Cuando la seguridad se convierte en herramienta de control social
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En tiempos de incertidumbre, la promesa de orden suele ganar terreno. Pero no toda política de seguridad fortalece la democracia: algunas, bajo el lenguaje de la protección, esconden mecanismos de exclusión, control social y debilitamiento institucional. Las propuestas migratorias impulsadas por José Antonio Kast —articuladas en el denominado “Plan Escudo Fronterizo”— abren un debate urgente sobre los límites entre seguridad y autoritarismo en Chile según el análisis del centro de estudios migratorios Caminante Libre.
Un enfoque militarizado de la migración
El eje del plan es claro: cerrar, vigilar y expulsar. Muros de cinco metros, zanjas profundas, cercos electrificados y tecnología de reconocimiento facial se combinan con el despliegue de miles de efectivos en la frontera norte. A ello se suma la creación de centros de internación para migrantes y un endurecimiento administrativo que incluye sanciones a organizaciones, eliminación de regularizaciones y restricciones severas a derechos básicos.
El mensaje político es contundente: la migración deja de ser un fenómeno social complejo para convertirse en un problema de seguridad nacional. Sin embargo, esta simplificación no solo es técnicamente discutible —dada la extensión de más de 7.800 kilómetros de frontera— sino que además ignora las causas estructurales que impulsan los flujos migratorios.
Estado de excepción como norma
Las primeras medidas adoptadas bajo régimen de excepción profundizan esta lógica. La declaración de zonas militares en regiones del norte, el refuerzo del control territorial y la designación de un comisionado con amplias atribuciones configuran un esquema donde lo extraordinario comienza a institucionalizarse.
El riesgo no es menor: cuando la excepción se normaliza, la democracia se debilita desde dentro. La idea de “salvar el orden” mediante la restricción de derechos ha sido, históricamente, la antesala de procesos de erosión democrática más profundos.
El costo social de la “mano dura”
Las consecuencias de este enfoque no se limitan al plano institucional explica Caminante Libre. La criminalización de la migración irregular —incluso tipificándola como delito— amenaza con saturar aún más un sistema judicial y penitenciario ya colapsado. Pero, sobre todo, instala una narrativa peligrosa: la asociación entre migración y delincuencia.
Esa narrativa no solo es injusta, sino funcional a la exclusión. Negar acceso a salud, educación o vivienda a personas en situación irregular no resuelve el problema: lo agrava, empujando a miles a la informalidad y la vulnerabilidad. La política pública, en este contexto, deja de integrar para marginar.
Seguridad o distracción
El endurecimiento del discurso migratorio también cumple otra función: desplazar el foco del debate público. Mientras la agenda se llena de medidas punitivas, quedan relegados problemas estructurales como las pensiones, la crisis de la salud o el acceso a la vivienda.
Se construye así una narrativa binaria —“buenos” contra “malos”— que simplifica la realidad y alimenta el miedo. Un país imaginado como caótico justifica políticas excepcionales; un enemigo externo permite postergar soluciones internas.
Una alternativa posible
Frente a este escenario, la discusión no debería ser si controlar o no las fronteras, sino cómo hacerlo sin sacrificar los principios democráticos. La evidencia comparada sugiere que la seguridad efectiva no se basa únicamente en barreras físicas o tecnológicas, sino en políticas integrales.
Regularizar lo regularizable, facilitar vías de migración ordenada, fortalecer la cooperación regional y perseguir redes de tráfico de personas —en lugar de criminalizar a quienes migran— son caminos más eficaces y respetuosos de los derechos humanos.
Porque, en última instancia, la seguridad real no se construye desde el miedo, sino desde la cohesión social. Y una democracia sólida no necesita enemigos imaginarios para justificarse, sino instituciones capaces de garantizar dignidad, justicia e inclusión.
En ese equilibrio —entre control y humanidad— se juega algo más que una política migratoria: se define el tipo de sociedad que Chile aspira a ser.
Cuando la seguridad se convierte en herramienta
