Comunidades de pueblos originarios llaman a proteger la Ley Lafkenche y alertan sobre el impacto de su modificación en los territorios costeros
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Organizaciones indígenas y comunidades costeras desde Atacama hasta Los Lagos manifestaron su preocupación por las posibles modificaciones a la Ley Lafkenche impulsadas en el actual debate sobre el borde costero. Acusan desinformación sobre los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y advierten que está en juego no solo una normativa, sino la relación del país con el mar, los ecosistemas y las comunidades que históricamente los han habitado.
Diversas organizaciones de pueblos originarios y comunidades costeras del país hicieron un llamado a proteger la Ley Lafkenche y a frenar cualquier intento de modificación que, a su juicio, pueda debilitar los mecanismos de gobernanza territorial y protección ambiental vinculados al borde costero.
La declaración surge en medio del debate sobre eventuales cambios a la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, luego de la visita del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, a Puerto Montt para participar en el taller “Diálogo por el futuro del borde costero”. Aunque el Gobierno no presentó indicaciones concretas, sí adelantó que estudia modificaciones relacionadas con las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la proporcionalidad de las áreas y los mecanismos de acreditación del uso consuetudinario.
Las comunidades sostienen que la discusión pública se ha concentrado en narrativas de conflicto y desinformación, dejando fuera la experiencia concreta de territorios donde los ECMPO ya operan como herramientas de administración comunitaria, conservación y desarrollo local.
Uno de los principales puntos planteados por las organizaciones es que los ECMPO no implican propiedad privada sobre el mar ni exclusión de otros usuarios. Desde la Comunidad Indígena Encura Mapu, en Carelmapu, señalaron que existe una brecha entre las narrativas instaladas públicamente y lo que ocurre realmente en los territorios. Según explican, estos espacios permiten desarrollar acuerdos de convivencia y administración compartida entre comunidades, pesca artesanal y otras actividades económicas.
“Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios, dificultando el diálogo”, afirmó José Alberto Molina Hueichán, dirigente de la Comunidad Indígena Encura Mapu. El dirigente sostuvo además que la experiencia de su territorio demuestra que la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles.
Desde la Patagonia, la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar enfatizó que la defensa de los espacios marinos también constituye una defensa cultural y territorial. Leticia Caro, representante de la organización, afirmó que para el pueblo Kawésqar el mar “no es un recurso separado de nuestra vida o nuestra cultura”, sino parte de su memoria, identidad y forma de habitar el territorio.
En Aysén, comunidades indígenas y organizaciones territoriales alertaron sobre el impacto de la salmonicultura y criticaron que el debate sobre los ECMPO esté siendo capturado por intereses económicos de corto plazo. Nelson Millatureo, de la Comunidad Indígena Antünen Rain, sostuvo que muchas comunidades sienten que se invisibilizan los impactos ambientales y sociales del modelo extractivo sobre los ecosistemas y las formas de vida locales.
Las organizaciones también destacaron experiencias de trabajo comunitario en el territorio de Lago Budi, donde agrupaciones de mujeres mapuche impulsan estrategias para acercar estos debates a jóvenes y comunidades urbanas mediante relatos culturales y el uso del mapuzungun.
En el comunicado, las comunidades coinciden en la necesidad de reducir la confrontación y abrir espacios de conversación más amplios sobre el futuro del borde costero y los ecosistemas marinos. “Lo que está en discusión no es solo una ley. Lo que está en juego es cómo Chile decide relacionarse con el mar, con los territorios y con las comunidades que históricamente los han cuidado”, afirmó Andrea Soledad Reuca Neculman, representante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar-Coordinación Lago Budi.
Las organizaciones hicieron finalmente un llamado a que cualquier discusión sobre la Ley Lafkenche considere la experiencia concreta de los territorios y avance hacia formas de gobernanza “más participativas, sostenibles y de largo plazo”, especialmente en un contexto marcado por la crisis climática y la creciente presión sobre los ecosistemas marinos.
Fuente: Comunicado de organizaciones de pueblos originarios y comunidades costeras.
