
Presupuesto 2027: el Senado rechaza recortes a la agricultura familiar y abre una disputa por el futuro de las mujeres rurales
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La partida del Ministerio de Agricultura fue la única rechazada por el Senado durante la tramitación del Presupuesto 2027. Pese a las reposiciones ofrecidas por Hacienda, los parlamentarios cuestionaron la reducción de recursos para Indap, Prodesal y programas de apoyo a pequeños agricultores. La decisión del Gobierno de cerrar la Fundación Prodemu y trasladar parte de sus funciones al Indap agregó una dimensión social y laboral al conflicto: qué ocurrirá con las mujeres campesinas que reciben capacitación y acompañamiento, y con los equipos especializados que desarrollan esas tareas.
La agricultura familiar campesina se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto de la discusión del Presupuesto 2027. En una jornada que permitió al Gobierno alcanzar acuerdos sobre educación, salud, vivienda y otras áreas del gasto público, el Senado rechazó la partida del Ministerio de Agricultura después de dos votaciones que terminaron empatadas a 14 votos.
El resultado dejó pendiente una de las decisiones más relevantes para el mundo rural: cuánto financiamiento recibirán los programas destinados a pequeños productores, asesoría técnica, riego y desarrollo productivo durante el próximo año.
La controversia adquirió una dimensión adicional por la decisión del Ejecutivo de eliminar la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), institución que desarrolla programas de capacitación, autonomía económica y fortalecimiento de capacidades para mujeres, incluidas aquellas que viven y trabajan en sectores rurales.
El Gobierno propone trasladar parte de esas funciones y recursos al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Sin embargo, durante el debate parlamentario surgieron cuestionamientos sobre la continuidad de los programas, el futuro de los trabajadores especializados y la capacidad de la nueva estructura para mantener el acompañamiento que reciben las beneficiarias.
Una derrota presupuestaria que también dividió al oficialismo
El rechazo de Agricultura fue una excepción dentro de una extensa negociación presupuestaria.
Durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, el Senado despachó el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional.
La mayoría de las partidas ministeriales obtuvo aprobación después de que Hacienda introdujera modificaciones para recuperar recursos cuestionados durante la discusión.
Agricultura, en cambio, no consiguió reunir los votos necesarios.
La oposición rechazó la propuesta, pero también lo hizo la senadora de Renovación Nacional María José Gatica, cuya posición impidió al Ejecutivo alcanzar una mayoría favorable.
La parlamentaria expresó su preocupación por los recursos disponibles para los pequeños agricultores y manifestó que no había obtenido una respuesta satisfactoria para aumentar el presupuesto del Indap.
Su voto evidenció que los reparos al financiamiento rural no se limitaban a las diferencias habituales entre Gobierno y oposición.
La controversia se concentró en los efectos que las reducciones presupuestarias podrían tener sobre programas que sostienen actividades productivas de pequeña escala, particularmente en territorios donde la agricultura enfrenta restricciones de agua, dificultades de comercialización y costos crecientes.
Las reposiciones de Hacienda no fueron suficientes
Durante el debate, el Ejecutivo presentó indicaciones destinadas a responder a algunas de las críticas.
El subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez, informó que el Gobierno proponía incorporar $1.636 millones adicionales para el pago de bonos de riego y reponer gastos variables asociados al Seguro Agrícola y a la Fundación para la Innovación Agraria.
También se contempló una glosa para garantizar al menos $2.000 millones en préstamos del Indap destinados a agricultores de la categoría crediticia C.
Otras modificaciones incluyeron $1.128 millones para fomento productivo y medidas de fortalecimiento de la asistencia técnica de Prodesal.
El Gobierno repuso, además, programas presupuestarios del Indap y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que habían sido objeto de rechazo durante la tramitación en la Cámara de Diputados.
Pero las indicaciones no resolvieron la preocupación central de los parlamentarios: la disminución global de recursos para la agricultura familiar campesina.
Una reposición parcial puede mantener determinados instrumentos de apoyo sin recuperar necesariamente la capacidad de atención del conjunto de los programas.
En el caso de Prodesal, el problema resulta especialmente relevante porque su función no se limita a transferir recursos. El programa proporciona asesoría técnica y acompañamiento productivo a pequeños agricultores, mediante una red de trabajo territorial.
La reducción de financiamiento podría traducirse en menor cobertura, restricciones para incorporar nuevos usuarios o dificultades para mantener la asistencia especializada. El alcance efectivo de esas consecuencias dependerá de los montos finalmente aprobados y de cómo se distribuyan.
Durante la discusión también se mencionaron los recortes que afectan al secano de la Región de Coquimbo y las dificultades para financiar nuevos proyectos de riego.
En territorios sometidos a una prolongada escasez hídrica, estas inversiones pueden determinar la continuidad de actividades agrícolas familiares.
Prodemu: más que un cambio administrativo
El debate sobre Agricultura terminó conectado con otra decisión del Ejecutivo: la eliminación de la Fundación Prodemu.
La institución ha desarrollado durante años programas de formación, apoyo al emprendimiento y fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.
Una de sus áreas de trabajo se relaciona con mujeres rurales, muchas de las cuales participan en actividades agrícolas de pequeña escala, producción de alimentos, artesanía y comercialización local.
El Gobierno plantea trasladar recursos y funciones hacia el Indap, pero durante la discusión del Presupuesto 2027 varias senadoras advirtieron que el cambio podría afectar la continuidad de las actividades y la atención de las beneficiarias.
Entre quienes manifestaron reparos estuvieron Beatriz Sánchez, Paulina Vodanovic, Alejandra Sepúlveda, Yasna Provoste y Claudia Pascual. También intervino en esta discusión el senador Miguel Ángel Calisto.
La pregunta de fondo es si una reorganización institucional permitirá mantener las prestaciones que actualmente reciben las mujeres rurales o si terminará reduciendo la cobertura y la especialización de los programas.
La diferencia no es menor.
Las mujeres campesinas enfrentan obstáculos particulares para acceder a financiamiento, propiedad de la tierra, redes de comercialización y asistencia técnica. En muchos casos, además, combinan el trabajo productivo con responsabilidades domésticas y de cuidado no remuneradas.
Por ello, los programas de desarrollo rural con enfoque de género no cumplen exactamente las mismas funciones que los instrumentos generales de apoyo agrícola.
El Indap dispone de experiencia territorial y mecanismos de financiamiento productivo. Sin embargo, la existencia de esa estructura no garantiza automáticamente que pueda sustituir todas las tareas de formación y acompañamiento que desarrollaba Prodemu.
Para establecer si la reorganización será efectiva resulta indispensable conocer cuántas beneficiarias serán atendidas, qué programas continuarán, qué equipos profesionales permanecerán y qué presupuesto específico se asignará a esas funciones.
Hasta ahora, esas interrogantes no han quedado completamente despejadas en la discusión pública.
El futuro incierto de los trabajadores
Otro aspecto que generó preocupación fue la situación laboral de los equipos de Prodemu.
Durante el debate presupuestario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que entre diciembre y enero se evaluará qué funcionarios de la fundación podrían continuar colaborando en las tareas que serán asumidas por otras instituciones.
El secretario de Estado sostuvo que el Gobierno busca evitar la pérdida de personal especializado.
Sin embargo, esa declaración no constituye una garantía de continuidad laboral para todos los trabajadores ni precisa cuántos cargos serán conservados.
El problema adquiere particular importancia en programas de intervención territorial, donde el conocimiento acumulado por los equipos y las relaciones de confianza con las comunidades forman parte de la capacidad institucional.
Una reorganización puede modificar la dependencia administrativa de un programa, pero si implica la pérdida de profesionales con experiencia también puede afectar la calidad y continuidad de la atención.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar dónde se contabilizarán los recursos presupuestarios. También involucra las condiciones concretas en que seguirán funcionando los programas.
Mujer Emprende: una respuesta todavía limitada
Durante la misma jornada, el Senado aprobó la partida del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Como parte de las modificaciones, el Ejecutivo presentó una indicación para crear el programa Mujer Emprende, al que se asignaron $100 millones.
La iniciativa fue aprobada por 20 votos a favor y ninguno en contra.
También se acordó equiparar el presupuesto del Programa Mujeres Jefas de Hogar.
Estas decisiones permitieron destrabar la partida ministerial, que había enfrentado cuestionamientos por las reducciones propuestas inicialmente.
Sin embargo, la creación de Mujer Emprende no permite concluir que las funciones de Prodemu hayan quedado plenamente reemplazadas.
Los $100 millones asignados al nuevo programa constituyen un monto específico, pero no se ha establecido públicamente que representen la totalidad de los recursos destinados a sustituir las actividades de la fundación.
Tampoco basta con comparar las denominaciones de ambos programas.
Para determinar si existe continuidad real será necesario examinar sus objetivos, cobertura territorial, población beneficiaria, mecanismos de ejecución y equipos profesionales.
La diferencia entre financiar emprendimientos individuales y sostener procesos permanentes de formación, organización y autonomía económica puede ser considerable.
El costo territorial de los ajustes
La discusión presupuestaria sobre agricultura tiene una dimensión que suele quedar relegada detrás de las cifras nacionales.
Los pequeños agricultores no disponen de las mismas condiciones que las grandes empresas del sector para absorber pérdidas, financiar infraestructura o acceder al crédito.
En muchas localidades rurales, la producción familiar también sostiene actividades de comercio, transporte, servicios y abastecimiento alimentario.
Por eso, los recursos destinados a riego, asesoría técnica, seguros agrícolas y fomento productivo pueden tener efectos que se extienden más allá de los beneficiarios directos.
En zonas de secano, por ejemplo, la falta de inversiones para mejorar la disponibilidad y el uso del agua puede limitar la capacidad de adaptación frente a las sequías.
En otras regiones, la reducción de la asistencia técnica puede dificultar la incorporación de nuevas prácticas productivas, el acceso a mercados o la diversificación de cultivos.
Para las mujeres rurales, estas dificultades pueden superponerse con barreras de acceso al financiamiento y con una menor disponibilidad de servicios de apoyo.
El debate sobre Prodemu muestra precisamente cómo una decisión administrativa puede tener consecuencias diferenciadas según el territorio y las condiciones sociales de quienes reciben los programas.
La negociación continuará en la Cámara
El rechazo de la partida de Agricultura no significa que el ministerio haya quedado definitivamente sin financiamiento para 2027.
El proyecto continuará su tramitación legislativa y las discrepancias deberán resolverse en las siguientes etapas.
La Cámara de Diputadas y Diputados retomará la discusión el lunes 23 de noviembre, a las 15:30 horas. Si persisten diferencias entre ambas cámaras, algunas materias podrían llegar a una comisión mixta.
El Congreso dispone hasta el 29 de noviembre para concluir el trámite presupuestario.
El Gobierno ha defendido sus modificaciones como parte de una política de consolidación fiscal y ha sostenido que las reposiciones incorporadas permiten atender demandas parlamentarias sin abandonar ese objetivo.
Sin embargo, la votación de Agricultura muestra que la negociación todavía tiene límites.
A diferencia de otras partidas, donde las concesiones permitieron alcanzar acuerdos amplios, los recursos ofrecidos para el mundo rural no fueron considerados suficientes por los senadores que rechazaron la propuesta.
El resultado deja abierta una discusión que va más allá de una cifra presupuestaria: qué lugar tendrán la agricultura familiar campesina y las políticas de autonomía económica de las mujeres rurales en las prioridades del Estado durante 2027
