Restos de hasta 30 detenidos desaparecidos estarían sepultados en un sitio eriazo de Macul
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Un reportaje de CIPER reveló la existencia de un informe del Plan Nacional de Búsqueda que da cuenta de la posible inhumación de cuerpos de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar en Santiago. El documento indica que las víctimas habrían sido enterradas entre septiembre de 1973 e inicios de 1974 en un terreno ubicado en avenida Departamental con Macul. En ese entonces el sitio era propiedad de la municipalidad de Ñuñoa y fue usado como vertedero hasta la década del 80, época en que fue clausurado. Actualmente el informe está en manos de la ministra en visita Paola Plaza, quien investiga la causa desde 2022. Las obras de excavación sugeridas en el informe debieran estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
De acuerdo con el reportaje de CIPER entre las personas que podrían estar en enterradas en el sitio eriazo figuran tres integrantes del Grupo de Amigos Personales de Allende (GAP), un militante del partido comunista, tres ciudadanos uruguayos, un ciudadano brasileño, un niño de once años y víctimas sin militancia política que serían obreros o comerciantes ambulantes del sector sur de Santiago.
Según lo revelado por CIPER, el informe concluye que los antecedentes recopilados son “múltiples, convergentes y consistentes” y permiten comprobar “la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar”, así como “la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.
Para el documento, elaborado por funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), fueron recopilados testimonios de civiles y de carabineros en retiro, e incluye registros del Servicio Médico Legal e imágenes aéreas del sector que fueron registradas por la FACH durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. También consideró investigaciones judiciales cerradas. Uno de los relatos clave que recoge el informe es el de Marcelo Bustamante, quien en su testimonio judicial declaró que entre octubre y noviembre de 1973 vio “varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes con posterioridad comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo”. En su relato identifica el ex vertedero como la zona en la que observó la llegada de los vehículos.
De acuerdo a lo publicado por CIPER el informe del PNB establece que “tanto la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (en adelante “CNVR”) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante “CNR”) recibieron denuncias a comienzos de los años 90 sobre el uso del sector como un sitio de abandono de cadáveres” (…) “En 1995 el equipo de Destino Final de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (…) recibió el testimonio de Fernando Morales, quien indicó que uno de sus trabajadores, que vivía frente al ex vertedero de Macul al momento del Golpe de Estado de 1973, le habría confesado que había visto cuerpos que eran arrojados por camiones”.
El informe también delimita la zona en la que se encontrarían los restos de los detenidos desaparecidos: “el sector con mayor priorización se encuentra a unos 100 metros en dirección norponiente de (donde funcionaba) la discoteca Luxor” (…) “Esta priorización no se limita al área señalada, sino que corresponde a una primera etapa de búsqueda planificada”. Y precisa: “El área conjunta de priorización Muy Alta y Alta es de 0.75 hectáreas, abarcando profundidades que van desde los 25 metros hasta los 10 metros en el sector norte del vertedero”.
En el documento expuesto por CIPER se concluye que “los antecedentes que se han expuesto son múltiples, convergentes y consistentes en cuanto a: i) las características del terreno y su evolución, en relación con las actividades que se realizaban en el sitio objeto de nuestro análisis, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; ii) la ocurrencia de acciones represivas protagonizadas por funcionarios de Carabineros de Chile y el Ejército de Chile al interior del vertedero con posterioridad al golpe militar ; iii) la entrada y salida habitual de camionetas y camiones de las Fuerzas Armadas y de Orden al lugar de interés, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973; y, iv) la existencia de maquinaria en el vertedero, capaz de remover material, utilizado para inhumar ilegalmente un gran número de cadáveres”.
