¿Quién pagará la cuenta?

Hay frases que no deberían salir jamás de boca de una autoridad. Decir “el Estado está en quiebra” es una de ellas. No solo es una exageración, sino un tiro en el pie. Porque ese tipo de declaraciones disparan el riesgo país, encarecen la deuda y espantan la inversión extranjera. La credibilidad fiscal no se recupera con un comunicado de prensa.

Y mientras algunos siembran incertidumbre, la economía real se enfrenta a un problema con nombre y apellido: el precio de los combustibles. No es un detalle menor. Un alza en el petróleo no solo se siente en el bolsillo al llenar el estanque; se traslada a los alimentos, al transporte, a todo. Es la puerta de entrada a una inflación que, si se descontrola, se vuelve una espiral difícil de frenar. Y entonces los bancos centrales se ven obligados a subir tasas, enfriando la actividad mientras los precios siguen subiendo. El peor de los mundos.

Pero aquí quiero detenerme en una discusión que suele presentarse como un mantra: la idea de que para crecer hay que bajar impuestos, especialmente a los que más tienen, y que eso, combinado con un ajuste del gasto, es la receta infalible.

Se presenta como un dilema: ¿se puede reducir el gasto fiscal y la deuda pública al mismo tiempo que se bajan los impuestos? No es un contrasentido si lo que se controla es el gasto. De hecho, hay experiencias exitosas, como la de Colorado con su regla TABOR, que limita el crecimiento del gasto público a la inflación más el crecimiento poblacional. Cuando los ingresos sobran, se devuelven. Es posible, pero requiere una disciplina que pocos están dispuestos a aplicar.

Sin embargo, la otra parte del argumento —que reducir impuestos a los ricos impulsa el crecimiento y el empleo— es un cuento que la evidencia ya se encargó de desmentir.

Un estudio reciente de la London School of Economics, que analizó 50 años de datos en 18 países de la OCDE (sí, el club al que pertenece Chile), concluyó algo contundente: las rebajas de impuestos a los más ricos no tienen ningún efecto significativo en el crecimiento económico ni en el empleo. Ni en el corto ni en el mediano plazo. Lo que sí logran es aumentar la desigualdad. Cada vez que se aplica una reforma de ese tipo, la participación del 1% más rico en la renta nacional sube.

Entonces, ¿por qué se sigue vendiendo la misma fórmula? Quizás porque confundimos dos cosas: tener competencias para rentabilizar capital privado es muy distinto a tener capacidad para gestionar una economía nacional. Lo que sirve para un portafolio de inversiones no necesariamente sirve para un país.

Y mientras tanto, la pregunta de fondo sigue flotando: si le bajamos los impuestos a quienes más tienen y ajustamos el gasto recortando servicios públicos, ¿quién termina pagando la cuenta? Porque en la historia reciente, la respuesta casi siempre es la misma: los mismos de siempre.

La evidencia está sobre la mesa. Otra cosa es si queremos mirarla.