Cadem confirma el desgaste acelerado del gobierno de Kast: economía, seguridad y “megarreforma” profundizan el rechazo ciudadano
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La última encuesta de Cadem volvió a encender las alarmas en La Moneda. A poco más de dos meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, los números muestran un deterioro transversal en prácticamente todas las áreas de gestión evaluadas por la ciudadanía, con niveles de desaprobación que superan ampliamente las cifras de respaldo y con una percepción creciente de desconexión entre las prioridades del Ejecutivo y las urgencias sociales del país.
El dato más simbólico es quizás que ninguna área de gestión logra superar el 50% de aprobación. Más aún: las comunicaciones del gobierno alcanzan un 68% de desaprobación y la lucha contra la delincuencia, uno de los principales ejes discursivos de la campaña de Kast, llega a un 61% de rechazo ciudadano. La señal es particularmente delicada para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad política precisamente sobre la promesa de restablecer el orden y enfrentar la crisis de seguridad.
El desgaste no se limita a ese ámbito. Economía, lucha contra el narcotráfico y funcionamiento de la justicia registran todos un 59% de desaprobación. En otras palabras, las áreas donde el Ejecutivo buscaba exhibir liderazgo y autoridad aparecen hoy como focos de insatisfacción y frustración ciudadana.
La aprobación presidencial también sigue debilitándose. En la tercera semana de mayo, Kast alcanza un 40% de respaldo, dos puntos menos que la semana anterior, mientras la desaprobación sube a 55%. El dato confirma una tendencia que comenzó hace varias semanas y que parece asociada no sólo a errores políticos y comunicacionales, sino también a una creciente percepción de que el programa económico impulsado por el gobierno beneficia prioritariamente a grandes grupos empresariales antes que a las mayorías sociales.
Ese elemento aparece con claridad en la evaluación del llamado Plan de Reconstrucción Nacional, la denominada “megarreforma” del Ejecutivo. Aunque el gobierno ha intentado presentarlo como un paquete orientado al crecimiento y la reactivación, la ciudadanía parece observarlo con creciente escepticismo.
El sondeo muestra que un 50% está en desacuerdo con el proyecto y sólo un 44% lo respalda. Más revelador aún es el nivel de apoyo a medidas específicas: mientras el 81% aprueba que funcionarios públicos que hayan utilizado licencias médicas falsas puedan ser despedidos y un 69% apoya subsidios para la creación de empleo, apenas un 42% respalda la rebaja gradual del impuesto corporativo y sólo un 35% apoya el régimen de invariabilidad tributaria.
La diferencia no es menor. Las medidas asociadas a control del gasto público o generación de empleo tienen respaldo alto, pero el corazón tributario del proyecto —las rebajas a grandes empresas y garantías de estabilidad impositiva para inversionistas— aparece lejos de concitar apoyo masivo.
En términos políticos, el dato es complejo para el oficialismo porque confirma una sospecha que la oposición y organizaciones sociales han venido instalando desde hace semanas: que el Plan de Reconstrucción Nacional funciona, en la práctica, como una reforma proempresarial presentada bajo el paraguas de la reconstrucción y el crecimiento.
La percepción pública sobre los efectos concretos del plan refuerza esa lectura. Sólo un 29% cree que la iniciativa ayudará a mejorar los sueldos y el mismo porcentaje estima que contribuirá a reducir el costo de la vida. Incluso en áreas donde el gobierno esperaba mejores resultados simbólicos, como inversión, empleo y crecimiento, los niveles de confianza son moderados y además vienen cayendo respecto de semanas anteriores.
El problema para La Moneda es que la ciudadanía sí tiene prioridades claras. Según la misma encuesta, las mayores expectativas están puestas en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico (53%), la economía y creación de empleo (35%) y la inmigración (30%). Sin embargo, las cifras muestran que precisamente en esos ámbitos el gobierno enfrenta sus peores evaluaciones.
La sensación de contradicción comienza a consolidarse: un Ejecutivo que prometió eficacia en seguridad no logra convencer en seguridad; un gobierno que prometía crecimiento y alivio económico no consigue transmitir que sus políticas mejorarán la vida cotidiana; y una administración que buscaba proyectar orden aparece golpeada por conflictos internos, renuncias y errores comunicacionales sucesivos.
La reciente salida del subsecretario Rafael Araos del Ministerio de Ciencias profundizó esa percepción. Según Cadem, un 63% de los encuestados supo de la polémica renuncia y un contundente 60% cree la versión del exsubsecretario, frente a sólo un 27% que respalda a la ministra Ximena Lincolao. El episodio no sólo dañó al ministerio involucrado: reforzó la imagen de desorden interno y de conflictos de conducción dentro del gabinete.
En paralelo, las áreas mejor evaluadas —relaciones internacionales, vivienda y defensa nacional— apenas alcanzan niveles de aprobación de entre 37% y 40%, cifras insuficientes para compensar el deterioro general del gobierno.
En términos políticos más amplios, el escenario comienza a parecerse a un fenómeno recurrente en administraciones que llegan al poder con altas expectativas ideológicas y agendas muy definidas doctrinariamente: cuando las prioridades económicas del gobierno no coinciden con las urgencias materiales de la población, el desgaste suele acelerarse rápidamente.
La inflación reciente, el alza en combustibles, la incertidumbre laboral y la percepción de inseguridad han ido configurando un clima social donde las promesas de crecimiento futuro o atracción de inversiones pierden fuerza frente a preocupaciones mucho más inmediatas. En ese contexto, propuestas como la rebaja de impuestos corporativos aparecen para amplios sectores ciudadanos más asociadas a beneficios para grupos económicos que a soluciones concretas para la vida diaria.
El desafío para Kast ya no parece ser sólo comunicacional. Los datos sugieren algo más profundo: una creciente dificultad para convencer a la ciudadanía de que el rumbo económico y político del gobierno está alineado con las necesidades reales del país.
Simón del Valle
