Gobierno busca que hospitales, colegios y AFP entreguen datos de migrantes irregulares: crecen las alertas éticas y sanitarias
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 56 segundos
El gobierno de José Antonio Kast abrió un nuevo foco de controversia tras ingresar una indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas, iniciativa que permitiría al Estado solicitar información personal de migrantes en situación irregular a instituciones públicas y privadas vinculadas a salud, educación y previsión.
La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión del proyecto en la comisión de Gobierno del Senado, y busca facilitar la ubicación y notificación de personas extranjeras sometidas a procesos de expulsión.
Según el texto conocido públicamente, organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles podrían verse obligados a entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones cuando exista un procedimiento administrativo de expulsión en curso.
Entre los datos requeridos podrían figurar domicilio, correo electrónico, teléfonos y otra información personal que permita localizar a los afectados.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta exclusivamente a mejorar la ejecución de expulsiones ya decretadas. El subsecretario Pavez afirmó que actualmente muchas órdenes no pueden concretarse porque las autoridades no logran ubicar a las personas involucradas.
“Muchas veces las personas cambian su residencia, cambian su domicilio y no se sabe bien dónde están”, señaló la autoridad, asegurando además que la información estará protegida por normas de reserva y que sólo podrá utilizarse para fines migratorios específicos.
El senador Andrés Longton defendió la iniciativa argumentando que permitiría acelerar procesos de expulsión y detectar situaciones laborales irregulares vinculadas a contratación de personas extranjeras sin documentos.
Sin embargo, la indicación comenzó rápidamente a generar cuestionamientos desde sectores vinculados a derechos humanos, salud pública y protección de datos personales, debido al alcance que tendría sobre instituciones cuya función histórica ha estado asociada a garantizar derechos básicos y no a colaborar con funciones policiales o de control migratorio.
Uno de los aspectos más sensibles es el impacto que la medida podría tener sobre el sistema de salud. La posibilidad de que hospitales, consultorios o centros de atención entreguen antecedentes de pacientes migrantes a autoridades encargadas de expulsiones abre un debate ético complejo sobre confidencialidad médica, acceso universal a la salud y confianza en las instituciones sanitarias.
Especialistas y organizaciones migrantes han advertido en otros países que políticas similares suelen producir un efecto indirecto de alto riesgo: personas en situación irregular evitan acudir a centros de salud por temor a ser denunciadas o identificadas por autoridades migratorias.
En contextos de enfermedades infecciosas, brotes virales o patologías transmisibles, ese fenómeno puede transformarse además en un problema de salud pública de mayor escala. El temor a controles migratorios podría retrasar diagnósticos, tratamientos y seguimientos médicos, aumentando riesgos de contagio y dificultando la prevención epidemiológica.
El debate no es nuevo a nivel internacional. En países como Estados Unidos y Reino Unido, iniciativas de colaboración entre servicios públicos y agencias migratorias han generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos y asociaciones médicas, precisamente por el riesgo de romper la confianza básica entre pacientes y sistemas de atención sanitaria.
Otro elemento que comienza a ser observado con inquietud es el eventual impacto sobre niños, niñas y adolescentes migrantes. La indicación también alcanzaría a establecimientos educacionales públicos y privados, lo que podría abrir un escenario donde colegios y jardines infantiles queden obligados a entregar antecedentes de familias extranjeras sometidas a procesos migratorios.
Aunque el gobierno insiste en que la medida sólo operará cuando exista un procedimiento formal de expulsión, críticos de la iniciativa advierten que la norma podría transformar a instituciones educativas, sanitarias y previsionales en espacios de fiscalización indirecta, alterando su función principal y afectando derechos esenciales.
La discusión ocurre además en un contexto político marcado por el endurecimiento del discurso migratorio del gobierno y por el intento del oficialismo de responder a una demanda ciudadana creciente sobre control fronterizo y seguridad.
La administración Kast ha instalado la migración irregular como uno de los principales ejes de su agenda de seguridad interior, vinculando el aumento de delitos violentos y redes criminales con la falta de control migratorio de los últimos años.
Sin embargo, la nueva indicación parece abrir un debate que va más allá de la política migratoria estricta y toca aspectos estructurales sobre derechos sociales, protección de datos personales y límites éticos del Estado en la persecución administrativa de personas extranjeras.
En el Congreso, la discusión recién comienza y se anticipa compleja. Mientras sectores oficialistas defienden la iniciativa como una herramienta necesaria para ejecutar expulsiones pendientes, organizaciones sociales, especialistas en salud pública y defensores de derechos humanos ya comenzaron a advertir sobre los efectos secundarios que podría producir una política que transforme el acceso a servicios básicos en una vía de identificación migratoria.
El fondo de la discusión parece ir más allá de la eficacia administrativa. Lo que está en debate es hasta dónde puede llegar el Estado en la utilización de información obtenida en ámbitos sensibles como salud y educación, y cuáles son las consecuencias sociales cuando personas vulnerables comienzan a percibir hospitales, consultorios o escuelas no como espacios de protección, sino como potenciales mecanismos de control y persecución migratoria.
