Activistas chilenos de la flotilla a Gaza acusan torturas y apuntan contra el silencio del gobierno de Kast
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La llegada a Chile de los activistas Santiago Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi abrió este sábado una nueva controversia política y diplomática en torno a la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud por parte de Israel. En el Aeropuerto de Santiago, los tres integrantes de la misión denunciaron haber sido víctimas de apremios ilegítimos, violencia física y tratos degradantes durante su detención por fuerzas israelíes en aguas internacionales, al tiempo que cuestionaron duramente la reacción del gobierno de José Antonio Kast, al que acusaron de mantener una actitud pasiva frente a lo ocurrido.
Los activistas formaban parte de la denominada flotilla Global Sumud, una misión civil integrada por decenas de embarcaciones y cientos de participantes internacionales que buscaba romper el bloqueo sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. La operación fue interceptada por la marina israelí a mediados de esta semana en aguas internacionales del Mediterráneo, provocando críticas desde organizaciones humanitarias y algunos gobiernos europeos.
En el punto de prensa realizado en Santiago, Víctor Chanfreau sostuvo que el operativo israelí involucró el despliegue de buques de guerra y armamento de alto calibre. Según relató, tras el abordaje fueron trasladados a una embarcación militar donde permanecieron incomunicados durante más de 60 horas.
“El objetivo era sembrar miedo y detener cualquier intento de solidaridad con Gaza”, afirmó el dirigente social, quien además cuestionó la política exterior chilena y el rol de la Cancillería. A su juicio, si una acción similar hubiese sido realizada por otro Estado, el gobierno chileno habría reaccionado con mayor firmeza.
Las denuncias fueron reforzadas por Carolina Eltit, quien aseguró presentar fracturas costales tras las agresiones sufridas durante el cautiverio. La activista relató que los detenidos habrían sido golpeados por grupos de soldados y sometidos a malos tratos sistemáticos. Claudio Caiozzi, por su parte, describió la experiencia como un “cautiverio deshumanizante”, aunque advirtió que lo vivido por los integrantes de la flotilla “no se compara con la violencia cotidiana que enfrenta la población palestina”.
Las acusaciones de los activistas chilenos coinciden con testimonios entregados por participantes de otros países europeos y latinoamericanos tras su liberación. Activistas españoles, franceses e italianos denunciaron golpes, privación del sueño, humillaciones, amenazas y uso excesivo de la fuerza durante las detenciones realizadas por Israel.
El episodio ha escalado a nivel internacional. En Francia, el gobierno anunció medidas contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, luego de la difusión de registros audiovisuales donde se burlaba públicamente de los activistas detenidos. Incluso dentro del propio gobierno israelí surgieron críticas por el impacto diplomático de esas imágenes.
Mientras tanto, organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos han insistido en que la interceptación de la flotilla en aguas internacionales podría constituir una violación al derecho marítimo internacional y a normas humanitarias básicas. Desde distintos países europeos se han solicitado investigaciones independientes sobre los hechos denunciados por los tripulantes.
En Chile, la situación también tensionó el debate político. Diversas organizaciones de solidaridad con Palestina y dirigentes sociales criticaron la respuesta del Ejecutivo, acusando una actitud “tibia” frente a las denuncias de torturas y maltratos. La Comunidad Palestina de Chile había manifestado previamente preocupación por la captura de los activistas y cuestionó las versiones difundidas por la embajada israelí.
Aunque la Cancillería chilena realizó gestiones consulares para conocer el estado de los detenidos, los activistas consideran insuficiente la reacción del gobierno. En sus declaraciones insistieron en que la administración de Kast evitó una condena política clara contra Israel y priorizó mantener un bajo perfil diplomático frente a un hecho que, según sostienen, involucró graves vulneraciones a los derechos humanos.
La flotilla Global Sumud se había convertido en una de las mayores acciones civiles internacionales de apoyo a Gaza desde el inicio de la actual ofensiva israelí sobre el enclave palestino. La misión reunía a centenares de activistas de distintas nacionalidades que buscaban denunciar el bloqueo y entregar ayuda médica y alimentaria a la población gazatí.
El retorno de los activistas a Chile, lejos de cerrar el episodio, parece abrir ahora una nueva fase de presión política sobre el gobierno chileno y su relación con el conflicto en Medio Oriente. Para los participantes de la flotilla, la experiencia no sólo dejó secuelas físicas, sino también una convicción reforzada de que el aislamiento de Gaza y la represión contra quienes intentan romperlo se han convertido en un asunto de alcance global.
