Discrepancia performativa en el gobierno de Kast
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La tesis de esta columna es que el presidente José Antonio Kast enfrenta una discrepancia performativa, en la medida en que el discurso que le permitió ganar en diciembre de 2025 se convierte en un problema al momento de gobernar, ya que su forma de hacer oposición se basó en principios claros y posiciones rígidas, pero al llegar al gobierno debe desenvolverse en un entorno donde predominan las transacciones políticas, las decisiones complejas y los costos inevitables, a lo que se suma la falta de cuadros políticos con experiencia en el aparato estatal, lo que difiere de manera significativa de la lógica de gestión del sector privado. Un ejemplo de esta debilidad es el caso de Mara Sedini, quien adquirió notoriedad como panelista de “Sin Filtros” con un estilo confrontacional que luego fue proyectado al rol de vocera.
Sobre esto último, me gustaría enfatizar que la participación de figuras de izquierda en ese tipo de espacios tiende a ser contraproducente, ya que el formato no está orientado a la deliberación sino a la producción de espectáculo, donde el invitado cumple un rol predefinido que facilita su ridiculización, interrupción y posterior viralización en clips, como ocurrió en episodios mediáticos entre Sedini y Valeria Cárcamo. A ello se suma un encuadre editorial que condiciona la discusión desde el inicio, con preguntas y pautas que sitúan a la izquierda en una posición defensiva, reforzando la lógica descrita por Steve Bannon, donde lo relevante no es ganar el debate, sino instalar al adversario en una plataforma ajena, bajo reglas y temas definidos por otros. En ese sentido, participar en estos espacios implica validar ese terreno como legítimo y normalizar un encuadre adverso, lo que ha contribuido, entre otros factores, a posicionar figuras mediáticas que luego adquieren roles institucionales, evidenciando tensiones entre comunicación política, espectáculo y ejercicio del poder.
En este contexto, el gobierno de Kast refleja una ausencia de explicaciones oportunas y claras frente a ciertos cambios debilitando su posición, mientras que decisiones como ajustes extremos en políticas sociales, económicas o en materia de seguridad han implicado costos políticos significativos que ya se reflejan en encuestas recientes de CADEM y podrían traducirse en un aumento del rechazo. A ello se suma una derecha “republicana” con escasez de cuadros políticos preparados para gobernar, lo que configura un problema de carácter estructural, ya que, aunque puede ganar elecciones, enfrenta dificultades para traducir su discurso en acción estatal efectiva; cuando esto ocurre, el proyecto tiende a volverse irrelevante, rehén de otros actores o incluso destructivo. Gobernar no equivale a opinar, y se evidencian limitaciones en ámbitos clave como la gestión presupuestaria, los mecanismos de compras públicas y la negociación política con el Congreso, gremios y autoridades locales, lo que complejiza aún más el ejercicio del poder. En ese escenario, es probable que, ante eventuales debilitamientos del gobierno, sectores tradicionales como la UDI o Renovación Nacional adquieran mayor protagonismo.
Asimismo, se observa un grado relevante de improvisación y errores no forzados en un periodo aún incipiente de gestión (los ejemplos son tantos, en pocas semanas, que aburriría colocándolos aquí), lo que refuerza la idea de un problema más profundo vinculado a una histórica desconfianza de las derechas hacia el Estado, que dificulta no solo la administración del aparato público, sino también la construcción de un orden político consistente.
Desde mi punto de vista, se abren tres caminos posibles. El primero es la radicalización. Consiste en reafirmar su identidad ideológica —Kast se inscribe en una tradición chicago-gremialista, distinta del libertarismo o el anarcocapitalismo asociado a Javier Milei—, gobernar con rigidez e incluso tensionar al máximo la institucionalidad. Este camino tiene un alto costo político y podría erosionar aún más el apoyo de quienes votaron por él motivados principalmente por temas como la delincuencia y la inmigración irregular, más que por una identificación ideológica, lo que lo convierte en una estrategia riesgosa.
El segundo es un giro hacia el gradualismo. Implica moderar su agenda, negociar con la oposición y con Chile Vamos, y avanzar de forma más pragmática. Este enfoque podría permitir mayor gobernabilidad, aunque a costa de diluir parte de su identidad política original y exponerse a críticas desde su propio sector (Partido Republicano o el Partido Nacional Libertario), donde podría ser calificado como “tibio” o “vendido”.
El tercero es un cambio de encuadre, que implica reinterpretar sus promesas de campaña y adaptarlas a las condiciones reales del ejercicio del poder. Esto puede ser percibido por sus bases como una “traición”, aunque también como una señal de realismo político, un rasgo que en la práctica atraviesa a la mayoría de los candidatos. En política, lo que suele ocurrir es precisamente este ajuste del encuadre, el cual ha generado decepción en parte de la ciudadanía, especialmente entre quienes votaron por él sin identificarse con la derecha y que esperaban avances en materias como la seguridad. En ese ámbito se percibe un aumento de la inseguridad en las calles, con hechos recientes como un asesinato ocurrido esta semana en la ciudad de La Serena, en plena Plaza de Armas, presuntamente cometido por un extranjero de nacionalidad venezolana. A ello se suma el problema de la inmigración ilegal y medidas como la zanja fronteriza, que no han mostrado resultados efectivos, incluso con episodios como el robo de maquinaria utilizada en su construcción por parte de personas provenientes de Bolivia. En conjunto, estas promesas incumplidas han derivado en una discrepancia performativa que ha contribuido a la decepción ciudadana, la baja en las encuestas y la percepción de una suerte de traición.
El problema de fondo es que su proyecto político radical, de carácter moral y cultural, parece tensionado entre la coherencia ideológica y las exigencias de gobernar, especialmente en un escenario en el que no cuenta con una coalición sólida, por lo que, a mi juicio, el margen de error es bajo y la caída en apoyo puede ser aún más rápida.
Para finalizar, por último, existe un aspecto que las izquierdas deben considerar, ya que calificar como “fascista” a toda la derecha produce un efecto contraproducente, porque si todo es fascista, nada lo es, con lo cual el término pierde filo analítico y fuerza política, generando costos reales para la democracia, para la propia izquierda y para el combate del fascismo en sentido estricto. Si se utiliza de manera indiscriminada, cuando aparezcan fenómenos que efectivamente impliquen prácticas como la quema de libros, la marcación de viviendas o la existencia de grupos armados, la palabra ya estará desgastada y perderá capacidad de alerta, en una dinámica similar al cuento del lobo. Asimismo, al colocar a todos en la misma categoría, se diluyen diferencias relevantes entre un liberal conservador, un chicago-gremialista, un libertario y un nacional populista, lo que dificulta distinguir, dividir, negociar o aislar a sectores realmente peligrosos. A esto se suma que el término fascista muchas veces opera como un insulto total que cancela al otro y lo expulsa del espacio de deliberación, evitando la necesidad de argumentar, de modo que la política deja de ser una disputa de proyectos y se transforma en un tribunal de pureza. En ese sentido, conviene evitar esta deriva y comprender que, si el único marco es el antifascismo entendido de manera amplia, se corre el riesgo de librar batallas simbólicas ancladas en el pasado mientras, en el presente, la derecha avanza en ámbitos como redes sociales (Tik-Tok), seguridad y economía, por lo que también es necesario atender a dinámicas internas que muchas veces llevan a disputas identitarias estériles dentro del propio sector, sin mayor sentido en el contexto actual.
Fabián Bustamante Olguín.
Doctor en Sociología. Académico asistente del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte
