Organismos de derechos humanos denuncian “represión desproporcionada” contra estudiantes movilizados en Santiago
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Organizaciones de derechos humanos denunciaron este jueves una fuerte represión policial durante la jornada de movilización protagonizada por estudiantes secundarios y universitarios en el centro de Santiago, convocada en rechazo a las políticas educacionales y de seguridad impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.
La denuncia fue realizada por la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas y su Comisión de Observadores de Derechos Humanos, entidad que aseguró haber presenciado episodios de violencia policial durante la marcha convocada por estudiantes secundarios y organizaciones universitarias, entre ellas la CONFECH.
En una declaración pública difundida tras las manifestaciones, la organización sostuvo que observó “represión desproporcionada e indiscriminada” contra una movilización que describió como mayoritariamente pacífica.
Según el documento, uno de los episodios más graves habría involucrado a un vehículo policial que avanzó a alta velocidad sobre manifestantes mientras hacía sonar su bocina, situación que —afirmaron— puso en riesgo de atropello a estudiantes y asistentes que participaban en la protesta.
La fundación denunció además detenciones de jóvenes y adolescentes durante los operativos policiales realizados en el centro de Santiago. Entre los casos reportados figura el de un estudiante con lesiones visibles en el rostro y otro joven que habría quedado inconsciente tras recibir golpes de funcionarios policiales antes de ser trasladado a un vehículo institucional.
La organización también cuestionó el uso de gas pimienta aplicado directamente al rostro de manifestantes y denunció maniobras de reducción que calificó como peligrosas, indicando que algunos detenidos fueron inmovilizados mediante presión corporal ejercida por efectivos policiales.
Hasta el cierre de esta edición, no existía un balance oficial detallado sobre la cantidad total de detenidos, lesionados o eventuales denuncias formales derivadas de los procedimientos realizados durante la movilización.
El episodio reabre el debate sobre el tratamiento policial de las protestas estudiantiles y el uso de la fuerza en manifestaciones sociales, particularmente cuando participan adolescentes y estudiantes secundarios.
La protesta de este jueves marcó además el retorno de movilizaciones estudiantiles de alta convocatoria en el actual escenario político. Miles de estudiantes secundarios y universitarios participaron en marchas y concentraciones en distintas ciudades del país, cuestionando el modelo educacional, el ajuste fiscal y diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
En Santiago, las manifestaciones se extendieron por varias horas y generaron interrupciones en el tránsito del eje Alameda. Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, junto con operativos de dispersión mediante carros lanzaaguas y gases lacrimógenos.
La declaración de Casa Memoria José Domingo Cañas también incluyó un llamado a organismos autónomos como la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que monitoreen posibles vulneraciones a derechos fundamentales ocurridas durante la jornada.
“El derecho a la manifestación constituye una garantía esencial para la defensa y conquista de otros derechos”, señaló la organización en su comunicado, insistiendo en que la protesta social y la participación estudiantil forman parte de una convivencia democrática basada en derechos y libertades públicas.
La situación ocurre en un contexto de creciente tensión política y social, marcado por una caída sostenida en la aprobación del gobierno según las últimas encuestas y por un aumento de las movilizaciones estudiantiles y sociales frente a políticas impulsadas por el Ejecutivo.
El retorno de la conflictividad estudiantil también comienza a ser observado como un síntoma de malestar más amplio, especialmente entre sectores juveniles afectados por el costo de vida, el endeudamiento educacional y la percepción de endurecimiento de las políticas de seguridad pública.
Aunque desde el oficialismo se ha insistido en la necesidad de reforzar el orden público y controlar las manifestaciones no autorizadas, organizaciones de derechos humanos advierten que el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes puede profundizar la tensión social y abrir nuevas controversias sobre libertades públicas y garantías democráticas en el país.
