Fernández Larios y la muerte de Allende
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No es de extrañar el desconcierto que manifestaron algunos periodistas, especialmente de la televisión, ante la noticia de la detención del ex teniente del Ejército chileno Armando Fernández Larios, considerado “lo peor de lo peor” dentro de lista de delincuentes en que hay otros 42 chilenos próximos a ser expulsados de los Estados Unidos.
El golpe de estado de 1973 y el largo gobierno de facto de Augusto de Pinochet se han nublado en la memoria nacional, cuando tenemos ya varias generaciones de chilenos que no habían aún nacido para entonces y muchos millones más que tampoco han recorrido entero el largo tiempo de posdictadura. En efecto, han pasado 50 años desde la insurrección militar, pero que siguen conmoviendo, pese al olvido colectivo, a tantos chilenos que vivieron y padecieron los rigores del régimen autoritario.
Es explicable, entonces, que la prensa haya reaccionado titubeante frente a una resolución estadounidense muy importante puesto que Fernández Larios fue parte de la siniestra DINA y participó en el homicidio terrorista cometido en Washington contra el ex Canciller de Allende, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffit. Todo acreditado por el juicio que se llevó en Estados Unidos en contra de los perpetradores de un crimen que culminó con una muy discreta condena de cárcel a Fernández Larios, pero quien quedara luego en libertad como “testigo protegido” por este país dada su colaboración a esclarecer los hechos. Acogiéndose a un beneficio que le permitió vivir sin contratiempos durante largos años en ese país, y escapar de las múltiples solicitudes de extradición de la Justicia chilena por haber participado en este atentado. Un crimen acometido también por Michael Towney, un agente de la CIA al servicio de las operaciones de “inteligencia” del régimen castrense chileno. Requerido Fernández Larios, además, por haber participado en la llamada Caravana de la Muerte que recorrió el país por mandato del Dictador para eliminar a decenas de presos políticos.
No está claro aun cuándo y cómo Estados Unidos repatriará a los numerosos detenidos por el cuestionado ICE, comando militar que Donald Trump ha dispuestos para capturar y hasta asesinar a miles de inmigrantes. La defensa de Fernández Larios está alegando el beneficio otorgado a éste para radicar en los Estados Unidos, lo que podría sacarlo de la lista de los inminentes expulsados de este país si a Trump se le antoja. De allí que sea tan importante que desde nuestro país se reclame su comparecencia ante la Justicia nacional y cumpla condena en una cárcel chilena. Seguramente en la de Punta Peuco donde están recluidos los más horripilantes criminales de la Dictadura.
Es justa la alegría de los centenares de víctimas por la detención de este ex oficial chileno y ojalá que sus solicitudes de extradición sean acogidas lo antes posible, para que se alcance por fin justicia y la edad avanzada de Fernández Larios no consagre finalmente su impunidad, tratándose de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en Chile estamos próximos a la ascensión de un nuevo gobierno de derecha y cuyo Presidente electo ha incorporado a sus equipos a varios y destacados pinochetistas renuentes a reconocer todavía los crímenes de la Dictadura y que incluso se desgañitaron por salvar a Pinochet de un juicio internacional. Muchos de los cuales ahora abogan por indultos en favor de los agentes condenados de la DINA y la posterior Central Nacional de Inteligencia (CNI). Sin que alguno de estos, como se sabe, haya reconocido sus crímenes, pedido perdón o colaborado, por ejemplo, para conocer el destino de las decenas de detenidos desaparecidos que pasaron por sus manos.
Todo esto hace propicio que, en las postrimerías de su gobierno, Gabriel Boric asuma la urgencia de repatriar a este agente, así como la Corte Suprema acelere los procedimientos al respecto. Aunque permanezcamos en la duda de qué hará la Casa Blanca con este peculiar “peor de lo peor” cuando descubra su plena identidad y los beneficios que se le habían otorgado. Así como, también, tememos de la actitud que asuma el nuevo gobierno de Kast al respecto. Un mandatario electo por una contundente votación ciudadana con amnesia respecto de lo que sucedió en dictadura, pero muchos como de firmes adherentes de las ideas del pinochetismo. Cuyo legado, sigue tan presente en toda nuestra institucionalidad.
Muy conveniente resultaría que Fernández Larios fuese interrogado y condenado en Chile por la posibilidad que aclare cuál fue su participación como teniente en el asalto armado a La Moneda y la muerte del Presidente Allende el 11 de setiembre de 1973. No olvidamos que, ya instalado en Estados Unidos después de renunciar al Ejercito, fuera interrogado por el fiscal Eugene Propper, mandatado por el Gran Jurado que investigó el atentado a Orlando Letelier y su secretaria.
En su libro Laberinto este Fiscal desahució la versión del suicidio de Allende señalando que el extinto mandatario fue realmente asesinado por el comando militar, y en particular por el oficial René Riveros, quien “le vació la mitad de su cargador al Presidente” cuando se enfrentó con él en el segundo piso de La Moneda. Señalando que la versión del suicido se convirtió por el general Pinochet como secreto de estado reactivo.
Consta también que René Riveros se ufanó posteriormente frente a un grupo de detenidos de haberle él disparado al Presidente, mostrándoles como “souvenir” el reloj del Primer Mandatario ahora en su brazo. Uno de estos detenidos, el ingeniero Robinson Guerrero, entregó años después esta versión a Radio Universidad de Chile sin que por este testimonio fuera convocado a declarar ante los Tribunales de Justicia y el ministro sumariante que seguía investigando los sucesos ocurridos en el Palacio Presidencial. Como tampoco la Justicia se hizo cargo del documentado libro La verdad sobre su muerte, de la periodista Maura Brescia.
Entre todas las pertenencias de Allende que se exhibieron después del magnicidio, se pudieron observar, entre varios otros elementos, los anteojos partidos del Presidente. Pero no su reloj.
Juan Pablo Cárdenas S.
Juan Carlos Cuevas Jiménez says:
EL EXAGENTE DE LA DINA DEPORTADO DE SU GUARIDA EE.UU.
Saludos a todos,
Escrito por don Juan Carlos, antiguo exeditor
Armando Fernández Larios (Washington D. C., 18 de septiembre de 1949) fue un exmilitar chileno, capitán del Ejército de Chile y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue acusado y consignado en un primer veredicto de jurado para crímenes de lesa humanidad en los Estados Unidos.
LA HISTORIA
Fernández Larios nació en Washington D. C., hijo de un oficial del Ejército de Chile comisionado en esa ciudad. En 1970, a los 20 años y ya como subteniente del Ejército, participó en el curso: Combat Arms Orientation en la Escuela de las Américas (Panamá).
Colaboro en el cruento golpe de Estado de 1973, concretamente en el asalto al Palacio de La Moneda al mando de Javier Palacios. En octubre de 1973 fue parte de la comitiva liderada por el general Sergio Arellano Stark que viajó a la zona norte de Chile con el propósito formal de agilizar y revisar procesos de personas detenidas tras el golpe militar. La comitiva recibió el nombre de Caravana de la Muerte, debido a que en la práctica tuvo como resultado el asesinato y la desaparición forzada de 97 presos políticos.
Posteriormente, tanto Fernández Larios como el mayor Marcelo Moren Brito fueron miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura militar. El 4 de octubre de 1974, Fernández Larios organizó el secuestro del exgerente de Cobre Chuqui David Silbermann desde la Penitenciaría de Santiago. Silvermann, tras pasar por diversos cuarteles de la DINA, desapareció sin dejar rastro. Fernández Larios renunció al ejército en 1987, luego de haber sido ascendido al grado de mayor en el Ejército.
En enero de 1987, Fernández Larios entró secretamente a los Estados Unidos, para luego declararse culpable del asesinato del exembajador y ministro chileno Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, ocurrido en Washington D. C. en 1976.
Luego de cumplir cuatro meses de prisión, vivió en los Estados Unidos bajo protección del gobierno federal.
Treinta y nueve años después de su ingreso a Estados Unidos, en enero de 2026, fue capturado en Fort Myers, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) junto a otros 41 chilenos que fueron expulsados del país. En Chile deberá responder ante los requerimientos de la justicia por su participación en varios casos de atentados, asesinatos y desapariciones, entre otros, el atentado contra Orlando Letelier y Ronni Moffitt en septiembre de 1976, en el que, si bien el caso Letelier está cerrado y con sentencia firme, aún permanece abierto el juicio por el asesinato de Moffitt. Además de los crímenes de la Caravana de la muerte, aún se le busca por el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, militante del Partido Comunista que trabajaba en la CEPAL, crimen ocurrido en julio de 1976 y procesado en 2015.
VICARIA INCULPADA
En su declaración, la Vicaría de la Solidaridad fue clara en señalar que “no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Armando Fernández Larios”, subrayando que sostener lo contrario implica “invertir la historia”. “La Vicaría fue creada para defender a las víctimas de la represión, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales contra los organismos represivos del Estado, incluida la DINA”, recordaron, destacando que su archivo y trabajo jurídico fueron claves para establecer responsabilidades y combatir la impunidad.
Fuente: Datos informativos.