El desempleo femenino y la disputa por la Sala Cuna: la contradicción social del gobierno de Kast
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El aumento del desempleo entre las mujeres abrió un nuevo flanco político para el gobierno. Mientras las cifras del INE muestran que las chilenas enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo, la discusión sobre la Sala Cuna Universal vuelve a instalar una pregunta de fondo: quién asume el costo del cuidado y qué modelo laboral quiere construir el país.
El nuevo aumento del desempleo en Chile no solo encendió las alarmas económicas. También comenzó a revelar una de las contradicciones políticas más delicadas del gobierno de José Antonio Kast: el deterioro del empleo femenino en paralelo al cuestionamiento o debilitamiento de políticas destinadas precisamente a facilitar la inserción laboral de las mujeres.
La cifra informada por el INE fue clara. El desempleo nacional llegó al 9,1%, pero el dato más preocupante apareció en el mercado laboral femenino, donde la desocupación alcanzó el 10,5%, muy por encima del 8% registrado entre los hombres. Más aún: el aumento no se explica por una caída masiva de mujeres fuera del mercado laboral, sino por el fenómeno contrario. Más mujeres están buscando empleo, pero el sistema económico no está generando suficientes puestos de trabajo para absorber esa demanda.
Ese dato cambia el sentido político de la discusión.
Durante años, la derecha económica chilena sostuvo que el crecimiento bastaba para resolver progresivamente las brechas laborales de género. Sin embargo, la realidad vuelve a mostrar que el problema no es solamente de crecimiento económico, sino de estructura social. Y en esa estructura aparece una barrera histórica que Chile nunca ha resuelto completamente: el sistema de cuidados.
Ahí entra el debate sobre la Sala Cuna Universal.
El proyecto nació justamente para corregir una anomalía laboral que persiste desde hace décadas en el Código del Trabajo. Hoy, la obligación de financiar sala cuna recae sobre empresas con veinte o más trabajadoras, lo que históricamente ha generado un incentivo perverso: evitar contratar mujeres o fragmentar contratos para no asumir ese costo. La crítica a ese modelo no viene solo desde organizaciones feministas o sindicales; incluso economistas liberales han reconocido durante años que el actual sistema termina discriminando indirectamente el empleo femenino.
La propuesta de universalizar el beneficio buscaba romper esa lógica, distribuyendo socialmente el costo del cuidado infantil. Pero el debate volvió a tensionarse en las últimas semanas. Sectores empresariales y parlamentarios oficialistas han cuestionado el mecanismo de financiamiento y algunos dirigentes han comenzado a hablar de posibles objeciones constitucionales o económicas al proyecto.
El problema para el gobierno es político antes que técnico.
Porque mientras la administración de Kast insiste en que busca aumentar el empleo, incentivar la natalidad y fortalecer la familia, las cifras del mercado laboral muestran exactamente el espacio donde esas promesas chocan con la realidad material: las mujeres continúan cargando de manera desproporcionada con el trabajo doméstico y de cuidados, y eso limita su inserción económica.
La contradicción puede volverse todavía más visible en un contexto de desaceleración económica y ajuste fiscal. Cuando el empleo se deteriora, las primeras en salir o en precarizar sus condiciones laborales suelen ser las mujeres, especialmente aquellas con hijos pequeños y redes de apoyo limitadas. En otras palabras, la ausencia de políticas universales de cuidado deja de ser un problema abstracto y se convierte en un mecanismo concreto de exclusión laboral.
Por eso el debate sobre la Sala Cuna Universal ya no aparece únicamente como una discusión técnica sobre financiamiento o constitucionalidad. Se está transformando en una discusión sobre el tipo de sociedad que Chile quiere construir después de décadas de neoliberalismo.
La pregunta de fondo es sencilla, aunque políticamente incómoda: si el cuidado infantil es indispensable para el funcionamiento de toda la economía, ¿por qué sigue siendo tratado como un problema privado de las familias —y principalmente de las mujeres— y no como una responsabilidad colectiva?
En esa discusión el gobierno enfrenta un problema adicional. Buena parte de su discurso político se apoya en valores conservadores asociados a la familia, la natalidad y el orden social. Sin embargo, el mercado laboral contemporáneo funciona sobre una realidad completamente distinta: hogares con dobles ingresos, endeudamiento estructural y creciente necesidad de trabajo femenino para sostener el presupuesto familiar.
Es decir, incluso desde una perspectiva conservadora tradicional, el deterioro del empleo femenino puede transformarse en un problema social mayor.
Y ahí comienza a aparecer otra tensión más profunda dentro de la derecha chilena. Por un lado, sectores empresariales continúan resistiendo políticas universales que impliquen nuevos costos o mecanismos solidarios de financiamiento. Por otro, el gobierno necesita mostrar resultados concretos en empleo y crecimiento, especialmente cuando las encuestas ya reflejan desgaste temprano y creciente malestar económico.
La oposición, mientras tanto, parece haber encontrado un terreno políticamente fértil. Vincular el alza del desempleo femenino con el debilitamiento de políticas de cuidado permite construir una crítica que conecta economía, desigualdad y derechos sociales en un mismo relato. No se trata solamente de salarios o cifras macroeconómicas. Se trata de quién sostiene silenciosamente el funcionamiento cotidiano del país.
En el fondo, el nuevo debate sobre la Sala Cuna Universal revela algo más amplio que un conflicto legislativo. Revela el agotamiento de un modelo donde el mercado depende estructuralmente del trabajo invisible de las mujeres, pero al mismo tiempo se resiste a socializar parte de sus costos.
Y esa contradicción, en medio de una economía debilitada y un gobierno bajo presión, puede transformarse en uno de los conflictos políticos más relevantes del segundo semestre.
Simón del Valle
