Poder y Política Portada

Acuerdo camionero supera primera votación: Dipres calcula un costo de US$820 millones y Consejo Fiscal advierte riesgos para las cuentas públicas

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 23 segundos

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto que materializa el acuerdo entre el Gobierno y los transportistas. El mayor gasto se concentrará en 2027, mientras persisten las dudas sobre su financiamiento, la acelerada tramitación legislativa y la ausencia de garantías de que las rebajas del diésel se traduzcan en menores precios para los consumidores.

 

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Antonio Kast y dirigentes del transporte de carga ha entrado en una nueva etapa. Después de poner término al paro de camioneros, el Ejecutivo debe conseguir que el Congreso apruebe las medidas comprometidas y explicar cómo financiará un paquete cuyo costo fiscal estimado alcanza los US$820 millones.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la iniciativa con 13 votos favorables. El proyecto quedó en condiciones de ser examinado por la Sala, aunque al cierre de esta información no había confirmación oficial de su votación en el pleno.

La aprobación en comisión constituye el primer paso legislativo de un acuerdo que el Ejecutivo pretende transformar en ley mediante una tramitación extraordinariamente rápida.

Sin embargo, las interrogantes económicas y políticas que rodean el pacto están lejos de resolverse.

El nuevo informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres) estima un costo acumulado de $820.587 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a US$820 millones. La cifra supera la estimación de US$700 millones comunicada previamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y muestra que los compromisos asumidos tienen un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

La mayor parte de ese costo se concentrará en 2027, precisamente cuando el Gobierno busca cumplir sus objetivos de consolidación fiscal y tramita un presupuesto que contempla restricciones en diversas áreas del gasto público.

Un compromiso fiscal que se extiende hasta 2028

El informe financiero sustitutivo presentado por Dipres distribuye el costo del acuerdo de la siguiente manera:

AñoCosto estimado
2026$278.827 millones
2027$523.411 millones
2028$18.349 millones
Total$820.587 millones

Las cifras corresponden a millones de pesos chilenos y están sujetas a las condiciones económicas y a los supuestos utilizados en la estimación.

El gasto previsto para 2027 representa cerca del 64% del costo total del paquete.

Esta distribución es especialmente relevante porque el Ejecutivo deberá compatibilizar los compromisos adquiridos con los transportistas con las demás obligaciones del Estado.

La negociación, inicialmente presentada como una respuesta al encarecimiento de los combustibles, ha terminado por generar un compromiso fiscal que se proyecta más allá del año en curso.

El problema no es únicamente el monto. También importa establecer de dónde provendrán los recursos.

Según los antecedentes entregados por Hacienda, el financiamiento del primer año considera recursos del Tesoro Público, mientras que los gastos de los ejercicios siguientes deberán contemplarse en las respectivas leyes de Presupuestos. Parte de los menores ingresos tributarios se compensaría mediante la venta de activos disponibles del Tesoro.

Esto deja abierta una pregunta central: ¿qué efectos tendrá el acuerdo sobre las prioridades de gasto del próximo año?

No existe hasta ahora información suficiente para afirmar que se recortará una partida específica para financiarlo. Pero tampoco se ha presentado públicamente un desglose que permita conocer con precisión qué programas o recursos fiscales absorberán sus efectos.

El Consejo Fiscal Autónomo advierte sobre los riesgos

Las preocupaciones no provienen solamente de parlamentarios de oposición.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo encargado de contribuir al manejo responsable de las finanzas públicas, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el acuerdo en el cumplimiento de las metas fiscales.

En antecedentes conocidos este lunes, el organismo recomendó examinar escenarios alternativos de precios internacionales del petróleo y evaluar cuidadosamente el financiamiento de las medidas.

La advertencia apunta a una variable fundamental: el costo efectivo de contener los precios de los combustibles dependerá de su evolución en los mercados internacionales.

Si el petróleo se mantiene elevado o registra nuevas alzas, las necesidades de financiamiento podrían diferir de las estimaciones iniciales.

La situación adquiere mayor relevancia porque el propio ministro Quiroz ha reconocido dificultades para alcanzar las metas de crecimiento económico de 2026, entre otros factores por el menor desempeño de la actividad minera.

Un crecimiento inferior al proyectado puede afectar la recaudación tributaria y reducir el margen disponible para asumir nuevos compromisos.

En consecuencia, el acuerdo camionero se incorpora a una discusión más amplia sobre la sostenibilidad del gasto público y las prioridades presupuestarias del Gobierno.

Una tramitación acelerada y con escaso margen de discusión

El oficialismo ha defendido la necesidad de aprobar rápidamente el proyecto para cumplir el compromiso adquirido con los dirigentes camioneros y evitar nuevas alteraciones del abastecimiento y del transporte.

La iniciativa ingresó con urgencia de discusión inmediata y se programó su examen en la Comisión de Hacienda para este lunes. El propósito del Ejecutivo es que ambas cámaras completen su tramitación en un plazo excepcionalmente breve.

La oposición ha cuestionado la velocidad del procedimiento y la posibilidad de introducir modificaciones sustantivas a un acuerdo negociado previamente entre el Gobierno y representantes gremiales.

El punto no es menor. El Congreso debe pronunciarse sobre un compromiso fiscal de cientos de millones de dólares, cuyos efectos se extenderán durante tres ejercicios presupuestarios.

Además, el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado precisamente que la discusión legislativa examine distintos escenarios de precios y el detalle de su financiamiento.

Una aprobación rápida puede responder a la necesidad de resolver una situación urgente. Pero esa urgencia no elimina la responsabilidad parlamentaria de revisar el alcance económico de las medidas.

¿Bajarán los precios de los alimentos?

Una de las principales interrogantes del acuerdo es su efecto real sobre los consumidores.

La rebaja del diésel reduce directamente uno de los costos de operación del transporte de carga. Sin embargo, no existe una relación automática entre esa disminución y el precio final de los alimentos, artículos de aseo y otros bienes de consumo cotidiano.

Los precios de estos productos dependen de numerosos factores: producción, almacenamiento, distribución, comercialización y márgenes de las empresas que intervienen en cada etapa.

Cuando aumenta el combustible, los mayores costos pueden trasladarse a las tarifas de transporte y posteriormente a los precios de venta. Pero cuando el combustible baja, la reducción no necesariamente recorre el mismo camino ni con la misma velocidad.

Las empresas transportistas podrían utilizar parte del ahorro para recuperar márgenes afectados por los aumentos anteriores. Los distribuidores y comerciantes también podrían mantener sus precios, especialmente cuando las condiciones de competencia no los obligan a modificarlos.

Esto significa que una rebaja financiada con recursos públicos puede beneficiar directamente a las empresas transportistas sin traducirse en un ahorro equivalente para los consumidores.

El proyecto contempla mecanismos para contener los precios de los combustibles y ampliar beneficios tributarios al transporte, pero no establece una obligación general de reducir las tarifas de fletes ni los precios finales de los productos.

No es posible afirmar de antemano que los precios de los alimentos permanecerán inalterados. Algunos podrían bajar, otros mantenerse y otros seguir aumentando por factores independientes del combustible.

Lo que sí puede establecerse es que el acuerdo no garantiza que el beneficio fiscal se traslade íntegramente a los hogares.

Esta distinción resulta particularmente importante en un escenario de dificultades económicas y preocupación ciudadana por el costo de la vida.

Beneficios tributarios para empresas de distinto tamaño

El proyecto contempla además una modificación transitoria de los porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel para las empresas de transporte de carga.

La escala propuesta establece una devolución del 90% para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 6.000 UF, del 65% para aquellos con ingresos superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF, y del 50% para las empresas que superen ese último umbral.

El costo estimado de esta medida asciende a $63.233 millones durante 2027.

Aunque los porcentajes favorecen proporcionalmente a las empresas de menor facturación, el monto absoluto que recibirá cada beneficiario dependerá de su consumo de combustible.

Por esa razón, para evaluar la distribución efectiva del apoyo público sería necesario conocer cuántas empresas se encuentran en cada tramo, cuánto combustible utilizan y qué volumen de recursos recibirá cada grupo.

El proyecto también incorpora beneficios para el transporte público rural, interurbano e internacional de pasajeros, mediante un aumento transitorio del reintegro parcial de peajes y un crédito tributario.

Estas medidas amplían el alcance del paquete, aunque no resuelven las preguntas sobre su distribución entre los distintos actores del transporte ni sobre los efectos finales para los consumidores.

Un acuerdo que deberá responder ante el Congreso

El pacto permitió poner término a las principales movilizaciones camioneras, pero su aprobación legislativa abre una discusión diferente.

Ahora corresponde determinar si el costo fiscal está suficientemente justificado, cómo se financiará durante los próximos años y qué beneficios concretos recibirá la población.

El Ejecutivo sostiene que las medidas permitirán contener los precios de los combustibles, dar estabilidad al transporte y reducir presiones sobre la economía. El Consejo Fiscal Autónomo, por su parte, ha pedido examinar los riesgos y las condiciones de financiamiento.

Ambas cuestiones deben ser consideradas durante la tramitación.

La Comisión de Hacienda ya aprobó el proyecto. Queda pendiente confirmar su votación en la Sala de la Cámara y el resultado del trámite posterior en el Senado.

Más allá de ese desenlace, el acuerdo deja una pregunta que no ha recibido una respuesta suficiente: si el Estado compromete aproximadamente US$820 millones para reducir los costos de los combustibles y apoyar al transporte, ¿qué parte de ese esfuerzo terminará beneficiando efectivamente a las familias chilenas?

La respuesta no está solamente en el monto aprobado, sino en la distribución de sus beneficios y en la evolución de los precios durante los próximos meses.

 

Redacción El Clarín

Autor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Memoria, documentos y archivos históricos de la Fundación Presidente Allende

Historia y litigio por la confiscación de El Clarín

 Proceso judicial y antecedentes del caso Pinochet

Proceso en España a los crímenes de la dictadura

 Entrevistas, escritos y discursos de Salvador Allende

 Fondos recuperados del caso Riggs destinados a víctimas de la dictadura

El Clarín de Chile · Aviso legal Privacidad Política de cookies
Danzai Software