La guerra de las indicaciones: cómo el impuesto a los súper ricos se convirtió en la trinchera política de la megarreforma de Kast
Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 7 segundos
Lo que comenzó como una apuesta del gobierno por acelerar inversión y crecimiento terminó transformándose en una disputa política sobre desigualdad, privilegios y quién debe financiar el nuevo ciclo económico. El impuesto a los súper ricos se convirtió en el símbolo de esa batalla.
La batalla por la llamada “megarreforma” tributaria del gobierno de José Antonio Kast entró esta semana en una nueva fase. Ya no se trata únicamente de una discusión técnica sobre impuestos, incentivos a la inversión o crecimiento económico. Lo que hoy se despliega en el Congreso es una disputa política e ideológica sobre el modelo de país que busca consolidar la derecha en Chile y sobre quién debe cargar finalmente con el costo del nuevo ciclo económico.
La cifra terminó siendo simbólica: 1.370 indicaciones ingresadas por la oposición y sectores no oficialistas a la Ley Miscelánea impulsada por el Ejecutivo. Una avalancha legislativa que no solo busca ralentizar la tramitación del proyecto, sino también alterar profundamente su sentido político. La oposición entendió rápidamente que quizás no podía derribar completamente la reforma, pero sí podía cambiar el eje del debate público: desde la promesa oficialista de “reactivación” hacia una discusión sobre desigualdad, concentración de riqueza y privilegios tributarios.
Y en el centro de esa disputa apareció un concepto capaz de condensar todo el conflicto: el impuesto a los súper ricos.
El gobierno de Kast intentó instalar desde el inicio la idea de una reforma orientada a destrabar la inversión y acelerar el crecimiento económico. Rebajas tributarias para grandes empresas, mecanismos de invariabilidad por 25 años y beneficios para el capital privado fueron presentados como herramientas necesarias para recuperar dinamismo económico. Sin embargo, para la oposición, detrás de ese discurso se escondía una transferencia masiva de recursos públicos hacia los sectores de mayores ingresos.
La diputada comunista Irací Hassler sintetizó esa crítica con dureza. Según planteó, la reforma “entrega los recursos de los chilenos y chilenas a los más ricos del país”, mientras el Ejecutivo intenta aprobarla “sin permitir un debate democrático y en profundidad”.
Las palabras de Hassler apuntan al corazón político del conflicto. Porque la oposición no solo cuestiona el contenido de la reforma, sino también el modo en que el gobierno busca tramitarla: con urgencia, rapidez y una presión permanente para cerrar el debate antes de que puedan instalarse los costos políticos de las rebajas tributarias a grandes patrimonios y empresas.
Por eso las indicaciones ingresadas no son simplemente modificaciones técnicas. Funcionan como una estrategia política de resistencia. Cada indicación busca abrir una nueva discusión, exponer contradicciones y obligar al oficialismo a defender públicamente beneficios tributarios difíciles de justificar ante una ciudadanía golpeada por precariedad laboral, endeudamiento y deterioro de servicios públicos.
En ese marco, el impuesto a los súper ricos cumple una función mucho más simbólica que recaudatoria. La oposición sabe que su aprobación completa es improbable bajo la actual correlación de fuerzas. Pero también entiende que la sola discusión permite cambiar el foco del debate. Ya no se trata solamente de cómo hacer crecer la economía, sino de quién se beneficia realmente de ese crecimiento.
La propuesta impulsada desde el progresismo busca justamente responder a la principal crítica económica que enfrenta la reforma: la reducción de recaudación fiscal. Según diversos cálculos citados por parlamentarios opositores, el proyecto del gobierno podría implicar un traspaso superior a los 4 mil millones de dólares en favor de grandes grupos económicos. En ese contexto, gravar grandes patrimonios aparece como una forma de contrapesar políticamente las rebajas corporativas.
La intervención de Hassler fue especialmente significativa en otro punto: el cuestionamiento al crédito tributario promovido por el Ejecutivo. La diputada recordó que incluso figuras de derecha han criticado el mecanismo. Citó, de hecho, a Evelyn Matthei, quien lo calificó como “una brutalidad”. El dato no es menor. La oposición intenta demostrar que ciertas medidas del gobierno exceden incluso los consensos tradicionales de la derecha liberal y representan una agenda tributaria radicalizada en favor de las élites económicas.
La estrategia opositora también incorpora propuestas alternativas: fortalecer el subsidio unificado al empleo, crear agencias de financiamiento para el desarrollo regional y limitar mecanismos de invariabilidad tributaria que, según sus críticos, amarran por décadas la capacidad democrática de modificar el sistema impositivo.
Pero el conflicto escaló todavía más cuando el gobierno respondió con una contraofensiva legislativa: la presentación de indicaciones sustitutivas que podrían dejar incompatibles gran parte de las modificaciones impulsadas por la oposición.
La maniobra encendió inmediatamente las alarmas en sectores opositores. Técnicamente, las indicaciones sustitutivas permiten reemplazar artículos completos del proyecto original. Si son aprobadas, muchas de las indicaciones presentadas por diputados quedarían automáticamente fuera de discusión por incompatibilidad reglamentaria.
Para el diputado independiente-PPD Carlos Bianchi, la jugada constituye una estrategia deliberada del Ejecutivo para neutralizar el debate parlamentario. “Está sustituyendo, por lo tanto perfectamente puede eliminar un determinado articulado”, afirmó. Y agregó una acusación todavía más grave: “El Gobierno quiere confundir toda la discusión”.
La crítica revela algo más profundo que una disputa procedimental. Lo que denuncia la oposición es una lógica política cada vez más presente en el gobierno de Kast: minimizar la deliberación democrática en favor de una agenda de implementación acelerada. La tensión no es solo tributaria; es también institucional.
Porque mientras el oficialismo insiste en que el país necesita rapidez y certezas para atraer inversión, la oposición responde que justamente las grandes transformaciones tributarias requieren el máximo nivel de discusión pública y transparencia técnica.
En ese contexto, la avalancha de 1.370 indicaciones aparece menos como una táctica obstruccionista y más como una forma de ralentizar un proyecto que, según el progresismo, busca consolidar estructuralmente privilegios económicos de largo plazo.
La cláusula de invariabilidad tributaria por 25 años es quizás el ejemplo más claro. Para la oposición, no se trata solo de estabilidad regulatoria, sino de una camisa de fuerza democrática que impediría a futuros gobiernos modificar condiciones tributarias incluso si cambian las necesidades sociales o fiscales del país.
Ahí emerge el verdadero dilema político para Kast. La megarreforma pretendía instalar la imagen de un gobierno capaz de ordenar la economía y recuperar confianza empresarial. Sin embargo, el debate terminó desplazándose hacia otro terreno mucho más incómodo para el oficialismo: el de la desigualdad y la concentración de riqueza.
El impuesto a los súper ricos se transformó entonces en una trinchera simbólica. Cada vez que el gobierno defiende rebajas tributarias o beneficios al gran capital, la oposición responde con una pregunta políticamente devastadora: si faltan recursos fiscales, ¿por qué el esfuerzo no recae sobre las mayores fortunas del país?
Ese cambio narrativo explica buena parte de la tensión actual. La derecha quería discutir crecimiento. La oposición logró instalar una discusión sobre privilegios.
Y aunque el desenlace legislativo siga abierto, el progresismo parece haber entendido algo clave: incluso si no logra frenar completamente la reforma, puede convertirla en el principal símbolo de un gobierno percibido como alineado con los intereses de las élites económicas.
La batalla tributaria dejó de ser una discusión técnica. Hoy es una disputa por el relato político del Chile que viene.
Simón del Valle
