de Madrid precipitaron una salida que no resolvió su estatus. Marruecos y Mauritania asumieron el control de partes del territorio; el Frente Polisario, que reclamaba la independencia y afirmaba representar al pueblo saharaui, se enfrentó a ambos. La guerra desplazó a numerosos saharauis, muchos de los cuales buscaron refugio en campamentos cercanos a Tinduf, en Argelia.

La ONU intentó encauzar el conflicto mediante un plan de arreglo aceptado en 1988 por Marruecos y el Polisario, con apoyo de la Organización para la Unidad Africana. El acuerdo preveía un alto el fuego y un referéndum en el que la población decidiría entre la independencia y la integración con Marruecos. En 1991, el Consejo de Seguridad creó la MINURSO para aplicar ese plan. Su nombre —Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental— expresaba un objetivo concreto, no sólo una presencia de observación.

El mandato inicial era amplio: vigilar el alto el fuego, verificar la reducción y el emplazamiento de las fuerzas, colaborar en la liberación e intercambio de prisioneros, facilitar el retorno de refugiados y organizar el referéndum. La consulta, prevista para 1992, no se celebró. El desacuerdo sobre quién tenía derecho a votar —y sobre los criterios para definir el cuerpo electoral— bloqueó la identificación de los votantes. Las partes se acusaron mutuamente de obstruir el proceso; con el tiempo, el referéndum dejó de ser una meta inmediata y se convirtió en una promesa aplazada.

La misión, sin embargo, permaneció. Esa continuidad suele presentarse como una prueba de la incapacidad de la ONU: durante décadas mantuvo una operación cuyo objetivo principal nunca se cumplió. Pero también tuvo un efecto político. Mientras la MINURSO siguió desplegada, existió una presencia internacional permanente asociada al alto el fuego y al proceso de arreglo. La misión no resolvió la disputa ni pudo imponer un acuerdo; contribuyó, al menos, a mantener un marco de observación y a recordar que la cuestión del territorio seguía abierta.

Una misión atrapada entre su nombre y su práctica

Con el referéndum bloqueado, el mandato real de la MINURSO se fue estrechando. La vigilancia militar del alto el fuego ocupó el centro de sus operaciones, mientras la organización de la consulta quedaba fuera del horizonte inmediato. La contradicción se hizo cada vez más visible: la misión conservaba en su nombre la palabra «referéndum», pero llevaba años sin preparar una votación capaz de decidir el futuro del territorio.

En 2003, el enviado personal del Secretario General, James Baker, impulsó un nuevo plan que contemplaba un período de autonomía seguido de una consulta con varias opciones, incluida la independencia. El Polisario lo aceptó; Marruecos lo rechazó. En 2007, Rabat presentó su propia propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí. Desde entonces, las negociaciones han oscilado entre dos enfoques difíciles de conciliar: una solución negociada que preserve explícitamente la autodeterminación y una fórmula de autonomía dentro de Marruecos que Rabat presenta como la única opción realista.

La distancia entre esos enfoques no es semántica. En un proceso de descolonización, la pregunta crucial es quién decide el estatus final y de qué manera. La autonomía puede formar parte de una solución política, pero su legitimidad depende de que sea aceptada libremente por la población concernida. Si se convierte de antemano en el resultado predeterminado de las negociaciones, la autodeterminación corre el riesgo de reducirse a una fórmula diplomática sin mecanismo efectivo de elección.

La Resolución 2797, aprobada por el Consejo de Seguridad en 2025, extendió el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026 y apoyó las negociaciones tomando como base la propuesta marroquí de autonomía. La resolución mantuvo, en su formulación, la referencia a una solución política que permitiera la autodeterminación. Pero el cambio de énfasis fue significativo: el plan de Rabat adquirió mayor peso como punto de partida de las conversaciones.

Para Marruecos, el respaldo internacional a su propuesta representa un avance hacia una solución compatible con su integridad territorial. Para el Polisario y Argelia, colocar esa propuesta en el centro del proceso puede inclinar la negociación antes de que el pueblo saharaui haya expresado su voluntad. La tensión entre ambos argumentos se proyectó sobre el futuro mismo de la misión.

La geopolítica del Magreb

El conflicto no se limita a Marruecos y el Polisario. Argelia respalda al movimiento saharaui y acoge los campamentos de refugiados de Tinduf; Rabat considera que Argel es un actor central en la disputa, mientras Argel insiste en que el pueblo saharaui debe decidir su futuro. La rivalidad entre Marruecos y Argelia, marcada por décadas de desconfianza y por la ruptura de relaciones diplomáticas en 2021, convierte el Sáhara Occidental en un punto de fricción regional. La falta de una salida afecta no sólo a la población saharaui, sino también a las posibilidades de cooperación en el Magreb y a la estabilidad de sus relaciones.

El territorio tiene además un valor estratégico y económico. Su posición atlántica, sus recursos pesqueros y minerales y su conexión con las rutas hacia el Sahel y África occidental refuerzan el interés internacional. En este contexto, los reconocimientos diplomáticos, la apertura de consulados y los acuerdos comerciales adquieren una dimensión que va más allá de la economía: pueden consolidar en la práctica una determinada lectura del estatus del territorio. Pero la actividad económica o el control efectivo no sustituyen, por sí solos, la cuestión de la voluntad de la población.

También se ha modificado el equilibrio entre las potencias. Estados Unidos reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental; Francia ha expresado un apoyo creciente al plan de autonomía. Otros países han defendido posiciones distintas o han evitado respaldar una solución predeterminada. En 2025, la resolución que apoyó negociaciones sobre la base de la propuesta marroquí obtuvo mayoría, pero las abstenciones y la ausencia de Argelia señalaron que el consenso era limitado. En 2026, los vetos cruzados hicieron imposible acordar incluso la continuidad de la misión.

Este tablero no convierte automáticamente la controversia en una disputa entre bloques. Sí muestra cómo una cuestión de descolonización puede quedar subordinada a alianzas, relaciones de seguridad, intereses comerciales y rivalidades regionales. La autodeterminación se mantiene en el lenguaje de las resoluciones; lo que se discute es si seguirá siendo un principio operativo o si será desplazada por una fórmula considerada más viable por los Estados con mayor influencia diplomática.

Dos proyectos y dos concepciones del proceso

La votación de octubre de 2026 no enfrentó simplemente a quienes querían mantener la misión con quienes deseaban cerrarla. Los proyectos sometidos al Consejo proponían renovarla, pero diferían sobre su orientación. El proyecto estadounidense planteaba extender el mandato por un año y cambiar el nombre de MINURSO a Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, eliminando la referencia al referéndum. También situaba la propuesta marroquí de autonomía en el centro de las negociaciones. Rusia presentó una renovación más directa del mandato existente.

Rusia vetó el proyecto estadounidense, al que reprochó que prejuzgara el resultado de las negociaciones. El proyecto ruso, por su parte, no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado y fue bloqueado por Estados Unidos. El resultado no fue una decisión afirmativa del Consejo de cerrar la misión, sino la incapacidad de sus miembros para acordar una renovación. La diferencia es esencial: el Consejo no resolvió que el conflicto hubiera terminado ni adoptó una solución sobre la soberanía del territorio; dejó expirar el mandato al no alcanzar un acuerdo sobre su continuación.

El episodio muestra hasta qué punto la disputa saharaui se ha convertido también en un conflicto sobre el funcionamiento de la diplomacia multilateral. Washington buscaba reorientar la misión y el proceso hacia una base negociadora más favorable al plan marroquí. Moscú se opuso a una fórmula que consideraba unilateral y defendió la continuidad del mandato previo. Pero el veto ruso no produjo un acuerdo alternativo: su texto tampoco reunió los apoyos necesarios. La consecuencia inmediata fue que, pese a las diferencias entre ambas potencias, ninguna consiguió preservar una presencia de paz bajo un mandato renovado.

La fractura del Consejo es, a la vez, resultado y multiplicador del problema. Cuando la renovación anual deja de ser un trámite negociado y pasa a convertirse en una pugna sobre el nombre, la misión y los términos de la solución, el mantenimiento de la vigilancia queda subordinado a la lucha por definir el desenlace político. La pregunta ya no es sólo si la MINURSO sirve; es si su existencia puede continuar sin que su renovación sea interpretada como un respaldo a una de las posiciones en disputa.

El precio de perder una presencia sobre el terreno

El Secretario General reconoció que la MINURSO había desempeñado un papel central en la vigilancia del alto el fuego y en la creación de condiciones para buscar una solución política. También advirtió del riesgo de una escalada y pidió máxima moderación a las partes. Cuando el mandato expiró, comenzó un período de liquidación para trasladar los activos de los países contribuyentes y disponer del equipo de la ONU.

La retirada no significa que cesen todas las actividades de Naciones Unidas. Staffan de Mistura puede seguir ejerciendo sus buenos oficios y la organización ha afirmado que continuará apoyando el diálogo. Pero una mediación política sin presencia operativa sobre el terreno enfrenta límites distintos. La misión proporcionaba canales de enlace, conocimiento directo de la situación y una capacidad institucional para observar incidentes y comunicarse con las partes. Su final puede hacer más difícil distinguir con rapidez entre hechos confirmados, acusaciones y versiones interesadas, precisamente cuando las tensiones militares siguen siendo motivo de preocupación.

La ausencia de observadores puede elevar el coste de verificar denuncias, reducir los canales de contacto y dejar menos mecanismos para desactivar incidentes. El riesgo no es sólo que aumenten los enfrentamientos, sino que éstos se produzcan en un entorno con menor información compartida y menos oportunidades de mediación inmediata.

La consecuencia más profunda es política. La MINURSO no había conseguido organizar el referéndum; su continuidad, sin embargo, mantenía visible la diferencia entre gestionar el conflicto y resolverlo. Sin esa misión, la comunidad internacional puede inclinarse aún más hacia la gestión diplomática de un statu quo: negociaciones periódicas, declaraciones sobre una solución mutuamente aceptable y una presencia cada vez menor en el territorio. El peligro es que la ausencia de guerra abierta se confunda con la existencia de una paz justa.

El referéndum pendiente y la cuestión del consentimiento

La defensa del derecho a la autodeterminación no obliga a anticipar una única fórmula institucional. La autonomía, la independencia u otras opciones pueden ser objeto de discusión política. Lo decisivo es que el resultado no se imponga antes de que la población concernida pueda expresarse libremente y que cualquier arreglo cuente con su consentimiento. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975 sigue siendo una referencia: los vínculos históricos alegados no eliminaban la necesidad de una expresión libre y auténtica de la voluntad de la población.

Ese principio plantea una exigencia doble. Por un lado, no basta con invocar la autodeterminación en los textos si no existe un procedimiento creíble para ejercerla. Por otro, una consulta no puede celebrarse sin resolver cuestiones prácticas y políticas que durante décadas han bloqueado el proceso: la identificación de los votantes, la participación de los refugiados, las garantías para las partes y la aceptación de los resultados. La dificultad de organizar un referéndum no convierte automáticamente una propuesta de autonomía en una solución legítima; obliga a buscar un mecanismo aceptable que preserve el derecho a decidir.

El estancamiento ha alimentado estrategias opuestas. Marruecos ha acumulado apoyos internacionales para su plan de autonomía y ha consolidado su administración de la mayor parte del territorio. El Polisario mantiene su reivindicación de independencia y rechaza que el resultado esté predeterminado. Argelia se opone a que el proceso abandone el marco de la descolonización. Mientras tanto, la población saharaui vive dividida entre el territorio y los campamentos de refugiados, y cada año adicional sin solución hace más difícil imaginar una negociación que no parta de hechos consumados.

Una liquidación no puede convertirse en una conclusión

La salida de la MINURSO plantea una pregunta inmediata: ¿qué mecanismo reemplazará sus funciones de observación y enlace? La liquidación administrativa de la misión no responde a esa pregunta. Tampoco puede sustituir a una negociación entre las partes ni resolver las divergencias de fondo. Si Naciones Unidas pretende seguir facilitando una solución política, deberá aclarar cómo mantendrá la comunicación con las partes, cómo obtendrá información fiable sobre la seguridad y qué garantías puede ofrecer para que las negociaciones no se reduzcan a legitimar una posición ya consolidada.

El Consejo de Seguridad conserva la capacidad de actuar, pero su división ha quedado expuesta. Una salida sostenible exigiría separar, en la medida de lo posible, dos discusiones que se volvieron inseparables en octubre: la continuidad de un instrumento de vigilancia y el resultado político final. Renovar una misión no equivale a aprobar una solución; cerrarla tampoco decide el estatus del territorio. Confundir esos planos convierte la presencia de la ONU en moneda de cambio y debilita su función de mediación.

La historia de la MINURSO es la de una promesa internacional que se fue reduciendo: de organizar un referéndum a vigilar un alto el fuego; de vigilar un alto el fuego a discutir si debía conservar su nombre; y de esa discusión a su cierre sin acuerdo sobre el futuro del territorio. El fracaso de la misión no demuestra que la autodeterminación sea inviable. Demuestra que, durante treinta y cinco años, los Estados no consiguieron acordar un camino para hacerla efectiva.

El fin de las operaciones no resuelve la descolonización del Sáhara Occidental. Al eliminar una presencia internacional que contribuía a observar la situación y mantener abierto el marco del plan de arreglo, puede hacer más difícil una solución justa y duradera. La ONU afirma que seguirá apoyando el diálogo. La prueba será si ese compromiso se traduce en instrumentos, garantías y negociaciones capaces de preservar la decisión libre del pueblo saharaui, en lugar de dejar que el equilibrio de poder sustituya al derecho a decidir.