Republicanos, RN, UDI y libertarios buscan reducir a $1.000 el presupuesto del INDH
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Parlamentarios de cuatro partidos oficialistas presentaron indicaciones para eliminar o reducir a una cifra simbólica el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las propuestas se extienden también al Museo de la Memoria y diversos sitios de memoria histórica. Sin embargo, una disposición del proyecto presupuestario podría impedir los recortes.
Una nueva controversia se abrió durante la tramitación del Presupuesto 2027. Parlamentarios del Partido Republicano, Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Nacional Libertario (PNL) presentaron indicaciones destinadas a eliminar o reducir a solo $1.000 los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Según una revisión de las indicaciones publicada por Emol, existen cinco propuestas que buscan suprimir o rebajar a una cifra simbólica el financiamiento del organismo, cuyo presupuesto proyectado para 2027 alcanza aproximadamente $17.000 millones.
Las iniciativas fueron suscritas por nueve parlamentarios: cuatro republicanos, tres de Renovación Nacional, uno del Partido Nacional Libertario y uno de la UDI.
Entre quienes han impulsado públicamente esta medida figuran los diputados Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao, de la bancada UDI. A fines de septiembre anunciaron que buscarían dejar al INDH con apenas $1.000, argumentando que la institución necesita una transformación profunda de su funcionamiento y gobernanza.
Los parlamentarios cuestionaron distintas actuaciones del Instituto, especialmente durante el estallido social de 2019, y sostuvieron que no corresponde mantener su financiamiento mientras no se realicen cambios estructurales.
La ofensiva presupuestaria coincide con la reforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast, que propone modificar la composición del Consejo del INDH, reducir su personal regional y eliminar su facultad para presentar querellas criminales.
Aunque el Ejecutivo ha señalado que su objetivo es reformar la institución y no eliminarla, sectores de los partidos que respaldan al Gobierno han defendido abiertamente su cierre o desfinanciamiento.
También buscan reducir los recursos destinados a la memoria histórica
Las indicaciones no se limitan al INDH.
Los diputados republicanos Agustín Romero, Fernando Ugarte y José Carlos Meza presentaron propuestas para reducir a $1.000 el financiamiento de la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuya asignación para 2027 contempla aproximadamente $2.600 millones.
Los mismos parlamentarios impulsaron iniciativas similares para el Fondo Programa Sitios de Memoria, Londres 38 Casa Memoria, la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume y la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua.
En conjunto, estas indicaciones apuntan a instituciones vinculadas con la preservación de la memoria sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y con las actividades de investigación, educación y conservación patrimonial.
De aprobarse y ejecutarse en los términos propuestos, las reducciones a montos simbólicos impedirían en la práctica sostener el funcionamiento habitual de las entidades afectadas.
Una protección legal podría impedir los recortes
Sin embargo, las indicaciones enfrentan un obstáculo jurídico importante.
La Dirección de Presupuestos clasificó los recursos del INDH como gastos establecidos por ley permanente. Esta condición, amparada en el artículo 67 de la Constitución, limita las facultades del Congreso para reducir o eliminar dichas asignaciones durante la tramitación presupuestaria.
Según informó La Tercera el 29 de octubre, esta calificación podría impedir que prosperen las indicaciones contra el financiamiento del Instituto. La medida constituye una protección jurídica que contrasta con las propuestas de desfinanciamiento formuladas por parlamentarios oficialistas.
Por ahora, ninguno de estos recortes ha sido aprobado. Las indicaciones deberán ser examinadas durante la discusión legislativa, incluida su admisibilidad constitucional.
El debate se produce en un momento especialmente sensible para el INDH, cuyo Consejo ha advertido que cualquier reforma debe garantizar la autonomía institucional, la protección efectiva de las víctimas y una presencia territorial suficiente.
La discusión presupuestaria abre así dos procesos paralelos: mientras el Ejecutivo busca modificar las atribuciones y estructura del Instituto, parlamentarios de los partidos oficialistas intentan reducir o eliminar sus recursos.
El resultado de ambos debates determinará no solo el financiamiento del organismo, sino también las condiciones en que podrá continuar desarrollando sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos en Chile.
