Amnistía Internacional activa “acción urgente” ante posible indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos
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La organización Amnistía Internacional emitió una “acción urgente” tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien el pasado 12 de marzo de 2026 abrió la posibilidad de otorgar indultos a ex carabineros y ex militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.
La medida, que corresponde a una facultad presidencial establecida en la Constitución, permite perdonar total o parcialmente una pena, aunque no elimina el delito cometido. Sin embargo, la eventual aplicación de este beneficio en casos de violaciones a los derechos humanos ha encendido las alertas de organismos nacionales e internacionales.
Según cifras de la Fiscalía Nacional actualizadas a octubre de 2025, se han registrado 11.506 denuncias vinculadas a hechos ocurridos durante el estallido social, con más de 12 mil delitos atribuidos a agentes del Estado. A pesar del volumen de casos, menos del 2% ha culminado en condenas, lo que evidencia —según expertos— un alto nivel de impunidad.
En ese contexto, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, advirtió que avanzar en indultos agravaría esta situación. “Son muy pocos los casos que avanzan a juicio y aún menos los que terminan en condena. Indultar a los escasos funcionarios que han sido responsabilizados no solo ampliaría la brecha de impunidad, sino que también contravendría las obligaciones internacionales del Estado”, señaló.
La organización sostiene que una medida de este tipo podría debilitar los procesos de verdad, justicia y reparación para miles de víctimas y sus familias, además de enviar una señal negativa respecto al compromiso del país con los derechos humanos.
Por ello, la “acción urgente” solicita directamente al presidente Kast abstenerse de impulsar estos indultos y cumplir con los estándares internacionales en la materia. Este mecanismo, utilizado por Amnistía Internacional, se activa cuando una situación es considerada de alto riesgo, movilizando a una red global de miles de personas que ejercen presión mediante cartas y comunicaciones dirigidas a las autoridades.
El eventual otorgamiento de indultos en estos casos abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones presidenciales y el rol del Estado en garantizar justicia frente a violaciones graves de derechos humanos, en un escenario donde las cifras ya reflejan importantes dificultades en el acceso a la justicia.
