Gobierno de Kast retira proyecto de negociación ramal: Otra derrota del Gobierno de Boric
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El reciente retiro del proyecto de negociación colectiva ramal por parte del gobierno de José Antonio Kast no constituye sorpresa alguna para quienes observan con atención la política chilena. La nueva administración ha hecho exactamente lo que prometió en campaña y lo que su naturaleza oligárquica dicta: gobernar sin mediaciones para el gran empresariado nacional y extranjero. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez Schuster, no necesitó ejercer presión desmedida; simplemente expuso su posición y el gobierno ejecutó. La reunión del ministro del Trabajo, Tomás Rau, con los gremios empresariales —mientras la CUT sigue esperando ser convocada— es la imagen más nítida de este nuevo período: el capital en el centro de la toma de decisiones, el trabajo del otro lado del cerco.
Pero atribuir esta derrota únicamente al nuevo gobierno sería un error de análisis. La derecha actúa según su programa y su historia. El problema de fondo, el que debe ser examinado con crudeza, ocurrió antes: fue durante el gobierno de Gabriel Boric que se desaprovechó la oportunidad histórica de avanzar en una demanda largamente postergada por los trabajadores.
El proyecto de negociación ramal —que permitía a trabajadores y empleadores de un mismo sector acordar estándares mínimos sobre salarios, productividad y condiciones laborales— era una aspiración histórica de la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, durante la administración Boric, la iniciativa avanzó con una lentitud que terminó siendo fatal. Anunciada en la Cuenta Pública de 2024, diseñada durante 2025, recién fue ingresada al Congreso en enero de 2026, a solo dos meses del término del mandato.
Esta lentitud no fue un mero error de cálculo político ni una simple descoordinación administrativa. Fue, más bien, la expresión evidente de que el gobierno de Boric, a pesar de su retórica transformadora, operó en los hechos bajo un sello neoliberal que terminó por traicionar sus promesas de campaña. Se gobernó según lo estipulado en el manual de Eugenio Tironi, el sociólogo y operador político que impulsó la estrategia de «normalización»: priorizar la estabilidad, el orden y la gobernabilidad por sobre las transformaciones estructurales, adaptándose a los marcos políticos y económicos existentes en lugar de desafiarlos. Bajo esta lógica, postergar sistemáticamente una demanda histórica de los trabajadores mientras se priorizaban reformas amigables con los mercados, como la búsqueda de equilibrios fiscales o el diálogo permanente con los gremios empresariales, no fue un accidente sino una decisión coherente. La urgencia por mostrarse como un socio confiable ante los inversores y la preocupación por no tensionar las variables macroeconómicas prevalecieron por sobre la necesidad de fortalecer a quienes sostienen la economía con su fuerza laboral. La exdirectora del Trabajo, Lilia Jerez, calificó la iniciativa como una respuesta tardía a un compromiso programático. El abogado laboral Álvaro Domínguez fue más allá: no se explicaba que se presentara a sesenta días del término del gobierno, y que su retiro era algo predecible. La propia diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, realizó una autocrítica necesaria, pero moderada: el proyecto se presentó a última hora, y esas autocríticas hay que hacerlas. Así, la oportunidad de avanzar hacia un modelo más justo se diluyó en una gestión que, en lo esencial, no desafió los pilares del modelo heredado de la dictadura. No fue incompetencia: fue coherencia con un proyecto que, vestido de progresismo, terminó administrando el mismo orden que decía querer cambiar.
Si la tardanza del gobierno de Boric fue determinante, la pasividad de la CUT y las organizaciones sindicales resultó imperdonable. Durante casi cuatro años de una administración que se autoproclamaba de los trabajadores, con partidos como el PC y el PS en sus filas, la principal central sindical del país desaprovechó la oportunidad de movilizar a las bases para exigir celeridad en el proyecto. No hubo campañas políticas sostenidas, ni jornadas informativas en territorios, ni presión en las calles. Mientras los gremios empresariales desplegaban toda su artillería —lobby en el Congreso, declaraciones públicas, reuniones en La Moneda, silencio en los medios oligarcas—, la dirigencia sindical optó por un perfil bajo que rayó en la complacencia.
El secretario general de la CUT, Eric Campos, por ejemplo, fue visto con frecuencia en programas de farándula política y entrevistas livianas —como su paso por Sin Filtros en TV+, espacio dedicado al espectáculo y las tendencias—, mientras el proyecto que debía defender dormía en los escritorios del Ejecutivo y el Legislativo. Esta desconexión entre el discurso y la acción revela que, para cierta dirigencia, el cargo sindical se convirtió más en un espacio de visibilidad mediática y relacionamiento político que en una trinchera de lucha por los derechos de los trabajadores. Ahora que ha llegado el momento de enfrentar a un gobierno de la oligarquía empresarial como el de Kast, la CUT se encuentra sin la fuerza social necesaria para resistir, reducida a declaraciones de prensa que nadie escucha.
Lo que viene no será sencillo, pero es precisamente ahora cuando debe comenzar la verdadera tarea. Con un Estado capturado por los intereses oligárquicos y un movimiento sindical debilitado por el letargo de sus propias dirigencias, los trabajadores enfrentarán tiempos duros. La derecha gobierna para el capital, como era previsible, y acaba de dar otra señal de lo que será su administración al retirar este proyecto. Pero esa debilidad social, esa incapacidad de resistencia, también se construyó desde la pasividad de quienes debieron estar en las calles exigiendo a su gobierno y prefirieron los estudios de televisión.
La oportunidad histórica no la desperdició Kast; se perdió en los años en que se tuvo un gobierno afín y no se construyó el poder necesario para defender las conquistas. Y ahora, con un gobierno que no oculta su “carácter” de clase, el precio de esa omisión se paga con el retroceso en derechos laborales. Prepararse para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras ante un gobierno del capital y los grandes empresarios no será una opción, sino una necesidad impostergable. Llegó el momento del debate al interior del movimiento sindical: un Congreso de Orientación es el instrumento.
Leopoldo Lavín Mujica
B.A. en Journalisme et philosophie, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Quebec, Canadá
