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La Comisión de Trabajo del Senado aprobó por tres votos contra dos la idea de legislar una nueva modalidad de contratación que permitirá distribuir hasta 30 horas semanales según las necesidades de las empresas. El Ejecutivo sostiene que facilitará la formalización laboral y ofrecerá oportunidades a jóvenes y mujeres. Sin embargo, la iniciativa plantea interrogantes sobre la estabilidad de los ingresos, la disponibilidad exigida a los trabajadores y el riesgo de sustituir empleos más estables por contratos flexibles.

El gobierno de José Antonio Kast consiguió esta semana un primer avance legislativo en una de sus propuestas más relevantes para modificar las relaciones laborales en Chile. El miércoles 11 de noviembre, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó, por tres votos a favor y dos en contra, la idea de legislar un proyecto que crea una nueva modalidad de contratación por horas, con jornadas variables y remuneraciones vinculadas al tiempo efectivamente requerido por las empresas.

La iniciativa, impulsada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, forma parte de una agenda de adaptabilidad laboral que el Ejecutivo presenta como respuesta al desempleo y a las dificultades para incorporar nuevos trabajadores al mercado formal.

La propuesta busca facilitar contrataciones en actividades donde la demanda fluctúa, como el comercio, la gastronomía, los servicios y la organización de eventos. También pretende ofrecer alternativas a jóvenes, estudiantes y personas que deben compatibilizar el empleo con responsabilidades familiares.

Pero el proyecto abre una discusión que va más allá de las modalidades de jornada. En el centro está una pregunta sobre la distribución de los riesgos económicos: cuando una empresa necesita trabajadores solo durante determinados períodos, ¿quién debe asumir el costo de las horas en que no existe suficiente actividad?

La respuesta que propone el Gobierno combina flexibilidad empresarial con garantías parciales de ingresos. Sus críticos advierten que esas protecciones podrían resultar insuficientes para quienes dependen de un salario regular para sostener sus hogares.

Qué propone el contrato por horas

El proyecto contempla contratos de hasta 30 horas semanales o 120 mensuales, cuya distribución podrá variar de acuerdo con las necesidades del empleador y las condiciones establecidas entre las partes.

A diferencia de una jornada parcial tradicional, que contempla horarios previamente definidos, esta modalidad permitirá convocar al trabajador a determinados turnos dentro del número de horas pactadas.

Según las indicaciones anunciadas por el Ministerio del Trabajo, los empleadores deberán comunicar los turnos con al menos 72 horas de anticipación. Cada convocatoria tendrá una duración mínima de tres horas continuas.

Si el trabajador no es convocado para completar todas las horas contratadas, recibirá una remuneración equivalente al 75% del valor de las horas no utilizadas. En cambio, si la empresa cancela o modifica un turno con menos de 72 horas de anticipación, deberá pagar el 100% de las horas correspondientes.

El proyecto contempla también un descanso mínimo de doce horas continuas dentro de cada período de 24 horas y prohíbe las cláusulas de exclusividad, de modo que una persona pueda trabajar para más de un empleador.

Las empresas deberán mantener registros de convocatorias, modificaciones, aceptaciones y rechazos, disponibles para la fiscalización de la Dirección del Trabajo.

El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones permitirán incorporar flexibilidad sin eliminar derechos como las cotizaciones previsionales, la cobertura de salud y el seguro de cesantía.

No obstante, estas reglas todavía pueden modificarse durante la tramitación parlamentaria. La aprobación del miércoles fue únicamente en general y el proyecto permanece en su primer trámite constitucional.

Cuánto podría ganar un trabajador

La garantía del 75% constituye uno de los aspectos más importantes de la propuesta.

Supongamos que una trabajadora acuerda una jornada de veinte horas semanales, con una remuneración de $5.000 por hora. Si trabaja las veinte horas, recibe $100.000 brutos por esa semana.

Pero si la empresa la convoca solamente durante doce horas, el cálculo cambia.

En este caso, la trabajadora recibiría $10.000 menos que si hubiera cumplido todas las horas pactadas. La reducción no parece enorme en términos porcentuales, pero puede resultar significativa para una persona con ingresos bajos y gastos mensuales fijos.

Además, aunque la empresa no la convoque, esa persona debe mantener cierta disponibilidad para responder a los turnos que se le asignen.

La posibilidad de trabajar para distintos empleadores ofrece una alternativa, pero coordinar horarios variables entre dos o más empresas puede resultar difícil, especialmente cuando existen responsabilidades de cuidado, estudios o largos desplazamientos.

El ejemplo muestra que la garantía del 75% reduce la incertidumbre respecto de un sistema en que solo se paga el tiempo efectivamente trabajado, pero no la elimina.

La apuesta del Gobierno: formalizar el empleo

El ministro Tomás Rau ha defendido la propuesta señalando que no equivale a los llamados contratos de cero horas, utilizados en algunos países, donde el empleador no garantiza una cantidad mínima de trabajo.

En la iniciativa chilena, por el contrario, debe existir un número de horas pactadas y una compensación cuando estas no se utilizan.

El Ejecutivo argumenta que esta modalidad permitirá formalizar relaciones laborales que actualmente funcionan mediante acuerdos informales, pagos por jornada o contrataciones ocasionales.

La propuesta adquiere relevancia en un escenario de elevado desempleo. Durante el trimestre julio-septiembre de 2026, la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,8%, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Para el Gobierno, ampliar las alternativas contractuales podría incentivar a las empresas a contratar personas que actualmente permanecen fuera del mercado laboral.

También sostiene que una jornada adaptable puede favorecer a estudiantes y personas con responsabilidades familiares que no disponen de tiempo para cumplir horarios tradicionales.

Sin embargo, estas ventajas dependerán de cómo se aplique la modalidad. Un contrato flexible puede facilitar la incorporación de trabajadores a la formalidad, pero también podría utilizarse para reorganizar puestos que actualmente cuentan con horarios e ingresos más previsibles.

El proyecto deberá demostrar que sus incentivos favorecen la creación de empleo y no solamente una modificación de las condiciones de contratación existentes.

La frontera entre flexibilidad y precariedad

La principal controversia consiste en determinar si la adaptabilidad beneficia de manera equilibrada a empleadores y trabajadores.

Para una empresa, disponer de personal en los momentos de mayor actividad permite reducir costos asociados a períodos de baja demanda. En sectores como la gastronomía o el comercio, donde las ventas pueden variar considerablemente durante una semana, esta posibilidad resulta atractiva.

Para el trabajador, en cambio, la variación de horarios puede significar dificultades para organizar su vida cotidiana.

Una persona que conoce con certeza sus días y horas de trabajo puede planificar sus desplazamientos, estudios, responsabilidades familiares y gastos. Cuando esos horarios dependen de convocatorias periódicas, la organización se vuelve más compleja.

El aviso previo de 72 horas constituye una protección frente a cambios inesperados. Sin embargo, tres días pueden ser insuficientes para coordinar determinadas obligaciones familiares o compromisos con otro empleador.

Existe además una cuestión económica: la flexibilidad puede distribuir de manera desigual los beneficios de la actividad productiva.

Si las ventas aumentan, la empresa convoca más horas y amplía su producción. Si disminuyen, reduce las convocatorias y paga una compensación parcial por el tiempo no utilizado.

El trabajador conserva una garantía de ingresos, pero absorbe una parte de la variación de la demanda empresarial.

Esto no significa que todos los contratos por horas conduzcan necesariamente a empleos precarios. Para algunas personas, una jornada variable puede representar una oportunidad que se adapta mejor a sus necesidades.

La diferencia estará en las condiciones reales de contratación, en la posibilidad efectiva de rechazar turnos adicionales y en la capacidad de negociar sin temor a perder oportunidades futuras de trabajo.

Una discusión sobre derechos laborales

La iniciativa también obliga a examinar cómo se aplicarán los derechos laborales asociados a las remuneraciones y las jornadas.

El Gobierno asegura que se mantendrán las cotizaciones previsionales, la cobertura de salud y el seguro de cesantía. Pero la cuantía de esas cotizaciones dependerá de las remuneraciones imponibles que reciba cada trabajador.

Por ello, una mayor formalización no garantiza automáticamente ingresos suficientes ni una protección previsional equivalente a la de empleos con jornadas más extensas.

Otro asunto es la fiscalización.

El registro obligatorio de convocatorias y horas trabajadas podría facilitar la labor de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, su eficacia dependerá de la capacidad de verificar que los horarios se comuniquen oportunamente, que las cancelaciones sean remuneradas y que los trabajadores no sufran represalias por rechazar convocatorias fuera de las condiciones pactadas.

La iniciativa también deberá precisar los mecanismos para impedir que se utilicen contratos por horas como sustitutos de relaciones laborales que requieren jornadas estables.

La legislación laboral chilena ya contempla contratos de jornada parcial. La novedad no es, por tanto, la posibilidad de trabajar menos horas, sino la distribución variable de esas horas mediante convocatorias.

Esa diferencia es precisamente el centro de la controversia.

Un primer avance legislativo

El proyecto tiene una historia anterior al actual Gobierno.

Fue presentado en julio de 2018, mediante una moción parlamentaria que permaneció durante años sin avances sustantivos. En junio de 2026, el Ejecutivo decidió reactivar su discusión y le otorgó urgencia simple.

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar el miércoles 11 de noviembre por tres votos contra dos.

Votaron favorablemente Andrea Balladares, Arturo Squella y Luciano Cruz-Coke. Se opusieron Daniel Núñez y Gastón Saavedra.

Durante la sesión, la comisión escuchó a representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio y del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, reflejando la existencia de posiciones diferentes sobre los efectos de la iniciativa.

El plazo para presentar indicaciones vence el martes 24 de noviembre, mientras que su discusión en particular está prevista para el día siguiente.

Por tanto, las disposiciones específicas todavía no están cerradas y pueden experimentar modificaciones antes de llegar a la Sala del Senado.

Uno de los puntos que requiere especial atención es la remuneración mínima por hora. La información oficial difundida por el Ministerio del Trabajo no es completamente uniforme: mientras su comunicado más reciente señala como piso el valor hora del ingreso mínimo, una explicación anterior del mismo ministerio alude al doble de ese valor. La redacción definitiva deberá aclararse durante la discusión de las indicaciones.

¿Más empleos o empleos más inestables?

El debate sobre los contratos por horas se desarrolla en un contexto en que la economía chilena enfrenta dificultades para generar suficientes puestos de trabajo.

El Gobierno apuesta por reducir las barreras de contratación y ampliar las alternativas de empleo formal. Sus críticos plantean que flexibilizar las jornadas no resuelve necesariamente las causas del desempleo, relacionadas también con el crecimiento económico, la inversión, la productividad y la estructura del mercado laboral.

La evidencia que permita resolver esta discusión deberá considerar varios indicadores: cuántos empleos adicionales se crean, cuántos trabajadores pasan de la informalidad a la formalidad, qué remuneraciones reciben y cómo evolucionan sus condiciones laborales.

También será necesario observar si las empresas utilizan la modalidad principalmente para nuevas contrataciones o si se produce una sustitución de empleos existentes.

Para quienes buscan trabajo, una contratación por horas puede representar una oportunidad de ingreso y acceso a protección social. Para quienes necesitan un salario mensual estable, la misma modalidad puede introducir nuevas incertidumbres.

El desafío legislativo consiste en establecer garantías que permitan aprovechar las ventajas de la flexibilidad sin trasladar desproporcionadamente a los trabajadores las fluctuaciones del negocio.

En definitiva, la discusión no debería reducirse a una oposición abstracta entre modernización y protección laboral. Lo que está en juego es el tipo de empleo que Chile pretende promover y la manera en que se distribuyen los riesgos entre empresas y trabajadores.

La pregunta decisiva no es solamente cuántos contratos podrán firmarse, sino qué ingresos, derechos y condiciones de vida garantizarán esos contratos.

Redacción El Clarín