Rechazo a la reversión de la expropiación en Colonia Dignidad: organizaciones acusan retroceso en derechos humanos
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Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron su categórico rechazo ante el anuncio del gobierno de frenar el proceso de expropiación del sitio de memoria correspondiente a la ex Colonia Dignidad. A través de una declaración pública, advirtieron que la medida constituye un “acto político regresivo” que pone en riesgo compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia y reparación.
La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, junto a agrupaciones de víctimas y colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos, señalaron que la decisión no puede ser entendida como un simple ajuste administrativo. Por el contrario, la calificaron como una señal preocupante de retroceso en políticas públicas relacionadas con crímenes de lesa humanidad.
En el documento, las organizaciones recordaron que Colonia Dignidad fue uno de los principales centros de represión durante la dictadura, donde operó una estructura criminal en coordinación con organismos del Estado. Subrayaron además el valor judicial y probatorio del sitio, destacando que aún podría contener evidencia clave sobre el destino de personas detenidas desaparecidas.
Desde esta perspectiva, afirmaron que detener la expropiación afecta directamente las condiciones necesarias para avanzar en investigaciones judiciales en curso. “No estamos hablando de un terreno cualquiera”, enfatiza la declaración, sino de un espacio con relevancia histórica y jurídica para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Las críticas también apuntaron al argumento económico esgrimido por el gobierno. Según las organizaciones firmantes, no existe información pública suficiente ni transparente que respalde las cifras mencionadas para justificar la decisión. En ese sentido, señalaron que existen estudios previos —incluyendo tasaciones encargadas por Alemania a través de la GIZ, así como antecedentes del propio Estado chileno— que no habrían sido debidamente considerados.
Para los firmantes, el uso del factor económico sin sustento técnico constituye una justificación insuficiente y encubre una decisión política ya adoptada. A su juicio, lo que está en juego trasciende el proceso expropiatorio y afecta directamente la credibilidad del Estado frente a las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional.
El documento advierte además sobre el impacto de esta medida en las víctimas y sus familias, quienes —según indican— enfrentan una nueva forma de abandono institucional. La señal, sostienen, es que incluso los reconocimientos oficiales de los crímenes pueden ser relativizados o postergados.
Las organizaciones enfatizaron que existen límites que el Estado no puede traspasar, especialmente cuando se trata de garantizar el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. En esa línea, recordaron que Chile mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser debilitadas por decisiones políticas.
Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando la recuperación del sitio como espacio de memoria, apoyar las investigaciones judiciales y defender el derecho de la sociedad a conocer la verdad.
“El proceso podrá ser retrasado u obstaculizado, pero no detenido”, concluye la declaración. “La verdad no es reversible. La justicia no es negociable. La memoria no es optativa”.
Organizaciones firmantes:
- Centro Cultural 119 Esperanzas
- Colectivo 119 de Familiares y Compañeros
- Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca
- Agrupación de Familias Campesinas Víctimas de Colonia Dignidad
- Centro de Formación Memoria y Futuro
- Asociación por los Derechos Humanos Parral
- Fundación Ciudadana de Derechos Humanos
- Agrupación de ex Presos Políticos de Talca
- Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
