
Quiroz retrocede ante presión de la oposición y repone US$160 millones para pensiones tras dictamen de Contraloría
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El ministro de Hacienda anunció este miércoles que incorporará al Presupuesto 2027 los recursos destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional, después de que parlamentarios opositores amenazaran con una acusación constitucional y condicionaran su respaldo a partidas presupuestarias. Pese al cambio de posición, Quiroz insistió en que no está convencido de haber interpretado incorrectamente la ley, cuyo calendario de aportes había sido respaldado por Contraloría.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio marcha atrás este miércoles 18 de noviembre y anunció que el Gobierno incorporará al Presupuesto 2027 aproximadamente US$160 millones destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado por la reforma de pensiones aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric.
La decisión se produjo después de una intensa jornada de cuestionamientos parlamentarios, durante la cual senadores de oposición advirtieron que la negativa a incluir estos recursos podría constituir un incumplimiento legal y abrir la posibilidad de una acusación constitucional contra el titular de Hacienda.
El anuncio representa un cambio respecto de la posición defendida por Quiroz hasta el martes, cuando sostuvo ante el Senado que el aporte fiscal debía comenzar en 2028 y no en 2027, pese a que la Contraloría General de la República había respaldado expresamente el calendario establecido por la Superintendencia de Pensiones.
Una rectificación sin reconocer el error
Durante la sesión de este miércoles, Quiroz anunció que el Ejecutivo incorporará una asignación de hasta 2,2 millones de Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a aproximadamente US$160 millones, en las provisiones del Tesoro Público.
El ministro explicó que la medida busca asegurar los recursos necesarios para aplicar la Ley 21.735, que estableció la reforma previsional.
Sin embargo, evitó reconocer que la interpretación inicial de Hacienda fuera incorrecta.
Según declaró, el Gobierno todavía no tenía certeza de que su posición jurídica estuviera equivocada, pero decidió incorporar los fondos debido a las inquietudes surgidas durante la discusión parlamentaria.
Quiroz insistió, además, en que la controversia nunca había sido un problema de disponibilidad presupuestaria, sino de interpretación de la legislación.
Esta afirmación introduce una cuestión relevante: si los recursos estaban disponibles, la decisión de mantenerlos inicialmente fuera del presupuesto obedecía a la interpretación del Ejecutivo sobre sus obligaciones legales y no a la imposibilidad de financiarlos.
El dictamen que Hacienda había cuestionado
La controversia comenzó cuando parlamentarios detectaron que el proyecto de Presupuesto 2027 no contemplaba el primer aporte estatal al FAPP.
La Superintendencia de Pensiones estableció, mediante el oficio N.º 20.803 del 9 de noviembre, que el calendario de aportes previsto por la reforma comenzaba a contabilizarse desde 2025, año de publicación de la ley.
De acuerdo con ese criterio, 2025 corresponde al primer año, 2026 al segundo y 2027 al tercero, cuando debe iniciarse el aporte fiscal.
La Contraloría General de la República respaldó esta interpretación mediante el dictamen D461, del 11 de noviembre.
Pese al pronunciamiento, Hacienda mantuvo su posición y anunció nuevas consultas a la Superintendencia de Pensiones, argumentando que todavía existían dudas sobre el cómputo de los plazos.
La insistencia provocó cuestionamientos sobre el respeto del Ejecutivo a los criterios establecidos por los organismos competentes para interpretar y fiscalizar la aplicación de la reforma previsional.
La rectificación anunciada este miércoles permitirá incorporar los recursos, aunque no elimina las preguntas sobre las razones por las que el Gobierno mantuvo inicialmente una interpretación distinta de la respaldada por Contraloría.
La presión parlamentaria fue decisiva
Durante la discusión del martes, el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, advirtió que el incumplimiento de las obligaciones establecidas por ley podía configurar una causal de acusación constitucional.
La senadora socialista Daniella Cicardini también cuestionó duramente la posición de Hacienda y planteó que la controversia podía afectar la implementación de los beneficios previsionales.
Otros parlamentarios condicionaron su respaldo a partidas del presupuesto y a la autorización de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo.
El cambio de posición de Quiroz permitió descomprimir parcialmente el conflicto.
El senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, valoró la incorporación de los recursos y anunció que respaldaría la partida del Tesoro Público.
Sin embargo, atribuyó la rectificación a la necesidad de respetar los pronunciamientos de Contraloría y la Superintendencia de Pensiones.
Ibáñez también aclaró que el respaldo a la partida del Tesoro Público no significa que la oposición vaya a aprobar automáticamente la autorización de endeudamiento fiscal, asunto que deberá examinarse por separado.
Una controversia que deja preguntas abiertas
El FAPP financia prestaciones del Seguro Social Previsional, entre ellas el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, destinada especialmente a reducir las brechas previsionales entre hombres y mujeres.
La omisión inicial de los US$160 millones no significaba una reducción inmediata de las pensiones que reciben actualmente los beneficiarios. Sin embargo, planteaba interrogantes sobre el cumplimiento del calendario financiero establecido para implementar la reforma.
La decisión de Hacienda adquiere además relevancia en el contexto de una política de contención del gasto público y de las recientes negociaciones del Gobierno con los gremios camioneros, para quienes comprometió medidas cuyo costo fiscal fue estimado posteriormente en unos US$700 millones.
Aunque ambos compromisos tienen naturaleza y mecanismos de financiamiento diferentes, el contraste alimentó las críticas sobre las prioridades presupuestarias del Ejecutivo.
La rectificación de Quiroz constituye un resultado concreto de la presión parlamentaria y del peso institucional del pronunciamiento de Contraloría.
No obstante, el anuncio todavía debe materializarse en la correspondiente indicación presupuestaria y completar su tramitación legislativa.
La controversia deja una conclusión política relevante: el Gobierno terminó comprometiendo recursos que inicialmente había excluido del Presupuesto 2027, sin reconocer que su interpretación de la legislación fuera equivocada.
La oposición consiguió revertir la decisión, pero permanece abierta la pregunta sobre por qué Hacienda insistió en postergar una obligación previsional cuyo calendario ya había sido respaldado por Contraloría.
