Recomposición o barbarie, Primero de Mayo de 2026 en Chile.

El primero de mayo no es una fecha simbólica ni una conmemoración ritual. Es el resultado de una confrontación histórica entre clases sociales. Su origen se encuentra en las luchas del movimiento obrero internacional a fines del siglo XIX, particularmente en las huelgas de Chicago de 1886 por la jornada laboral de ocho horas. La represión que culminó en la Revuelta de Haymarket y la ejecución de dirigentes sindicales, conocidos como los Mártires de Chicago, no fue un exceso: fue la respuesta normal de un sistema que solo cede ante la fuerza organizada de los trabajadores.

Desde entonces, el primero de mayo no recuerda únicamente una conquista. Recuerda una verdad más profunda: que todos los derechos han sido arrancados en lucha.

Pensar esta fecha hoy exige ir más allá de la memoria. Exige comprender el lugar del trabajo en la historia y en la crisis actual. El trabajo no es solo un medio de subsistencia. Es la actividad que constituye al ser humano como tal. En su capacidad de transformar la naturaleza, el ser humano se transforma a sí mismo, construye sociedad, cultura, lenguaje y mundo. Cada forma de producción es, al mismo tiempo, una forma de organización social.

Pero esa relación entre trabajo y sociedad no es neutra. En el capitalismo, el trabajo aparece subordinado a la acumulación de capital. Lo que el trabajador produce no le pertenece y su propia capacidad de trabajar se convierte en mercancía. Esa es la base de la explotación.

Durante gran parte del siglo XX, esa contradicción se expresó en formas relativamente claras: una clase trabajadora identificable, espacios de organización, industrias donde la producción era visible y socialmente reconocida. En Chile, ese proceso alcanzó uno de sus puntos más altos durante el Gobierno de la Unidad Popular, cuando la clase trabajadora no solo luchaba por mejores condiciones, sino que se proyectaba como fuerza histórica en la lucha por el socialismo, disputando el control de las fuerzas productivas y el sentido mismo del desarrollo de la sociedad.

Hoy ese escenario ha cambiado de manera radical.

El modelo impuesto en Chile a partir de la dictadura no solo desmanteló las conquistas históricas del movimiento obrero. Reconfiguró profundamente la estructura social. La economía se subordinó a la exportación de materias primas, se expandieron los servicios precarizados, consolidando un régimen donde el mercado organiza la vida social.

Sin embargo, el problema actual no puede entenderse únicamente como precarización. Ese diagnóstico, siendo correcto, resulta insuficiente.

El capitalismo contemporáneo no atraviesa simplemente una crisis cíclica, sino una crisis de carácter estructural que compromete su propia capacidad de reproducción como sistema. La creciente incapacidad para integrar a amplias masas de la población al trabajo productivo no es una anomalía pasajera, sino expresión de un proceso más profundo, donde la acumulación de capital encuentra límites cada vez más evidentes en la generación de valor.

Ya no se trata solo de trabajadores explotados, sino de poblaciones enteras que se vuelven estructuralmente prescindibles para la lógica de acumulación. Esta tendencia da cuenta de una transformación en la relación entre capital y trabajo, donde el primero ya no necesita incorporar masivamente trabajo vivo, debilitando así la base histórica sobre la cual se organizó la sociedad capitalista.

En ese contexto, lo que eufemísticamente se denomina “clase media” aparece cada vez más como un proletariado encubierto: amplios sectores que no alcanzan a constituirse como una clase en sentido propio, altamente endeudados, inestables, fragmentados y sin control sobre sus condiciones de existencia. Profesionales, técnicos y trabajadores de servicios comparten una condición común: la inseguridad permanente.

Esta transformación no elimina la existencia de la clase trabajadora, pero sí modifica profundamente sus formas de manifestación. Hoy esta se presenta fragmentada en múltiples fracciones: trabajadores productivos directamente vinculados a la generación de valor, amplios sectores de servicios precarizados, capas profesionales crecientemente proletarizadas y masas excluidas o intermitentemente integradas a circuitos informales o ilegales.

La aparente dispersión oculta, sin embargo, una condición común: la dependencia estructural respecto del capital y la pérdida de control sobre las condiciones materiales de existencia. El problema ya no es la inexistencia de la clase, sino su dificultad para reconocerse como tal y actuar políticamente en consecuencia.

Pero la exclusión no se expresa únicamente como desempleo o informalidad.

Una parte creciente de la población es absorbida por economías de descomposición: circuitos de comercio ilegal, narcotráfico, contrabando, trata de personas y redes logísticas paralelas que operan con niveles de complejidad empresarial. Lejos de ser una anomalía, estas formas constituyen una extensión del propio sistema. No operan al margen, sino en estrecha relación con el aparato institucional: mantienen vínculos con el poder político, con sectores del poder judicial, con estructuras aduaneras y con fuerzas de orden que, en muchos casos, permiten, encubren o regulan informalmente su funcionamiento. Se trata, en los hechos, de formas de acumulación que reproducen lógicas empresariales dentro de marcos de ilegalidad funcional.

Aquí no estamos ante una desviación del capitalismo, sino ante una de sus formas actuales de funcionamiento.

Al mismo tiempo, el capital se desplaza cada vez más hacia la esfera financiera, donde la acumulación se produce sin necesidad de expandir el trabajo productivo. Se genera riqueza sin producción, crecimiento sin empleo y concentración sin desarrollo. Esta dinámica profundiza la ruptura entre capital y trabajo, debilitando las bases materiales de la cohesión social.

En Chile, este proceso se expresa con particular crudeza. La profundización de políticas económicas orientadas a la desregulación, la reducción de impuestos a los grandes capitales y la flexibilización del trabajo no hacen sino acentuar una tendencia estructural: el debilitamiento de la capacidad productiva del país y la creciente vulnerabilidad de su población.

El resultado es una sociedad fragmentada, donde amplios sectores no logran reconocerse como parte de una misma clase, a pesar de compartir condiciones materiales similares. La dispersión no es solo un efecto económico, es también una forma de dominación.

A esta fragmentación material se suma un fenómeno decisivo: la progresiva orfandad política de los trabajadores y los sectores populares. Durante gran parte del siglo XX, con todas sus limitaciones y contradicciones, existieron organizaciones y partidos que, de una u otra forma, se asumían como expresión de los intereses de clase. Esa relación, aunque nunca exenta de tensiones, permitía traducir las condiciones materiales en proyecto político.

Hoy esa mediación se encuentra profundamente erosionada.

Los partidos que históricamente se reivindicaron como representantes de la clase trabajadora han experimentado un proceso sostenido de adaptación al orden existente. En el caso del Partido Socialista de Chile, ese tránsito ha sido particularmente evidente. De constituirse en una fuerza vinculada a un proyecto de transformación estructural, pasó a integrarse plenamente en la administración del modelo heredado de la dictadura, participando activamente en su consolidación. Este proceso no solo implicó un desplazamiento programático, sino también una transformación material de sus élites dirigentes, muchas de las cuales se vincularon a espacios empresariales, directorios de grandes compañías y estructuras directamente asociadas al mismo modelo que anteriormente decían combatir.

El problema no es únicamente moral. No se trata solo de casos individuales o de faltas éticas, sino de una mutación política más profunda, donde antiguos referentes de la clase trabajadora pasan a formar parte de los circuitos de reproducción del capital.

En este mismo proceso, el Partido Comunista de Chile ha experimentado un desplazamiento político significativo. Su creciente inserción en la institucionalidad y su rol en la administración del Estado se han expresado también en definiciones estratégicas que evidencian una pérdida de horizonte de transformación. No es casual que en su último congreso haya planteado como eje la necesidad de “profundizar la democracia”, una formulación que resulta errática frente a las condiciones actuales, donde las propias bases materiales de esa democracia se encuentran tensionadas por la crisis del capitalismo. Este tipo de orientaciones no solo reflejan una adaptación, sino una dificultad para situarse en el momento histórico y en las tareas que este impone.

En este sentido, estas fuerzas no solo han experimentado un proceso de adaptación, sino que han pasado a cumplir una función activa en la reproducción del orden existente, canalizando, administrando y conteniendo las tensiones sociales dentro de los márgenes del propio sistema.

El resultado de este conjunto de transformaciones es una situación inédita en su profundidad: amplios sectores de trabajadores carecen hoy de una representación política que exprese de manera coherente sus intereses históricos. Esta orfandad no es solo organizativa, es también ideológica. Dificulta la construcción de un horizonte común, debilita la capacidad de acción colectiva y deja a vastos sectores expuestos a formas de articulación fragmentarias, muchas veces capturadas por lógicas ajenas a sus propios intereses.

En este sentido, la crisis del trabajo y la fragmentación social no pueden separarse de la crisis de sus mediaciones políticas. La recomposición de la clase trabajadora no será posible sin abordar, de manera crítica, el problema de su representación.

A esta crisis de representación se suma otra dimensión que resulta imposible eludir: la responsabilidad histórica de las fuerzas que, durante las últimas décadas, han administrado el modelo en nombre del progresismo y la socialdemocracia.

El escenario actual no es únicamente el resultado de la ofensiva de los sectores más conservadores. Es también consecuencia de un largo proceso en el que proyectos políticos que alguna vez se presentaron como alternativa terminaron gestionando, estabilizando y profundizando el mismo orden que decían transformar.

En el caso chileno, los años posteriores a la dictadura estuvieron marcados por una promesa de democratización que nunca cuestionó los fundamentos estructurales del modelo económico. Por el contrario, estos fueron consolidados y perfeccionados. La expansión del crédito, la mercantilización de derechos sociales y la integración subordinada a la economía global no solo continuaron, sino que adquirieron nuevas formas de legitimidad.

El problema no radica únicamente en decisiones equivocadas o en desviaciones puntuales. Se trata de una orientación política que, en lugar de enfrentar las contradicciones del capitalismo, optó por administrarlas. En ese proceso, se abandonó la pedagogía política, se debilitó la formación de conciencia de clase y se sustituyó el horizonte de transformación por la gestión de lo posible.

El resultado es conocido. Al no ofrecer una salida real a las tensiones acumuladas, estos proyectos terminaron generando las condiciones para el avance de alternativas más abiertamente favorables al capital. En ese sentido, el actual escenario político, expresado en el gobierno de José Antonio Kast, no puede entenderse como una anomalía, sino como una expresión coherente de un proceso previo.

Las políticas de ajuste, desregulación y transferencia de costos hacia los trabajadores que hoy se profundizan no emergen en el vacío. Encuentran su posibilidad en una sociedad previamente moldeada por décadas de administración del modelo.

En este punto, es necesario ser claros. La responsabilidad de la situación actual no recae únicamente en la debilidad de los sectores revolucionarios. Recae también, y de manera significativa, en quienes, teniendo la posibilidad histórica de abrir otros caminos, optaron por sostener el orden existente.

Mientras tanto, hay un sector que no ha perdido nunca su claridad estratégica: la clase dominante. Los grandes grupos económicos, la oligarquía, los dueños del capital, han mantenido una conciencia nítida de sus intereses, actuando de manera coherente para defenderlos y proyectarlos en el tiempo.

Esa asimetría, una clase dominante organizada y consciente frente a una clase trabajadora fragmentada y sin representación política efectiva, es una de las claves para comprender el momento actual.

Por eso, el primero de mayo de 2026 no encuentra a los trabajadores simplemente en una situación de debilidad, sino en un momento de recomposición potencial.

La tarea, entonces, no es solo organizativa, sino estratégicamente política. No se trata únicamente de reconstruir vínculos o articular intereses, sino de reinstalar el problema del poder en el centro de la acción de la clase trabajadora. Toda recomposición real implica, en última instancia, disputar el control sobre las condiciones de producción, pero también sobre las estructuras que organizan la vida social en su conjunto.

Sin una perspectiva que enfrente la cuestión del poder, toda forma de organización corre el riesgo de quedar subordinada a los márgenes que el propio sistema permite.

Esto implica asumir que la clase trabajadora ya no se presenta bajo las formas tradicionales. Está dispersa en múltiples espacios, atravesada por distintas formas de inserción laboral, pero unificada por una misma relación de dependencia y desposesión.

La tarea es, por tanto, reconstruir esa unidad en condiciones nuevas, dotarla de expresión política y proyectarla como fuerza capaz de intervenir en las contradicciones del presente.

Porque si el capitalismo muestra hoy límites cada vez más evidentes para sostener la vida social, eso no conduce automáticamente a su superación. Puede conducir, y en muchos casos ya lo hace, a formas más profundas de descomposición social, violencia estructural y barbarie.

Evitar ese horizonte no es una cuestión moral, sino histórica. Depende de la capacidad de la clase trabajadora y los sectores populares para reconstruirse como fuerza política consciente.

El primero de mayo no es solo memoria. Es un recordatorio de que la historia sigue abierta, pero también de que su desenlace no está garantizado. Sin organización, sin una estrategia orientada a disputar el poder, el curso actual no se revertirá por sí solo.