La presión de los ultras: el dilema que enfrenta Kast

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En ciertos círculos de uniformados —en retiro y en servicio activo— se respira un aire de reivindicación. Algunos comentan, sin demasiada discreción, que “por fin llegó su momento”. Sienten que el péndulo de la historia vuelve a su favor y que esta vez nadie los cuestionará. La percepción de respaldo político absoluto funciona como combustible. Y cuando ese combustible se mezcla con fervor ideológico, el resultado puede ser explosivo.

Según un reportaje publicado por el medio  Interferencia, en esos entornos se habla de crear un “servicio de inteligencia anexo”, elaborar listas negras de opositores y diseñar operaciones para “salir a las calles a buscar octubristas”. La retórica, lejos de centrarse en el debate democrático, gira en torno a “aplastar enemigos”. No se trata de frases sueltas en redes sociales, sino de conversaciones reiteradas, con nombres propios y blancos identificados. El clima previo, si estas denuncias se verifican, no es menor: es el de una confrontación entendida como guerra cultural.

El lenguaje resulta revelador. Se habla de disparos en protestas, de golpizas ejemplificadoras, de encerrar a quienes marchen. En esa narrativa, el orden público se confunde con castigo; la seguridad, con escarmiento. El opositor deja de ser adversario y pasa a ser traidor. Y cuando la política adopta categorías morales absolutas, la violencia simbólica se vuelve antesala de la violencia real.

El problema no es sólo discursivo. La sensación de protección política —real o percibida— puede erosionar los límites institucionales. En algunos foros cerrados reaparece una admiración inquietante por los años más oscuros de Chile. Se relativizan asesinatos, se romantiza la brutalidad y se menciona a la DINA como si hubiese sido una herramienta necesaria, y no una maquinaria de terror. No es una nostalgia inocente: es un síntoma de que ciertos consensos básicos sobre derechos humanos vuelven a tensionarse.

En ese contexto, el liderazgo de José Antonio Kast enfrenta una encrucijada compleja. Más allá de sus declaraciones públicas, deberá lidiar con sectores que exigen una mano dura sin matices. Gobernar bajo esa presión puede transformarse en una trampa. Porque no se trata sólo de lo que el Presidente quiera hacer, sino de lo que sus seguidores crean que tienen permiso de hacer en su nombre.

La historia reciente ofrece advertencias elocuentes. Hace 52 años, en el quiebre institucional que marcó a Chile por décadas, también hubo discursos que prometían orden y respaldo irrestricto a las fuerzas armadas. El desenlace es conocido. En los tribunales, cuando llegaron los juicios, las lealtades se diluyeron. En el careo del 18 de noviembre de 2005 entre Augusto Pinochet y Manuel Contreras, ambos se responsabilizaron mutuamente por la cadena de mando de la DINA. Ante el ministro Víctor Montiglio Rezzio, el ex dictador repitió su célebre “no me acuerdo”. Pero cuando se le preguntó a Contreras quién era el jefe de la policía secreta, la respuesta fue directa: Pinochet. Y la negación posterior quedó registrada en el expediente judicial.

Episodios como ese, relatados por el periodista Rodrigo Cid Santos en su libro El Horror Enmascarado – la doble vida de los agentes de la DINA, muestran una constante: el discurso de respaldo irrestricto se desvanece cuando aparece la responsabilidad penal. En tribunales no hay épica ni consignas; hay expedientes y testimonios cruzados.

El riesgo actual no es sólo la violencia física. Es la instalación progresiva de una cultura del miedo. Periodistas que se autocensuran para evitar convertirse en el próximo nombre en una lista. Académicos que moderan sus investigaciones. Dirigentes sociales que sienten que son vigilados. Cuando la intimidación se naturaliza, la democracia retrocede sin necesidad de un decreto formal.

También circulan consignas que, más que políticas públicas, parecen fantasías punitivas: expulsiones masivas de inmigrantes, cárcel automática para el disenso, muerte como solución final en conflictos territoriales. En la era digital, esas ideas se amplifican con rapidez y encuentran eco en comunidades cerradas que refuerzan sus propias convicciones. La frontera entre opinión radical y acción concreta puede volverse difusa si no hay contrapesos claros.

El desafío institucional será enorme. Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas deberán sostener su carácter profesional y no partidario. El uniforme representa al Estado, no a una facción. La Agencia Nacional de Inteligencia —la ANI— no puede convertirse en herramienta de persecución selectiva. Cuando la inteligencia pierde neutralidad técnica y se subordina a un proyecto político, deja de proteger al Estado y empieza a proteger a un gobierno.

La experiencia judicial también ofrece otra lección. En casos más recientes, como el del ex comandante de Carabineros Claudio Crespo, las responsabilidades individuales se dirimieron entre testimonios que involucraban a colegas y superiores. La cadena de mando, tan sólida en el discurso, se fragmenta cuando la justicia interviene. Prometer respaldo absoluto puede ser eficaz en campaña; sostenerlo ante un juez es otra historia.

Chile ha vivido suficientes fracturas como para entender el precio del extremismo. La memoria histórica no es un recurso retórico, sino una advertencia concreta. Cada vez que el fervor exige sangre y silencio, la democracia entra en zona de riesgo. El verdadero liderazgo no se medirá por la fuerza que despliegue en la calle, sino por la violencia que logre contener —incluso cuando provenga de sus propios adherentes.

Porque la tentación de “salir a buscar enemigos” puede resultar seductora en tiempos de polarización. Pero las listas negras, los servicios paralelos y la glorificación del castigo no fortalecen al Estado: lo debilitan. La fortaleza institucional se construye con límites, controles y rendición de cuentas.

Si el poder formal y el fervor militante se encuentran bajo un mismo techo sin mediaciones, la presión será constante. Cada protesta será vista como provocación; cada reportaje crítico, como conspiración; cada minoría, como amenaza existencial. Resistir esa lógica será clave para evitar que el péndulo de la historia no sólo oscile, sino que arrase.

La democracia, al fin y al cabo, no se prueba en la homogeneidad, sino en la diferencia. Y cuando el orden se confunde con castigo, el riesgo no es sólo para los opositores, sino para el sistema entero. La lección de los tribunales y de la historia chilena es clara: la impunidad prometida rara vez sobrevive al paso del tiempo.

Fuente: Interferencia

El Clarín de Chile