Quiroz reabre la puerta al capital privado en Codelco en medio de la crisis por cifras adulteradas
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El ministro de Hacienda propuso revisar la estructura de la principal empresa estatal chilena y explorar la participación de inversionistas privados en algunas divisiones. Las irregularidades en los registros de producción han intensificado una discusión que el propio Quiroz había planteado meses atrás. Diputados de oposición exigen conocer si existe un proyecto concreto y advierten sobre el riesgo de utilizar la crisis administrativa para modificar la propiedad de la cuprífera.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de incorporar capital privado a Codelco. Lo hizo el jueves 5 de noviembre, durante una junta extraordinaria de accionistas convocada para examinar las irregularidades detectadas en los registros de producción de la empresa estatal durante 2024 y 2025.
La reunión debía esclarecer cómo se habían informado miles de toneladas de cobre que no correspondían a producción efectiva. Sin embargo, la discusión terminó extendiéndose hacia un asunto de consecuencias mucho mayores: el modelo de administración, la estructura financiera y la eventual apertura de algunas divisiones de Codelco a inversionistas privados.
Quiroz sostuvo que era necesario aprovechar la instancia para examinar no solo los problemas productivos, sino también la gobernanza de la Corporación. Cuestionó la eficacia del modelo de directorios independientes aplicado a las empresas públicas y planteó la posibilidad de estudiar mecanismos alternativos de organización y financiamiento.
El ministro reconoció que modificar la estructura de propiedad de determinadas divisiones requeriría cambios constitucionales. No presentó un proyecto específico, pero invitó al directorio a considerar fórmulas que incluyeran participación privada.
La intervención no constituye una decisión de privatización. Sí representa una señal política: el Gobierno está dispuesto a discutir cambios en la estructura de Codelco que van más allá de corregir las irregularidades administrativas.
Una empresa con problemas de producción, costos y endeudamiento
Codelco atraviesa una situación compleja. La empresa enfrenta dificultades para recuperar sus niveles históricos de producción, costos crecientes, una elevada deuda y la necesidad de financiar grandes proyectos estructurales para prolongar la vida útil de sus yacimientos.
Según los resultados oficiales del primer semestre de 2026, la producción propia alcanzó 564.000 toneladas métricas finas de cobre, un 11% menos que en el mismo período de 2025.
La caída estuvo asociada principalmente a las restricciones operacionales de El Teniente, después del accidente ocurrido en 2025, además de menores resultados en Chuquicamata y Ministro Hales.
Los costos directos aumentaron un 6,7%, hasta 231,6 centavos de dólar por libra.
Sin embargo, el cuadro financiero presenta matices. Durante el mismo semestre, Codelco informó un EBITDA de US$4.648 millones, un 68% superior al del año anterior, y utilidades consolidadas de US$669 millones. Sus aportes al Fisco alcanzaron US$933 millones, un incremento del 15%.
La diferencia se explica, en buena medida, por el favorable precio internacional del cobre. La empresa está obteniendo mejores resultados financieros en un contexto de menor producción, lo que evidencia tanto la importancia de los precios externos como sus dificultades operacionales.
A ello se suma una deuda que se aproximaba a los US$25.000 millones al cierre de 2025, vinculada a las inversiones necesarias para modernizar las minas y a las obligaciones históricas de transferencia de recursos al Estado.
El Gobierno decidió este año permitir que Codelco capitalizara el 100% de las utilidades del último ejercicio. La medida busca reforzar su posición financiera y financiar inversiones prioritarias sin recurrir exclusivamente a nuevo endeudamiento.
En consecuencia, la discusión sobre capital privado no surge de una empresa sin ingresos ni perspectivas, sino de una compañía estratégica que enfrenta problemas de productividad, costos, financiamiento y gestión.
Las 42.100 toneladas que no se produjeron
El detonante inmediato de la junta extraordinaria fue la detección de irregularidades en los registros productivos.
Codelco informó preliminarmente que durante 2024 se reportaron 24.000 toneladas de cobre adicionales a las efectivamente producidas. En 2025, la sobreestimación neta alcanzó otras 18.100 toneladas.
En total, las cifras habrían sido incrementadas artificialmente en 42.100 toneladas.
Las anomalías se concentraron en registros vinculados a Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador. Entre los mecanismos identificados figuran la duplicación de producción entre divisiones, la contabilización como cobre terminado de materiales que todavía estaban en proceso y el traslado arbitrario de producción entre ejercicios.
El impacto contable preliminar se estima entre US$120 millones y US$140 millones. Las cifras también habrían afectado el cálculo de determinados bonos e incentivos pagados a trabajadores y ejecutivos.
No se trata necesariamente de cobre físico desaparecido, sino de registros de producción adulterados, con consecuencias financieras y administrativas que todavía deben establecerse definitivamente.
La empresa encargó revisiones externas a KPMG y EY, además de investigaciones internas. Los resultados finales permitirán precisar responsabilidades y cuantificar los perjuicios.
Durante la junta, Quiroz sostuvo que el engaño había alcanzado niveles superiores de la administración. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, informó que algunos directores habían advertido anomalías en los registros y solicitado explicaciones.
La investigación deberá determinar quiénes participaron en las alteraciones, quiénes las conocieron y por qué los mecanismos de control no consiguieron impedirlas.
Pero mientras esas responsabilidades siguen bajo examen, el Gobierno ya está planteando una discusión estructural sobre el futuro de la compañía.
Una idea que Quiroz había planteado antes de las irregularidades
La posibilidad de incorporar capital privado a Codelco no apareció por primera vez en noviembre.
En abril de 2026, durante la junta ordinaria de accionistas, Quiroz había expresado preocupación por el desempeño de la Corporación. Cuestionó que, después de inversiones multimillonarias, la producción hubiese disminuido significativamente.
En aquella oportunidad, sin embargo, señaló que la prioridad gubernamental era mejorar los resultados de la empresa. También recordó que la propiedad de Codelco estaba protegida constitucionalmente y que cualquier modificación requeriría una decisión nacional que trascendiera a un gobierno determinado.
El debate cambió de intensidad en julio, cuando el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, planteó públicamente la conveniencia de abrir la empresa a inversionistas privados.
El Gobierno tomó distancia de una privatización total. Pero Quiroz dejó abierta una posibilidad que ahora adquiere mayor relevancia.
El 29 de julio afirmó que el Ejecutivo buscaría asociaciones y eventualmente aportes de capital privado, siempre que Codelco permaneciera bajo control estatal.
En agosto, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, reiteró que no existía un plan para que el Estado perdiera el control de la empresa, aunque defendió la posibilidad de incorporar inversionistas privados en proyectos específicos.
Las declaraciones de noviembre representan, por tanto, una continuidad de esa posición, pero también un cambio en el contexto de la discusión. Ahora el ministro menciona expresamente mecanismos alternativos para algunas divisiones, vinculando el debate con las dificultades financieras, los problemas de gestión y las irregularidades recientemente descubiertas.
Existe, además, un antecedente político relevante. En agosto, La Tercera informó que la incorporación de capital privado a empresas estatales se discutía en sectores del Gobierno desde antes de su instalación, aunque sus promotores reconocían importantes obstáculos políticos para concretarla.
La crisis contable no creó, entonces, la idea de abrir Codelco a inversionistas. Esa posibilidad ya formaba parte del debate gubernamental.
¿Modernización o privatización parcial?
La distinción es importante porque bajo la expresión «participación privada» pueden agruparse operaciones muy diferentes.
Codelco ya mantiene asociaciones con empresas privadas y participaciones minoritarias en otros proyectos mineros. También puede desarrollar determinadas pertenencias mediante mecanismos de asociación previstos en la legislación.
Una cosa es establecer una sociedad para explotar un nuevo yacimiento. Otra, vender una participación que la Corporación posee en una empresa distinta. Y otra muy diferente es abrir a inversionistas privados la propiedad de divisiones que actualmente pertenecen íntegramente al Estado.
Esta última alternativa tendría consecuencias sobre la distribución de utilidades, el control de los activos y la capacidad de decisión pública sobre recursos estratégicos.
También plantea obstáculos constitucionales, especialmente respecto de los yacimientos provenientes de la nacionalización del cobre de 1971.
Los defensores de incorporar capital privado sostienen que permitiría financiar inversiones, reducir la dependencia del endeudamiento y aportar nuevas capacidades de gestión.
Quienes cuestionan esa alternativa advierten que podría significar transferir a inversionistas una parte de las rentas futuras de activos construidos y financiados por el Estado, sin resolver necesariamente los problemas de administración que hoy enfrenta Codelco.
La discusión exige, por tanto, algo más que una declaración de principios. Requiere identificar activos, evaluar su valor económico, establecer las condiciones de participación y determinar qué ingresos dejaría de percibir eventualmente el Fisco.
Hasta ahora, el Gobierno no ha presentado públicamente un proyecto con esas características.
Diputados exigen explicaciones
Las declaraciones de Quiroz provocaron una reacción parlamentaria.
Los diputados José Antonio Rivas, del Partido Socialista, y Valentina Cáceres, del Frente Amplio, enviaron oficios a Codelco, Hacienda, Minería y la Comisión Chilena del Cobre para solicitar antecedentes sobre una eventual incorporación de capital privado.
Los parlamentarios pidieron conocer si existe una propuesta formal, cuáles serían las divisiones involucradas y si ya se han sostenido conversaciones con potenciales inversionistas.
También solicitaron información sobre la reciente visita del empresario estadounidense Bill Gates a Chuquicamata, incluida la posibilidad de que se hayan abordado acuerdos comerciales o proyectos de inversión.
No existen antecedentes públicos verificados que vinculen esa visita con un proyecto de privatización. Precisamente por ello, los diputados pidieron que se aclararan sus objetivos y eventuales resultados.
Rivas advirtió que las irregularidades administrativas no deberían convertirse en una justificación para debilitar el patrimonio estatal. Cáceres sostuvo que los hechos deben investigarse y sancionarse, pero rechazó que sirvan como fundamento para avanzar hacia una privatización.
Desde otro sector político, parlamentarios de Renovación Nacional, Evópoli e independientes solicitaron al Consejo de Defensa del Estado evaluar acciones judiciales contra quienes resulten responsables de las adulteraciones productivas y de los posibles perjuicios económicos.
Ambas iniciativas coinciden en exigir responsabilidades por las irregularidades, aunque expresan preocupaciones distintas respecto de sus consecuencias.
La discusión que comienza
El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, ha señalado que la prioridad inmediata es recuperar la producción, controlar los costos y mejorar la rentabilidad de Codelco. Para 2027 prevé estudiar cambios más profundos en la estructura de la Corporación.
Por ahora no existe una propuesta formal de privatización parcial, ni se han anunciado divisiones que serían abiertas al capital privado.
Sin embargo, las declaraciones de Quiroz muestran que esa posibilidad ya está siendo discutida desde el Ministerio de Hacienda.
La pregunta central es si los problemas de gestión y las irregularidades detectadas conducirán a fortalecer los controles y la capacidad de inversión de la empresa pública, o si también abrirán paso a una modificación de su propiedad.
No hay antecedentes suficientes para afirmar que las irregularidades hayan sido utilizadas deliberadamente para impulsar una privatización. Sí está documentado que el Gobierno ha relacionado la crisis de Codelco con la necesidad de revisar su estructura y explorar nuevas formas de financiamiento.
La diferencia es fundamental.
Codelco no es solamente una empresa minera. Es una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país y un activo estratégico cuya propiedad está vinculada a una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia chilena: la nacionalización del cobre.
Por eso, cualquier modificación de su estructura requiere una discusión pública que vaya más allá de las necesidades financieras inmediatas y de las responsabilidades por los registros adulterados.
Lo que está en debate no es únicamente cómo recuperar la producción, sino también quién controlará los beneficios de esa recuperación en las próximas décadas.
