Villa Grimaldi denuncia crisis financiera por retraso en traspaso de recursos estatales
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La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunció este lunes una grave crisis financiera producto del retraso en la transferencia de recursos públicos correspondientes al presupuesto 2026, situación que, según advirtió la institución, pone en riesgo parcial o total el funcionamiento del histórico sitio de memoria ubicado en Peñalolén.
En una declaración pública emitida este 11 de mayo, el directorio de la corporación explicó que los fondos aún no han sido transferidos debido a que el convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la organización permanece en proceso de “toma de razón” en la Contraloría General de la República. El documento ha sido devuelto en tres ocasiones con observaciones y debió ser reingresado por cuarta vez.
Según la corporación, esta demora ha afectado directamente el pago de remuneraciones, servicios básicos y suministros esenciales para mantener abiertas las instalaciones y desarrollar las actividades habituales del sitio de memoria.
La declaración sostiene que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural realizó las modificaciones solicitadas por Contraloría, pero cuestiona la falta de coordinación efectiva entre ambas instituciones para resolver un convenio que, afirman, “en lo medular y sustantivo” no ha cambiado en sus distintas versiones.
El texto también apunta a una “falta de sentido de urgencia y oportunidad” por parte de la Contraloría, aunque aclara que la corporación respeta el rol fiscalizador del organismo respecto de la legalidad de los actos administrativos y el uso de fondos públicos.
Riesgo para uno de los principales sitios de memoria del país
La situación ha encendido alertas en el ámbito de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. Villa Grimaldi fue uno de los principales centros de detención, tortura y desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y posteriormente se convirtió en el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en América del Sur tras el retorno a la democracia.
La corporación advirtió que, de mantenerse la incertidumbre financiera, existe un “riesgo real” de paralización de actividades vinculadas al trabajo de memoria, educación en derechos humanos y relación con las comunidades, tareas que la institución desarrolla desde hace más de tres décadas.
Durante 2025, más de 25 mil personas visitaron el parque, incluyendo cerca de 8 mil estudiantes que participaron en recorridos pedagógicos y actividades educativas.
La declaración también instala una crítica más amplia al modelo de financiamiento de los sitios de memoria en Chile. Según el directorio, la actual emergencia “vuelve a evidenciar la ausencia de políticas públicas permanentes y estables” para garantizar la sostenibilidad de estos espacios.
En ese contexto, la organización recordó que diversos organismos internacionales han señalado que los sitios de memoria forman parte de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a violaciones graves a los derechos humanos.
Memoria, derechos humanos y tensiones institucionales
El caso ocurre en un momento de creciente debate sobre las políticas de memoria y derechos humanos en Chile, particularmente respecto del financiamiento estatal a instituciones vinculadas a la preservación de la memoria histórica. Organizaciones de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones sobre la fragilidad administrativa y presupuestaria de muchos sitios de memoria, cuya continuidad depende año a año de convenios y transferencias sujetas a procesos burocráticos y decisiones políticas.
La situación de Villa Grimaldi adquiere además una dimensión simbólica relevante. El recinto no solo cumple funciones patrimoniales y educativas, sino que se ha transformado en un espacio de referencia internacional en materia de memoria y derechos humanos. Su eventual paralización representaría un golpe significativo para las políticas de memoria desarrolladas desde la transición democrática.
En su declaración, la corporación sostuvo que “el derecho a la memoria no pertenece únicamente a las víctimas y sus familias, sino a toda la sociedad”, subrayando que la preservación de estos espacios constituye una herramienta contra la impunidad y el negacionismo.
Finalmente, el directorio agradeció el compromiso de sus trabajadores y el apoyo recibido desde otros sitios de memoria y organizaciones sociales y de derechos humanos, reafirmando su voluntad de continuar con sus labores pese a la crisis financiera.
