Los niños haitianos y la pregunta que el Estado chileno no puede responder
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De la polémica migratoria a una crisis de capacidad institucional
Durante varios días, el caso de los niños haitianos cuyo paradero no ha podido ser plenamente establecido fue presentado como una nueva prueba del fracaso de las políticas migratorias impulsadas durante el gobierno de Gabriel Boric. La revelación de un preinforme de la Contraloría General de la República permitió instalar rápidamente una tesis política: la flexibilización de los mecanismos de reunificación familiar habría abierto espacios para irregularidades de extrema gravedad.
La reacción fue inmediata.
El gobierno convocó reuniones extraordinarias, anunció investigaciones, impulsó una ofensiva comunicacional y diversos sectores de la derecha apuntaron directamente a las autoridades responsables de la política migratoria aplicada entre 2024 y 2025.
Sin embargo, como suele ocurrir cuando las investigaciones avanzan y los antecedentes comienzan a conocerse con mayor detalle, el eje de la discusión empezó a desplazarse.
Porque la pregunta verdaderamente inquietante ya no parece ser quién autorizó el ingreso de esos niños.
La pregunta inquietante es otra.
¿Cómo es posible que el Estado chileno no sepa dónde están?
Ese cambio de foco es fundamental.
Durante los primeros días, la discusión estuvo centrada en la migración. Hoy comienza a instalarse una interrogante mucho más profunda relacionada con la capacidad del Estado para cumplir una de sus funciones más básicas: proteger a niños especialmente vulnerables.
Los antecedentes conocidos hasta ahora muestran una realidad más compleja que la inicialmente difundida.
El preinforme de Contraloría no concluye la existencia de una red de tráfico de menores ni acredita ilegalidades generalizadas en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Lo que sí detecta son graves deficiencias institucionales: problemas de coordinación entre organismos públicos, debilidades en los sistemas de información, controles insuficientes y ausencia de protocolos adecuados para el seguimiento de niños y niñas.
No es una diferencia menor.
Porque una cosa es una política migratoria cuestionable y otra muy distinta es un aparato estatal incapaz de seguir la trazabilidad de menores que ingresaron al país mediante mecanismos oficialmente autorizados.
El propio debate público ha comenzado a reflejar esa transformación.
Al principio se hablaba de niños desaparecidos.
Posteriormente comenzaron a aparecer expresiones más cautelosas: niños no ubicados, niños sin trazabilidad, menores cuyo paradero no ha podido ser confirmado.
La diferencia semántica es importante porque la investigación todavía no permite afirmar con certeza qué ocurrió en cada caso.
Pero aun si mañana se comprobara que la mayoría de esos menores se encuentra efectivamente junto a sus familias, el problema institucional seguiría existiendo.
Porque significaría que el Estado perdió la capacidad de monitorear una situación respecto de la cual tenía responsabilidades directas.
Y ese es precisamente el aspecto más delicado del asunto.
La controversia ha terminado revelando algo que trasciende el conflicto entre gobierno y oposición.
Durante años Chile construyó mecanismos administrativos para controlar ingresos, otorgar permisos, procesar visas y regularizar situaciones migratorias. Sin embargo, los antecedentes sugieren que la protección efectiva de niños y adolescentes quedó relegada a un segundo plano.
La auditoría apunta justamente a esas zonas grises.
¿Qué organismo debía verificar que los menores efectivamente residieran en los domicilios declarados?
¿Quién debía comprobar que recibían atención médica?
¿Quién debía asegurar su incorporación al sistema educativo?
¿Quién era responsable de activar protocolos cuando aparecían inconsistencias en los registros?
Las respuestas parecen dispersarse entre distintas instituciones que, según el propio informe, no coordinaron adecuadamente sus acciones.
Por eso resulta llamativo que una parte importante de la discusión política continúe concentrada exclusivamente en las responsabilidades del gobierno anterior.
Es evidente que las decisiones adoptadas durante la administración de Boric deben ser investigadas y evaluadas. También es evidente que si existieron negligencias o irregularidades corresponde establecer responsabilidades.
Pero reducir el problema a una disputa entre oficialismo y oposición corre el riesgo de ocultar la verdadera dimensión del caso.
Porque aquí no estamos frente a un debate sobre cifras migratorias.
Estamos frente a una posible crisis de protección de la infancia.
La propia Red de Migrantes y Promigrantes ha advertido sobre este punto. En una declaración pública sostuvo que el principal desafío no consiste en utilizar a los niños como prueba de una controversia migratoria, sino en garantizar que sean encontrados, protegidos y tratados como sujetos de derechos.
La observación merece atención.
En los últimos años la discusión migratoria ha estado marcada por la polarización política. El riesgo es que los menores haitianos terminen convertidos en símbolos de esa disputa y no en el centro de las preocupaciones institucionales.
Lo paradójico es que el caso podría terminar transformándose en un boomerang político.
Lo que comenzó como una ofensiva destinada a cuestionar la gestión migratoria del gobierno anterior está derivando progresivamente hacia una discusión sobre las debilidades estructurales del Estado chileno.
Mientras más se profundiza la investigación, más evidente parece que el problema no pertenece exclusivamente a una administración ni a una política específica.
Pertenece a un aparato institucional que fue incapaz de garantizar seguimiento, coordinación y protección respecto de niños cuya situación exigía precisamente una atención especial.
Esa conclusión es incómoda porque no ofrece responsables simples ni soluciones inmediatas.
Pero probablemente se acerca más a la realidad.
Y si el informe definitivo de Contraloría confirma esa dirección, el caso de los niños haitianos dejará de ser una polémica migratoria para convertirse en algo mucho más serio: una radiografía de las limitaciones del Estado chileno para proteger a quienes más necesitan protección.
Esa sería una noticia mucho más grave que cualquier disputa partidaria.
Simón del Valle
