El último dique: la oposición prepara su batalla constitucional contra la megarreforma
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Con la votación prácticamente perdida en el Senado, la oposición comienza a trasladar la disputa desde el terreno legislativo al constitucional. Más que revertir una derrota parlamentaria, busca impedir que una mayoría circunstancial consolide por décadas un modelo tributario, ambiental y laboral que, a su juicio, limita la capacidad de los futuros gobiernos para redefinir el rumbo económico del país.
Hay momentos en que una mayoría parlamentaria gana una votación, pero pierde el consenso político. Y hay reformas que dejan de discutirse únicamente en el Congreso para convertirse en una disputa sobre los límites de la democracia. La megarreforma del gobierno de José Antonio Kast parece haber entrado precisamente en esa fase.
La declaración pública difundida este lunes por el Partido Socialista no sólo confirma que la oposición evalúa recurrir al Tribunal Constitucional. Revela algo más profundo: la convicción de que la batalla legislativa está prácticamente perdida y que el conflicto se trasladará al terreno constitucional.
No es una decisión menor. Tampoco una reacción impulsiva.
La propia declaración del PS intenta contener las diferencias internas surgidas durante la jornada y recalca que la decisión final será adoptada «de manera unitaria y responsable», después de una reunión entre presidentes de partidos, jefes de bancada y un equipo de constitucionalistas convocada para el jueves.
Pero detrás de esa prudencia existe un diagnóstico político compartido.
Una negociación sin negociación
Durante las últimas semanas las senadoras de oposición que participan en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda han repetido una crítica que comienza a transformarse en consenso: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, escucha, pero no negocia.
Las indicaciones se reciben.
Las reuniones se realizan.
Las conversaciones existen.
Pero el núcleo de la reforma permanece intacto.
Ese núcleo tiene un nombre muy preciso: la rebaja tributaria para las grandes empresas y, sobre todo, la cláusula de invariabilidad tributaria que pretende asegurar ese régimen durante un cuarto de siglo.
Cuando la oposición afirma que no está siendo escuchada, en realidad está diciendo otra cosa: que el Gobierno no busca construir una mayoría política, sino simplemente administrar la mayoría parlamentaria que ya posee.
Es una diferencia enorme.
Negociar supone modificar posiciones.
Administrar una mayoría consiste únicamente en reunir los votos necesarios.
¿Qué se juega realmente?
La discusión pública se ha concentrado en la reducción del impuesto corporativo.
Sin embargo, el verdadero conflicto es mucho más profundo.
La oposición sostiene que la invariabilidad tributaria convierte una decisión económica coyuntural en una política prácticamente irreversible durante 25 años.
No discute solamente cuánto pagarán las empresas.
Discute quién tendrá derecho a decidir esa política en el futuro.
La frase utilizada por los diputados socialistas resume bien esa preocupación: «Ninguna mayoría parlamentaria puede clausurar esa facultad por 25 años».
Desde esa perspectiva, el conflicto deja de ser tributario para convertirse en un problema democrático.
Porque toda democracia supone que las futuras mayorías puedan modificar las decisiones adoptadas por las mayorías anteriores.
Ese principio es el que la oposición considera amenazado.
El Tribunal Constitucional como última estación
Durante años la izquierda criticó duramente el uso del Tribunal Constitucional como una «tercera cámara».
Hoy las circunstancias son distintas.
No porque haya cambiado necesariamente la opinión sobre el TC, sino porque la correlación de fuerzas en el Congreso ha cambiado radicalmente.
La oposición reconoce, en privado, que difícilmente logrará modificar el corazón de la reforma.
Las indicaciones probablemente serán rechazadas.
Los votos no alcanzan.
En ese escenario, el Tribunal Constitucional deja de ser una alternativa y comienza a transformarse en el último mecanismo institucional disponible.
El recurso ya no sería simplemente una revisión jurídica.
Sería también un mensaje político.
La afirmación de que existen límites constitucionales incluso para una mayoría parlamentaria.
El riesgo del Gobierno
Paradójicamente, el Gobierno puede aprobar la reforma y, al mismo tiempo, debilitarla.
Una política pública de esta magnitud necesita algo más que una mayoría simple.
Necesita legitimidad.
Las grandes reformas económicas suelen sobrevivir durante décadas cuando nacen de amplios acuerdos políticos.
Las que se aprueban por márgenes estrechos y sin diálogo efectivo suelen convertirse en el primer objetivo de los gobiernos siguientes.
Por eso el problema del Ejecutivo no termina con la votación prevista para la próxima semana.
Recién comienza.
Si la reforma es percibida como una imposición destinada a beneficiar principalmente a los sectores de mayores ingresos, cualquier cambio futuro de mayoría política buscará desmontarla desde el primer día.
La paradoja es evidente.
Mientras el Gobierno intenta garantizar estabilidad para los inversionistas mediante la invariabilidad tributaria, podría estar generando exactamente el efecto contrario: convertir esa reforma en el principal eje de confrontación política de los próximos años.
La oposición también enfrenta su propia prueba
Pero el desafío no es sólo del oficialismo.
La oposición deberá demostrar que su eventual recurso al Tribunal Constitucional no constituye simplemente una estrategia para revertir una derrota legislativa.
Tendrá que construir una argumentación constitucional sólida.
Demostrar que el problema no es haber perdido una votación, sino que determinadas disposiciones vulneran principios fundamentales de la Constitución, restringen indebidamente la capacidad legislativa de futuros Congresos o afectan el equilibrio entre los poderes del Estado.
Más allá de esta reforma
Quizá el aspecto más relevante de esta discusión es otro.
La megarreforma revela una manera de entender el ejercicio del poder.
El Gobierno parece convencido de que haber obtenido una mayoría parlamentaria le otorga legitimidad suficiente para rediseñar las reglas económicas de Chile durante décadas.
La oposición sostiene que existen decisiones que requieren algo más que una mayoría circunstancial.
Ese debate trasciende ampliamente la discusión tributaria.
Habla del tipo de democracia que Chile quiere construir.
Porque las constituciones no sólo limitan al poder cuando éste es minoritario.
También existen para poner límites cuando las mayorías, amparadas en sus votos, pretenden convertir una coyuntura política en un diseño permanente del Estado.
Ese es, en definitiva, el verdadero juicio que comienza a abrirse. No sólo sobre la constitucionalidad de la megarreforma, sino sobre la legitimidad democrática de utilizar una mayoría parlamentaria para intentar fijar el rumbo económico del país durante una generación.
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
