El Senado se convierte en el muro decisivo frente a la megarreforma neoliberal de Kast
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La denominada megarreforma del gobierno de José Antonio Kast entró al Senado envuelta en un escenario mucho más incierto que el vivido en la Cámara de Diputados. Y no se trata solamente de un problema de aritmética parlamentaria. Lo que comienza a discutirse en la Cámara Alta es algo más profundo: el intento del gobierno por instalar una transformación estructural y de largo plazo del modelo económico chileno, una suerte de refundación neoliberal radicalizada que incluso desborda el esquema heredado de la dictadura y administrado durante décadas por la Concertación.
El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha ido despejando las dudas sobre el verdadero sentido político del proyecto. Ya no se habla únicamente de crecimiento, reconstrucción o modernización económica. El discurso del gobierno apunta cada vez más claramente hacia un cambio ideológico de fondo: reducir el tamaño del Estado, debilitar su capacidad redistributiva, blindar tributariamente a los grandes capitales y transformar la lógica de los derechos sociales en un sistema crecientemente subordinado al mercado.
La rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, junto con mecanismos de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, no aparecen así como medidas técnicas aisladas. Forman parte de una arquitectura política mucho más ambiciosa: consolidar un nuevo ciclo neoliberal de largo plazo, con menos regulación, menos protección social y mayores márgenes de acumulación para los grandes grupos económicos.
El problema para el gobierno es que el Senado no parece dispuesto a replicar la velocidad ni la disciplina política que tuvo la Cámara de Diputados. Allí, el Ejecutivo logró imponer un ritmo vertiginoso de votaciones y una estrategia de desgaste parlamentario que terminó favoreciendo la aprobación general del proyecto. Pero en la Cámara Alta el escenario cambia drásticamente.
El senador democratacristiano Iván Flores adelantó el tono que tendrá la discusión: “La reforma del gobierno llegó al Senado y no ocurrirá lo que pasó en la Cámara. Legislar sin debate y transparencia sobre el real impacto de este proyecto beneficia al 1 % más rico del país. Será face to face y si insisten en el corazón de su proyecto, no tendrán nuestros votos”.
La frase refleja una preocupación que empieza a extenderse más allá de la izquierda. El temor no es sólo fiscal. Lo que inquieta a sectores de centro y centroizquierda es el carácter profundamente ideológico de la propuesta. Porque detrás del lenguaje tecnocrático sobre inversión, competitividad y crecimiento, el proyecto parece inspirado en la vieja tesis del “chorreo”: reducir impuestos a las grandes empresas y flexibilizar el modelo esperando que la riqueza finalmente “rebalse” hacia el resto de la sociedad.
La experiencia histórica chilena y mundial muestra precisamente lo contrario.
Chile vivió durante décadas bajo uno de los laboratorios neoliberales más agresivos del planeta. El resultado fue crecimiento económico acompañado por una desigualdad estructural persistente, concentración extrema de la riqueza y profundas brechas sociales. La propia Concertación, aunque administró ese modelo, introdujo gradualmente mecanismos de corrección: expansión del gasto social, fortalecimiento parcial de derechos sociales, ampliación de la salud pública, políticas de protección y subsidios focalizados que, con todas sus limitaciones, moderaron parcialmente la brutalidad original del sistema impuesto en dictadura.
Lo que ahora aparece sobre la mesa es una ofensiva que busca desmontar incluso esas correcciones moderadas.
La lógica del gobierno de Kast parece acercarse mucho más al experimento ultraliberal impulsado por Javier Milei en Argentina: reducción drástica del rol estatal, debilitamiento de políticas públicas, desregulación agresiva y subordinación casi total de la vida social a la lógica del mercado. Y aunque el oficialismo chileno insiste en presentar a Argentina como un ejemplo exitoso de ajuste, la realidad social al otro lado de la cordillera dista mucho de ser un modelo exportable: caída del consumo, deterioro del empleo, aumento de la pobreza, conflictividad social y una economía profundamente golpeada por la contracción interna.
En ese contexto, la advertencia de sectores opositores apunta a evitar una trampa política mayor. Porque el gobierno intenta instalar la idea de que cualquier resistencia al proyecto equivale a oponerse al crecimiento o al desarrollo económico. Sin embargo, lo que está en discusión es precisamente qué tipo de desarrollo se busca construir y quiénes serán los beneficiados reales de ese modelo.
El senador Diego Ibáñez también cuestionó la velocidad que pretende imponer el Ejecutivo: “Es imposible en tres semanas sacar un proyecto de forma responsable”.
La frase contiene un mensaje político relevante. El Senado parece inclinarse hacia una discusión larga, técnica y altamente conflictiva. Y eso podría convertirse en el principal problema para La Moneda. Mientras más tiempo se prolongue el debate, más espacio existirá para que emerjan estudios críticos, advertencias fiscales, cuestionamientos sociales y fracturas políticas dentro de los sectores moderados que el gobierno necesita seducir para alcanzar los 26 votos requeridos.
El oficialismo enfrenta además un contexto político mucho más deteriorado que hace apenas semanas. La caída en las encuestas, el desgaste prematuro del gabinete, las críticas por los recortes sociales y el creciente malestar económico empiezan a erosionar la narrativa de eficiencia y orden que Kast buscó instalar al inicio de su mandato.
Por eso la batalla del Senado no será solamente legislativa. Será también simbólica e ideológica.
Lo que el gobierno busca consolidar es un nuevo consenso neoliberal duro, capaz de sobrevivir incluso más allá de este período presidencial. Una transformación estructural que reduzca al mínimo las capacidades futuras del Estado para redistribuir riqueza, expandir derechos o corregir desigualdades.
La pregunta de fondo es si la oposición comprenderá la magnitud de esa disputa.
Porque el riesgo para los sectores progresistas no consiste únicamente en perder una votación parlamentaria. El verdadero peligro es permitir que se consolide, bajo el lenguaje de la “modernización”, un modelo que podría devolver a Chile a las formas más extremas del neoliberalismo que marcaron las décadas más desiguales y excluyentes de su historia reciente.
Félix Montano
