Boric bajo escucha: El fallo judicial que evitó una crisis política y desnudó fisuras en la fiscalía
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La polémica en torno al caso ProCultura, que investiga presuntas irregularidades en convenios entre el Estado y fundaciones, escaló esta semana tras revelarse que el fiscal regional Patricio Cooper solicitó intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric, petición que fue rechazada por un tribunal. La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, y diputados de distintos partidos se pronunciaron sobre el hecho, destacando preocupaciones sobre seguridad nacional, transparencia y los límites del Ministerio Público.
Vocera de Gobierno: «Protección de conversaciones es clave para la seguridad nacional»
Aisén Etcheverry, portavoz de La Moneda, abordó el tema subrayando la necesidad de resguardar las comunicaciones del Jefe de Estado. En línea con la postura del Ejecutivo, argumentó que las conversaciones presidenciales, especialmente aquellas con mandatarios extranjeros, requieren un «estándar de protección más alto» debido a su potencial impacto en la seguridad nacional.
«Si son conocidas por terceros, podrían eventualmente comprometer la seguridad nacional. Y esa es la gravedad del asunto», afirmó Etcheverry, quien además exigió al fiscal nacional, Ángel Valencia, aclarar públicamente si la solicitud de intervención al teléfono de Boric fue efectiva. La vocera recordó que el rechazo judicial a la medida respalda la postura del Gobierno sobre la importancia de proteger información sensible.
El debate se enmarca en una investigación donde también se reveló la intervención del teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores de Boric, cuyas conversaciones —divulgadas por La Tercera— aludían a gestiones de la exsenadora Isabel Allende (PS) en la venta de la casa de su padre, Salvador Allende.
Diputado Ilabaca (PS): «El fiscal Cooper busca figuración, no justicia»
El diputado socialista Marcos Ilabaca criticó duramente al fiscal Cooper, acusándolo de priorizar la exposición mediática sobre la rigurosidad investigativa. «Pareciera que no le interesa la investigación criminal, sino salir en portada», declaró, calificando la solicitud de intervención al Presidente como «absolutamente desmedida».
Aunque Ilabaca reconoció que «todos somos iguales ante la ley», cuestionó que el fiscal haya excedido sus funciones: «Su actuar ha traspasado cualquier límite. Bien que los tribunales detuvieron esta solicitud». El parlamentario advirtió que este tipo de acciones dañan la credibilidad del Ministerio Público: «Le está provocando un tremendo daño».
Mulet (FRVS): Propone reforma para supervisar a fiscales y elevar exigencias
Por su parte, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, insistió en avanzar en una reforma constitucional que refuerce los requisitos para intervenir comunicaciones presidenciales y cree un consejo independiente para supervisar a los fiscales.
Mulet sostuvo que, aunque el Presidente «es un ciudadano más», sus conversaciones pueden involucrar temas de seguridad nacional, por lo que las escuchas deben estar «muy bien fundamentadas». Criticó además las filtraciones de conversaciones privadas obtenidas en investigaciones, como las de la expresidenta de la Cámara y una diputada, señalando que «deterioran la República».
El parlamentario apuntó a la politización de algunos fiscales, mencionando el caso del exfiscal Carlos Guerra —vinculado a figuras como Sebastián Piñera y Evelyn Matthei— como ejemplo de la necesidad de un órgano supervisor «por sobre la contingencia política». Su proyecto propone que autorizaciones de intervención a altas autoridades sean decididas por tribunales superiores y que un «Consejo Nacional de la Persecución Criminal» fiscalice al Ministerio Público.
Sin embargo, el diputado PS Daniel Manouchehri respaldó las investigaciones: «“La Fiscalía tiene el deber de investigar todos los casos sin excepciones. Por doloroso que sea, la justicia debe actuar; nadie puede estar sobre la ley y nadie debe temerle a la verdad.”
