Organizaciones sociales expresan críticas y aprensiones ante el inicio del gobierno de José Antonio Kast
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 26 segundos
A horas del cambio de mando presidencial del 11 de marzo, diversas organizaciones sociales han manifestado críticas y aprensiones frente al inicio del gobierno de José Antonio Kast. Movimientos feministas, agrupaciones de derechos humanos, organizaciones territoriales y sindicatos han advertido que estarán atentos a las primeras medidas de la nueva administración, ante el temor de eventuales retrocesos en derechos sociales, políticas de igualdad y memoria histórica.
Aunque el nuevo gobierno llega al poder con la promesa de priorizar el orden público, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional, distintos sectores de la sociedad civil han señalado que ese programa podría implicar cambios en políticas públicas que consideran avances relevantes de las últimas décadas.
Las organizaciones feministas han sido uno de los sectores más activos en manifestar preocupación. En los días previos a la asunción presidencial, colectivas y agrupaciones de mujeres señalaron que mantendrán vigilancia sobre las políticas de género del nuevo gobierno y que no aceptarán retrocesos en derechos reproductivos ni en las iniciativas orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres.
Desde la Coordinadora Feminista 8M, uno de los movimientos más influyentes del feminismo chileno, se ha advertido que el cambio de gobierno coincide con un contexto de alta movilización social en torno a los derechos de las mujeres. Dirigentas del movimiento han planteado que el Ejecutivo deberá respetar los avances logrados en materias como la prevención de la violencia de género, las políticas de igualdad y el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Entre las principales inquietudes del movimiento feminista se encuentra el futuro de la legislación que permite el aborto en tres causales —riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación— así como la continuidad de programas estatales enfocados en derechos reproductivos y políticas de equidad de género.
Las críticas también se han extendido a declaraciones y posiciones que el propio Kast y sectores de su coalición han sostenido en el pasado respecto a estas materias. Para diversas organizaciones, esos antecedentes generan incertidumbre sobre la orientación que tendrá la agenda gubernamental en temas vinculados a derechos de las mujeres.
El contexto de estas advertencias coincidió con las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, donde miles de personas participaron en marchas en distintas ciudades del país. En esas manifestaciones, además de las demandas tradicionales del movimiento feminista, también se expresaron críticas anticipadas al nuevo gobierno y llamados a defender las políticas públicas en materia de género.
Otro sector que ha manifestado preocupación es el de las organizaciones de derechos humanos. Agrupaciones vinculadas a la memoria histórica, la verdad y la justicia han señalado que observan con atención las señales políticas del nuevo Ejecutivo y algunos nombramientos anunciados para cargos relevantes del gobierno.
Entre los cuestionamientos que han surgido en este ámbito se encuentran críticas a figuras políticas vinculadas al nuevo gabinete que en el pasado participaron en la defensa del dictador Augusto Pinochet o que han sostenido posturas consideradas revisionistas respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Para estas organizaciones, esos antecedentes generan inquietud sobre la continuidad de las políticas públicas relacionadas con la memoria, la reparación a víctimas y la promoción de los derechos humanos. En ese sentido, han señalado que esperan que el Estado mantenga su compromiso con los estándares internacionales en esta materia.
Las agrupaciones de derechos humanos también han planteado preocupación por el enfoque que podría adoptar el nuevo gobierno en materia de orden público y seguridad. Si bien reconocen la importancia de abordar los problemas de violencia y delincuencia, advierten que las políticas de seguridad deben respetar las garantías fundamentales y evitar abusos.
En paralelo, sindicatos y organizaciones sociales han expresado dudas sobre el impacto que podría tener la agenda económica del nuevo gobierno en derechos laborales y políticas sociales. Dirigentes de distintos sectores han señalado que estarán atentos a eventuales reformas que puedan afectar la negociación colectiva, las condiciones laborales o el rol del Estado en áreas como salud, educación y protección social.
En el mundo rural y territorial, las posiciones han sido más diversas. Mientras algunos sectores vinculados a la agricultura y a la seguridad en zonas rurales han manifestado expectativas favorables hacia el nuevo gobierno, otras organizaciones han planteado preocupaciones respecto a la manera en que se abordará el conflicto en la Macrozona Sur.
Agrupaciones territoriales e indígenas han advertido que existe incertidumbre sobre si la nueva administración privilegiará una estrategia centrada en el diálogo político o en el fortalecimiento de medidas de seguridad en la zona. En ese contexto, han pedido que cualquier política destinada a enfrentar el conflicto considere el respeto a los derechos de los pueblos originarios y los procesos de diálogo intercultural.
Para varios analistas, la llegada de Kast al poder marca un momento político relevante en Chile. Su gobierno ha sido descrito por distintos observadores como el más conservador desde el retorno a la democracia en 1990, lo que explica en parte la movilización preventiva de organizaciones sociales que buscan resguardar avances alcanzados en distintos ámbitos.
En este escenario, diversas agrupaciones han señalado que su estrategia será mantenerse activas y vigilantes frente a las decisiones del nuevo Ejecutivo. La idea, explican, es monitorear las primeras medidas del gobierno y reaccionar en caso de que se impulsen iniciativas que consideren regresivas en materia de derechos o políticas sociales.
Pese a las críticas y aprensiones, algunas organizaciones también han señalado que esperan que el nuevo gobierno pueda establecer canales de diálogo con la sociedad civil. En ese sentido, han planteado que la participación ciudadana y el respeto a la diversidad de opiniones serán claves para enfrentar los desafíos políticos y sociales del país.
El inicio del mandato de José Antonio Kast se produce, así, en un clima de expectativas, pero también de vigilancia por parte de distintos sectores de la sociedad civil. Los primeros meses de gobierno serán observados con atención por organizaciones que buscan asegurar la continuidad de políticas públicas que consideran fundamentales para el desarrollo democrático del país.
Fuentes:
Prensa Latina
Radio Universidad de Chile
Bloomberg
Página 12
Contralínea
Latinoamérica21
