Protestas en todo Chile contra la “motosierra ambiental”: organizaciones rechazan la Ley de Permisos Sectoriales
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Desde Iquique hasta Ancud, organizaciones socioambientales se movilizaron el 18 y 19 de julio para protestar contra lo que denominan la “Motosierra Ambiental”. El término, acuñado por los movimientos ciudadanos, apunta a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, aprobada por el Congreso el pasado 1 de julio, que introduce cambios significativos en la tramitación de permisos para proyectos de inversión y que, según sus críticos, representa un retroceso sin precedentes en la protección del medioambiente.
Las manifestaciones se desplegaron en ciudades como Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco, entre otras, en rechazo a una agenda legislativa que también incluye la Reforma a la Ley de Concesiones Marítimas, la modificación de la Ley de Bases del Medioambiente y la Ley de Simplificación Regulatoria.
Una ley que preocupa al mundo socioambiental
Entre los puntos más polémicos de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se encuentran:
El reemplazo de permisos sectoriales por declaraciones juradas.
La selección de “proyectos estratégicos” para ser tramitados en la mitad del tiempo habitual.
La aprobación automática de permisos por silencio administrativo.
La “estabilidad regulatoria”, que impediría aplicar nuevas normas ambientales durante ocho años a proyectos ya aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si bien el gobierno defendió la norma como un instrumento para la reactivación económica, organizaciones como la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) advierten que facilitará la instalación de proyectos con alto impacto en áreas sensibles como el manejo de bosque nativo, cauces de agua, bordes costeros y residuos tóxicos.
“Esto es inaceptable en el contexto de la triple crisis planetaria: climática, de biodiversidad y de contaminación”, denunció Alejandra Parra, de RADA Temuco.
Parra subrayó que la reforma al reglamento del SEIA, aprobada recientemente, permitirá que miles de proyectos queden sin evaluación ambiental, incluidos aquellos que manejan sustancias peligrosas o que buscan ampliar rellenos sanitarios.
“Una agenda regresiva para la naturaleza”
Camila Zárate, del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), calificó las movilizaciones como “un hito importantísimo” para el movimiento socioambiental. Según Zárate, las comunidades están cada vez más informadas y organizadas:
“Ya no nos creemos la mentira de que estas leyes son para las pymes y no reducen estándares ambientales. Tenemos la absoluta claridad de que el gobierno, que en sus inicios se autoproclamó ecologista, está promoviendo la agenda más regresiva para la naturaleza desde la vuelta a la democracia”.
La dirigente aseguró que seguirán movilizándose y buscando instancias legales para detener lo que consideran una amenaza directa a la vida y los ecosistemas.
Rechazo del Tribunal Constitucional
El martes 22 de julio, el Tribunal Constitucional decidió no acoger a trámite un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 42 diputadas y diputados contra cinco artículos de la ley. La resolución fue adoptada por mayoría, con el voto en contra de las ministras Daniela Marzi Muñoz, Nancy Yáñez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris.
La decisión deja sin efecto una de las principales herramientas legales que esperaban las organizaciones para frenar la normativa.
Movilización y resistencia en todo el país
Las movilizaciones de este mes evidencian una creciente articulación de los movimientos socioambientales en Chile, que acusan al Ejecutivo de ceder ante las presiones empresariales a costa de los estándares de protección ambiental. Para los activistas, la aprobación de esta ley marca un retroceso histórico que amenaza con abrir la puerta a la degradación de ecosistemas y territorios.
“Lo que está en juego es la vida. No nos detendremos”, sentenció Zárate
