Amnistía Internacional alerta: El mundo en crisis… y en Chile la impunidad
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 36 segundos
El reciente Informe Anual 2025-2026 de Amnistía Internacional no es un documento más en el calendario de las organizaciones de derechos humanos. Es un diagnóstico de época: exhaustivo, riguroso y, sobre todo, incómodo. Su análisis de 144 países durante 2025 configura una imagen global que obliga a detenerse y reflexionar sobre el tipo de mundo que estamos construyendo —o destruyendo— en tiempo real.
Un orden internacional bajo asedio
La conclusión más inquietante del informe global es también la más estructural: el sistema internacional de protección de derechos humanos, edificado con enorme esfuerzo tras la Segunda Guerra Mundial, está siendo desmantelado. No por accidente ni por negligencia, sino por la acción deliberada de gobiernos que actúan, según la propia organización, de manera depredadora contra ese orden común.
El deterioro se expresa en múltiples dimensiones.
1.) Los conflictos armados se multiplican sin que los mecanismos internacionales puedan contenerlos. 2.) El uso sistemático del veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bloquea respuestas colectivas ante crisis humanitarias de enorme magnitud. 3) El financiamiento a agencias multilaterales se reduce, debilitando su capacidad operativa en los escenarios más críticos. 4) Los retrocesos democráticos se acumulan en distintas regiones del mundo, normalizando prácticas autoritarias que hace una década habrían generado reacciones internacionales contundentes.
En ese contexto, el informe no evita nombrar situaciones concretas. La crisis en Gaza, calificada como genocidio por Amnistía Internacional, representa uno de los casos más graves de impunidad documentados en años recientes. Los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Ucrania, las crisis humanitarias en distintos países y los ataques a infraestructura civil completan un cuadro donde el derecho internacional humanitario parece haber perdido su capacidad disuasoria.
Autoritarismo, tecnología y los nuevos rostros de la represión
Uno de los aportes más relevantes del informe global es su atención a las formas contemporáneas de represión. El documento advierte sobre el uso creciente de tecnología e inteligencia artificial como herramientas de control social: sistemas de reconocimiento facial empleados para identificar y reprimir manifestantes, mecanismos de vigilancia masiva aplicados al control migratorio y plataformas digitales utilizadas para monitorear y silenciar la disidencia.
Esta dimensión tecnológica de la represión es especialmente significativa porque opera con una apariencia de neutralidad que dificulta su cuestionamiento público. Los algoritmos no tienen rostro, las cámaras no tienen nombre, y los datos no dejan huellas visibles. Por eso es valioso que Amnistía Internacional instale este debate con claridad: la tecnología no es buena ni mala por naturaleza, pero su desarrollo sin un enfoque de derechos humanos puede convertirse en el instrumento más eficaz de control que hayan tenido los Estados autoritarios en la historia.
A ello se suma el fenómeno migratorio como campo de disputa política. El informe alerta sobre el avance de respuestas populistas que criminalizan a las personas migrantes y refugiadas, despojando las políticas de fronteras de cualquier perspectiva humanitaria. Frente a esa tendencia, la organización defiende un enfoque integral que combine el legítimo control fronterizo con el reconocimiento de la migración como fenómeno humano complejo, portador también de oportunidades para los países receptores.
Chile: deudas que se acumulan, señales que preocupan
El capítulo chileno del informe no llega como sorpresa, pero sí como recordatorio necesario. Chile arrastra compromisos incumplidos que el tiempo no ha resuelto sino profundizado, y el documento los enumera con precisión quirúrgica.
La impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019 sigue siendo la herida más abierta. Miles de personas resultaron heridas, cientos sufrieron trauma ocular por el uso de perdigones, y se registraron denuncias de torturas y abusos sexuales en el contexto de las detenciones. Seis años después, la justicia no ha llegado de manera sistemática para la mayoría de las víctimas, y la reparación integral que el Estado debía garantizar nunca se materializó como política pública coherente.
A eso se suman los retrasos en la reforma policial, una promesa que los gobiernos han postergado sin consecuencias claras. Carabineros de Chile continúa operando con protocolos y culturas institucionales que el propio informe considera incompatibles con los estándares internacionales de uso de la fuerza. La continuidad del estado de excepción en la Macrozona Sur, aplicado de manera prácticamente ininterrumpida en territorios de mayoría mapuche, refuerza esa preocupación y añade una dimensión étnica y territorial al problema.
El informe también cuestiona la política migratoria chilena por carecer de un enfoque basado en derechos fundamentales, y denuncia la persistencia de violencia contra niños, niñas, mujeres y personas defensoras de derechos humanos, materias que siguen sin una respuesta estatal a la altura de su gravedad.
Un nuevo gobierno, una nueva preocupación
Si el balance del período anterior ya era crítico, las primeras señales del nuevo gobierno agregan una capa de alarma adicional. El anuncio de avanzar en indultos para personas condenadas por delitos graves cometidos por agentes del Estado, realizado prácticamente el día siguiente a la asunción presidencial, no es un gesto menor ni una decisión técnica. Es una señal política de enorme peso simbólico y jurídico, que apunta directamente en la dirección contraria a la que exigen los estándares internacionales de justicia transicional.
Para las víctimas y sus familias, ese anuncio equivale a una segunda victimización. Para la sociedad chilena en su conjunto, representa una invitación a normalizar la impunidad de quienes actuaron con el poder del Estado en contra de la ciudadanía. Y para el sistema internacional de derechos humanos, es exactamente el tipo de retroceso que el informe de Amnistía Internacional denuncia como tendencia global.
La vigencia de una organización imprescindible
En este escenario, el valor del trabajo de Amnistía Internacional se vuelve más evidente que nunca. En un mundo donde los grandes poderes se niegan a rendir cuentas, donde la tecnología amplifica la capacidad represiva de los Estados y donde el populismo convierte los derechos humanos en moneda de cambio electoral, contar con una organización capaz de documentar, nombrar y denunciar es una condición mínima para que el debate público no quede completamente capturado por quienes tienen interés en silenciarlo.
El Informe Anual 2025-2026 no ofrece soluciones sencillas porque los problemas que describe no las tienen. Pero sí ofrece algo igualmente valioso: un espejo que refleja sin filtros el estado del mundo y el estado de Chile. Mirarlo con atención, y actuar en consecuencia, es una responsabilidad que no admite postergación.
Leopoldo Lavín Mujica
