La maniobra de Kast y Quiroz: las cifras infladas de Codelco como pretexto para privatizar el cobre
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La producción inflada (la derecha habla de “fraude”) de Codelco es real: lo reconoce la propia empresa. Lo discutible es la conclusión del gobierno de Kast: entregarla por partes a empresas privadas justo cuando el cobre vale más que nunca. Una salida democrática: vigilarlo, no venderlo. Pero unas cifras infladas no pueden ser pretexto para vender. La pregunta es otra: ¿por qué entregar Codelco a privados en plena fiebre mundial del cobre? Según el vespertino galo de referencia Le Monde, la tonelada subió casi 30 % en un año, y la Agencia Internacional de la Energía prevé que en 2035 la demanda supere en 25 % la oferta. Sebastián Claro, exvicepresidente del Banco Central, anuncia «un ciclo de precio del cobre alto». Vender ahora es renunciar a esa renta; hacerlo en plena crisis de reputación, malbaratarla.
El jueves 5 de noviembre, en la junta de accionistas de Codelco, cuyo único dueño es el Estado, el directorio informó que la producción de 2024 y 2025 se había inflado en 42.100 toneladas. Su presidente, Bernardo Fontaine, operador de la derecha neoliberal —exvicepresidente de Citibank Chile, líder de la campaña «Con mi plata no» en defensa de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), vocero del Rechazo en 2022 y hombre de la campaña de José Antonio Kast—, apuntó a la administración anterior: Máximo Pacheco, presidente del directorio, y Rubén Alvarado, presidente ejecutivo. El director Alfredo Moreno, también hombre de la derecha —canciller y ministro de Sebastián Piñera, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la cúpula del gran empresariado, nombrado en el directorio por Gabriel Boric en 2025 y mantenido por el gobierno de Kast—, señaló que, «aparentemente», participaron personas de control de gestión y de operaciones; el entonces gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, fue despedido en mayo. Las investigaciones siguen abiertas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se dijo «muy, muy preocupado» de que el «engaño» hubiera llegado «tan alto», y sacó su conclusión: pensar «mecanismos alternativos en algunas divisiones», sus grandes minas, y «tal vez espacios de capital privado». La Federación de Trabajadores del Cobre ya había advertido en julio que no acepta que Codelco se use en el debate político, y opone a su privatización un «categórico y absoluto rechazo». Y Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a los trabajadores de empresas contratistas, advirtió en agosto que privatizar sería «el golpe final» de la desnacionalización.
Codelco nació en 1976 de las minas que el Congreso nacionalizó por unanimidad en 1971, arrebatadas a las estadounidenses Anaconda y Kennecott. La dictadura de Augusto Pinochet no la vendió: la Ley Reservada del Cobre destinaba a las Fuerzas Armadas el 10 % de sus ventas al exterior. Durante décadas entregó casi todas sus ganancias al Fisco y, para invertir, tuvo que endeudarse. Así acumuló una deuda de más de US$25.000 millones. Aldo Binimelliz, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, lo resume: «todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco».
La producción inflada es grave, pero hay que medirla: unas 21.000 toneladas por año, menos del 2 % de la producción. Su efecto contable, hasta US$140 millones, no llega a la décima parte de lo que Codelco aportó al Fisco en 2025. El director de Codelco Ricardo Álvarez recordó la «fuerte presión» de Máximo Pacheco, presidente del directorio bajo Gabriel Boric, por cumplir la meta. Las cifras aún son preliminares: las auditoras KPMG y EY siguen revisando las cuentas. Y el primer caso salió a la luz en enero, bajo la propia administración de Pacheco: «la tercera línea de defensa» funcionó, dijo el director Eduardo Bitrán. Las cifras infladas no son un invento del gobierno, pero tampoco las descubrió él.
El gobierno promete que el Estado mantendrá el control: Quiroz dijo en julio que Codelco «nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado». Pero el control se pierde por tajadas. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quiere vender activos «prescindibles». Fontaine, presidente del directorio desde mayo, estudiará en 2027 «cambios en la estructura». Un proyecto oficialista busca sacar del directorio a los representantes de los trabajadores. «Mecanismos alternativos»,«espacios de capital privado», activos «prescindibles», «cambios en la estructura»: cuatro eufemismos para una sola palabra que nadie en el gobierno se atreve a pronunciar, privatizar.
¿Por qué tanta prisa? Porque el tiempo juega en contra del gobierno. Según Criteria, el 1 de noviembre Kast tenía apenas 25 % de aprobación y 65 % de rechazo, su peor cifra desde que asumió en marzo. Y a fines de julio, la encuestadora Descifra registró que el 75 % de los chilenos quiere que Codelco siga siendo 100 % estatal. Sin apoyo ciudadano, el gobierno apura una operación que solo puede beneficiar a la oligarquía minera, chilena y extranjera, antes de que las urnas se lo impidan.
Nadie ha dicho quién compraría. Las candidatas naturales son las gigantes que ya operan aquí: BHP, Anglo American, Glencore o la estadounidense Freeport-McMoRan, dueña de 51 % de El Abra, con Codelco como socia. Y en casa está el grupo Luksic: controla el 65 % de Antofagasta plc, dueña de Los Pelambres y Centinela, y su fortuna es la mayor de Chile, según Forbes. Buena parte de ella es renta del cobre hecha patrimonio familiar. El diputado comunista Luis Cuello exige saber «qué intereses están detrás». Cuando lo público se vende por partes y sin debate, el olor a negociado no es una sospecha gratuita: es la memoria de las privatizaciones de la dictadura en los años ochenta.
No es una alarma solo de izquierda. Chile Vamos también se declaró en julio contra la privatización de Codelco. Juan Ignacio Guzmán, consultor minero, juzga que vender ahora sería «un error político y económico». Y Óscar Landerretche, socialista y expresidente de Codelco, defensor de la gestión anterior, advirtió en abril que el gobierno preparaba «el argumento para privatizar una parte».
Nuestra tesis: la producción inflada se corrige con más control público, no con menos Estado. Por lo que se sabe, los responsables están en la gerencia, no entre los trabajadores de las minas. Vender las divisiones a privados sería entregarles la renta de la bonanza y dejarle al Estado la deuda, los relaves y los yacimientos envejecidos.
El gobierno habla de poner orden. En tiempos convulsos, con Washington y Beijing disputándose los minerales críticos y aranceles que cambian de un mes a otro, el verdadero orden se llama soberanía económica: que un país decida qué hace con su principal riqueza. El economista Manuel Riesco lo escribió en junio: defender Codelco «es un asunto de primer orden de seguridad nacional». Por eso protegerla es lo mínimo. Un programa de izquierda debería ir más lejos y reabrir la renacionalización del cobre que la ley minera de 1982 entregó por tiempo indefinido y que los gobiernos de la Concertación dejaron crecer en manos privadas, hasta sumar tres cuartos de la producción. Eso no lo hará ningún ministro por sí solo: requiere un pueblo movilizado, dispuesto a defender lo que Salvador Allende llamó «el sueldo de Chile», y no las ganancias de las multinacionales del cobre ni los miles de millones de los Luksic.
No por nostalgia de 1971, sino con números: entre 1988 y 2018, según el economista Benjamín Leiva, nueve grandes mineras retuvieron cerca del 60 % de la renta del cobre. Julián Alcayaga, economista y abogado, sostiene que, si la Constitución da al Estado el dominio absoluto de las minas, bastaría un decreto para recuperar las concesiones sin indemnizar a nadie. Otros juristas responden que la ley de 1982 obliga a pagarlas según el valor presente de sus ganancias futuras. Ese es el debate que Quiroz no quiere abrir.
Hay salida democrática: un Consejo de Vigilancia del Cobre. A diferencia de la Comisión Chilena del Cobre, que depende del gobierno de turno, sería autónomo: geólogos, auditores, economistas de universidades públicas, representantes de los trabajadores y de las comunidades mineras, elegidos por concurso y ratificados por el Senado. Tendría acceso a toda la información, publicaría informes y su visto bueno sería obligatorio para vender activos o asociarse.
Y una exigencia política: que ninguna división de Codelco, ni una sola participación, se venda o se entregue a privados sin una ley votada en el Congreso. Y si el gobierno insiste en cambiar la Constitución, como el propio Quiroz admite que haría falta, que lo someta a plebiscito. En 1971, Chile decidió de quién es el cobre. Si el ministro cree que la respuesta cambió, debe preguntárselo de nuevo a los chilenos.
Leopoldo Lavín Mujica
