Kast siembra vientos, cosechará tempestades

Hay algo profundamente hipócrita en la forma en que hoy se habla de la violencia. Se la presenta como un acto aislado, casi irracional, despojado de toda historia. Se la convierte en un problema de conducta, de modales, de orden público. Así, es mucho más fácil condenarla sin hacerse preguntas incómodas.

Pero la violencia no nace en el vacío. No aparece porque sí. Es la expresión de tensiones acumuladas, de desigualdades persistentes, de una estructura social que golpea todos los días, aunque no siempre se note. Hay una violencia que se ve, la que estalla, la que incomoda, y otra que se naturaliza, que se administra, que incluso se justifica.

Lo ocurrido en la universidad de Valdivia entra de lleno en esa contradicción. Una autoridad de gobierno es interpelada, cuestionada con dureza, desbordada por un ambiente que no le reconoce legitimidad. Y de inmediato, el relato se ordena: aparece la víctima, aparecen los culpables, aparecen los llamados a sancionar.

Pero esa claridad es engañosa.

Porque no se habla de la violencia previa. No se habla de las condiciones que hacen posible ese momento. No se habla de la prepotencia con que ciertos sectores llegan a gobernar, como si el país fuera un terreno propio, como si las mayorías tuvieran que aceptar sin más decisiones que profundizan la desigualdad, la exclusión y el abandono.

Entonces, cuando desde abajo emerge una reacción desordenada, incómoda, incluso cuestionable, todo el aparato se activa. Se revisan videos, se identifican rostros, se buscan responsables. Se instala la idea del castigo ejemplar, de la expulsión, del escarmiento.

Es decir, la violencia que viene desde abajo se persigue con nombre y apellido.

Pero la otra, la estructural, la cotidiana, la que empuja a miles a vivir en condiciones indignas, esa no se nombra como violencia. Se le llama política pública, ajuste, orden, responsabilidad.

Ahí está la doble moral.

Y lo más preocupante es que esta lógica no se limita a un solo sector. Incluso quienes dicen oponerse terminan repitiendo el mismo marco: condenan la forma, pero esquivan el fondo. Se indignan con el síntoma, pero no con la enfermedad.

Mientras tanto, el camino que se ofrece es siempre el mismo: más castigo, más control, más disciplina. Se endurecen las respuestas frente a la delincuencia, pero no se transforman las condiciones que la producen. Se criminaliza a los estudiantes en los liceos, pero no se aborda la crisis profunda del sistema educativo. Se persigue la expresión de la violencia, pero se protege su origen.

Y así, el problema no solo no se resuelve: se agrava.

No es casualidad. Un Estado construido para resguardar un determinado orden social responde, inevitablemente, con coerción cuando ese orden es puesto en cuestión. El castigo no es un exceso, es parte de su lógica. Pero lo que hoy queda en evidencia es cómo incluso sectores del progresismo se alinean con esa respuesta, condenando con rapidez la reacción visible, mientras guardan silencio o matizan frente a la violencia estructural que la provoca.

Por eso, la discusión no puede quedarse en si una funa es correcta o incorrecta. Esa es la superficie. Lo que importa es lo que hay debajo: un modelo que reproduce desigualdad, que concentra poder, que margina a las grandes mayorías y que luego se escandaliza cuando esas mayorías reaccionan.

Si no se toca eso, todo lo demás es maquillaje.

La violencia no se va a resolver con más castigo, ni con más control, ni con más miedo. Se va a seguir desplazando, mutando, apareciendo en distintos espacios: en la calle, en los colegios, en los barrios.

Porque el problema no es solo la violencia: es el modelo que la produce.

Y mientras ese modelo no se transforme de manera profunda, todo intento de orden será apenas una pausa frágil ante el próximo estallido.

La urgencia es otra: que los trabajadores y los sectores populares lleguen con conciencia cuando ese momento se abra, para que no sea otro estallido, sino el inicio de una historia hecha con sus propias manos.