Navia propagandista de Kast: cuando la “libertad” encubre la estrategia neoliberal de ataque contra derechos ciudadanos
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El pasado 20 de marzo, Patricio Navia publicó en el medio El Líbero una columna titulada “La virtud de derogar leyes”. En ella, el analista político intenta presentar como un avance liberal la derogación de leyes, el retiro de proyectos y la aplicación de decretos por parte del gobierno de Kast.
Es posible que el académico de la UDP sea un liberal sincero, pero su texto adolece de un error de base: confunde “liberalismo” con neoliberalismo, y desconoce que este último no reduce el Estado, sino que lo reorienta al servicio del gran capital. Lejos de ser un análisis neutro, su falta de rigor conceptual convierte su artículo en un relato propagandístico que mistifica la naturaleza de los gobiernos que se presentan como “liberales”. En la práctica, el gobierno de Kast es neoliberal en lo económico y conservador (o neoreaccionario) en lo social.
Como ha señalado el historiador Quinn Slobodian en “Globalistas” (2018), “lejos de descartar al Estado regulador, los neoliberales querían aprovecharlo para su gran proyecto de proteger el capitalismo a escala global”. No se trata de ampliar la libertad de las personas, sino de garantizar la libertad económica del capital. Para ello, utilizan el Estado ―como en el caso del gobierno de Kast― con dos propósitos simultáneos: atacar los derechos colectivos de los trabajadores, las minorías y las mujeres, y desregular en beneficio de las empresas. A ello se suma una agenda conservadora que busca imponer una visión moral tradicionalista sobre los cuerpos, las familias y las formas de organización social.
El politólogo Navia eleva a “virtud” la derogación de leyes, el retiro de proyectos y la aplicación de decretos, como si fueran una expansión de las libertades individuales. Esa pretendida virtud es, en realidad, el método con el que el neoliberalismo desmantela los marcos de protección social sin pasar por el debate democrático. Derogar leyes no es un acto de liberación ciudadana cuando lo que se elimina son las normas que permiten a los trabajadores organizarse para contrarrestar el poder empresarial, a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y a las minorías exigir igualdad.
Retirar proyectos de ley no es un gesto de eficiencia cuando lo que se busca es impedir que el parlamento discuta derechos conquistados con luchas sociales. Y aplicar decretos desde el ejecutivo ―como lo legitimaba teóricamente el jurista nazi Carl Schmitt al sostener que, en períodos de “emergencia” o “estado de excepción”, el soberano puede dictar justicia por encima de las leyes― se convierte en una herramienta autoritaria cuando se usa para imponer cambios sin diálogo ni contrapesos.
El académico de la UDP no ignora que el gobierno de Kast acaba de retirar la ley de negociación ramal. Esa norma era una herramienta clave para que los trabajadores pudieran negociar colectivamente frente a los grandes empleadores. Lejos de ampliar libertades, la medida cercena la libertad sindical y fortalece el poder de la “libre empresa” ―es decir, del capital concentrado―. La “virtud” de derogar leyes revela así su lado perverso: desproteger al trabajo en nombre de la “flexibilidad”.
Pero la ofensiva neoliberal y conservadora no se limita al ámbito laboral. El gobierno ha lanzado un paquete de medidas económicas que confirma hacia dónde apunta su proyecto: rebaja la tasa corporativa del 27% al 23%, elimina el impuesto a las ganancias de capital y establece un régimen de repatriación de capitales. Todo ello mientras limita la gratuidad universitaria a menores de 30 años y frena su expansión a nuevos deciles. En paralelo, impulsa reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la reducción de plazos en permisos sectoriales y la agilización de concesiones marítimas, bajo la bandera de combatir la “permisología”. Lo que el politólogo elogia como reducción del Estado es, en los hechos, un traspaso de recursos desde las mayorías hacia el gran capital.
Esta estrategia responde a lo que Naomi Klein, en “La doctrina del shock” (2007), denomina “capitalismo del desastre”: el aprovechamiento de las crisis, algunas de ellas mediáticamente construidas, para imponer reformas que, en condiciones normales, encontrarían resistencia social. Lo que Navia elogia como “reducción del Estado” es, en los hechos, la utilización de una crisis para transferir recursos desde las mayorías hacia el gran capital.
El ataque tampoco se detiene en lo económico. Bajo el mismo discurso de “libertad”, el gobierno de Kast recorta derechos de las mujeres —a decidir sobre su cuerpo— y de las minorías. Obstaculiza la ley de aborto en tres causales, desmantela programas de diversidad e inclusión y promueve una agenda que criminaliza a las organizaciones sociales y a las comunidades que defienden sus territorios. Este componente neoreaccionario —que busca restaurar jerarquías tradicionales de género, familia y autoridad— completa el proyecto: mientras el neoliberalismo desregula los mercados, el conservadurismo regula autoritariamente los cuerpos y las disidencias. Lo que el académico de la UDP alaba como “derogación de leyes insensatas” es, en la práctica, una ofensiva sistemática contra conquistas sociales duramente ganadas.
La falsa oposición entre “Estado” y “libertad” que construye el analista encubre la verdadera función del Estado neoliberal-conservador. Este no se retira, sino que se fortalece en sus funciones represivas, de garantía a la gran propiedad privada y de desarticulación de la acción colectiva. Como señala la filósofa Barbara Stiegler en “Il faut s’adapter” (2019), “el neoliberalismo apela a los artificios del Estado (manipula el derecho, la educación y la protección social) para transformar la especie humana y construir así artificialmente el mercado”. En otras palabras: no existe un mercado “natural” que el Estado deba dejar libre; el mercado es producido por el Estado, y el neoliberalismo lo usa para moldear la sociedad a favor del capital. La creación de ministerios como el de Seguridad no contradice ese proyecto, sino que lo complementa: más control social para disciplinar a quienes resisten las políticas de desregulación y a quienes exigen el respeto de sus derechos fundamentales.
En definitiva, Navia actúa como propagandista al presentar como “virtud” lo que es parte central del programa neoliberal y conservador chileno: usar el poder estatal para beneficiar al gran capital —vía rebajas tributarias, desregulación ambiental y flexibilización laboral— y desproteger a los trabajadores, las mujeres y las minorías, al tiempo que impone una agenda cultural autoritaria. Todo ello bajo el manto ideológico de la libertad individual. No se trata, entonces, de “libertad” a secas, sino de libertad económica para el capital combinada con restricción autoritaria para las mayorías. La verdadera virtud no está en derogar leyes que protegen derechos colectivos duramente conquistados, sino en oponerse a esa ofensiva y reconstruir un Estado que garantice derechos, no que los sacrifique en el altar del mercado.
