Condenan después de 53 años a conscriptos que asesinaron a su compañero José Buchhorsts en 1973
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Es cuando menos discutible si en teoría cabe llamar justicia a un dictamen que llega a más de medio siglo de perpetrado un crimen, pero es en la práctica el caso de uno de los atropellos a los derechos humanos cometidos durante los primeros días de dictadura en 1973, sobre el que en estas semanas iniciales de 2026 ha sido dictada una sentencia.
Tuvieron que pasar 53 años para que el sistema judicial chileno condenara a quienes asesinaron al ex conscripto José Gastón Buchhorsts Fernández, ejecutado por un grupo de ocho conscriptos tras ser incriminado como “desertor” luego de no presentarse en el Regimiento Cazadores de Valdivia una vez ocurrido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
José tenía 18 años y cumplía el servicio militar obligatorio en el Escuadrón Morteros de la unidad militar, que en ese entonces estaba al mando del coronel Santiago Sinclair Oyaneder. Además de la tardanza en la aplicación de justicia este crimen tiene un componente particularmente sórdido: el joven fue obligado por sus compañeros a cavar el sitio donde posteriormente fue enterrado.
La condena por el homicidio calificado de José Gastón Buchhorsts Fernández fue confirmada recientemente por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco. El fallo fue unánime y condenó a Rigoberto Becerra Fica, Ernesto Flores Colimán, Waldo Eugenio Salinas Núñez y René Miguel Sáez Gómez a siete años de presidio efectivo, más las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras duren las condenas.
Por su parte los acusados Hernán Agustín Rodríguez Leyton, Víctor Hugo Hermosilla Reinoso, Luis Edmundo Riveros Soto y uno identificado con las iniciales H.W.C.R. fueron condenados como coautores a penas de cinco años de reclusión, cumplimiento efectivo sustituido por la libertad vigilada intensiva, más accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas. Además la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que condenó al Estado a pagar $100.000.000 al hermano de la víctima, como indemnización por concepto de daño moral.
Obligado a cavar su tumba
En la sentencia, el ministro Álvaro Mesa Latorre estableció que el 11 de septiembre de 1973 el conscripto estaba en casa de sus padres, ya que en los días previos había sido autorizado a salir del regimiento.
“Sin embargo, con el pasar de los días y por la situación que imperaba en el país, José Gastón no se presentó oportunamente en su unidad militar, por lo que el padre decidió acompañarlo para excusar esta situación, lo que sucedió días posteriores al 11 de septiembre de 1973 (…) Al llegar a la guardia del Regimiento Cazadores, José decidió no entrar a éste, señalando su padre que iría a realizar unas compras, no regresando a la unidad militar”.
El fallo también plantea que el teniente Luis Rodríguez Rigo-Richi ―hoy fallecido― estuvo a cargo de la patrulla militar que detuvo a José Buchhorsts en Villarrica, desde donde fue trasladado al regimiento. Allí fue visto por varios de sus compañeros, quienes observaron que era custodiado por otros soldados y que iba tirado en el piso de la patrulla, con sus manos atadas en la espalda.
En la resolución está detallado que el mismo grupo que detuvo al conscripto lo trasladó en días posteriores a la comuna de Villarrica con el fin de buscar armamento, ya que Buchhorsts habría indicado la existencia de armas en el sector. Para ello recorrieron los faldeos del volcán Villarrica, pero no encontraron armas.
“Ante esta situación, el teniente Rodríguez ordenó al joven José Gastón excavar y, cada cierto momento, le requería que ingresara dentro de ella, ya que el propósito era hacer su propia tumba. Una vez terminada, ordenó a los soldados conscriptos disparar en contra de Buchhorsts, efectuándolo todos los soldados presentes, ejecutándolo y enterrándolo en ese mismo lugar”.
Según el dictamen, el padre del conscripto fusilado fue en varias oportunidades a pedir información sobre su hijo, pero nunca le confirmaron que había sido ejecutado. Incluso llegaron a decirle que podía estar en otra unidad militar de la comuna de Valdivia.
“Con el pasar del tiempo y al no tener noticias de José Gastón, varios otros familiares viajaron en reiteradas oportunidades a Valdivia, entrevistándose con un fiscal militar de apellido Manterola, quien les señaló que a José lo habían llevado a un sector camino al volcán Villarrica, pero al intentar escapar se le habría aplicado la Ley de Fuga, siendo ejecutado en el lugar y que su cuerpo habría quedado sepultado en ese mismo sitio, no informándoles la ubicación, ni permitiéndoles buscar su cuerpo”.
Hasta el día de hoy no se sabe el lugar exacto donde fue enterrado José Gastón Buchhorsts Fernández. En este caso, como en tantos otros, aún imperan los pactos de silencio sellados por los perpetradores.
