La acusación contra Nicolás Grau: la revancha como programa político
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«Son horas bajas para la República». La frase del economista Gonzalo Martner no proviene de un dirigente radical ni de un activista de redes sociales. Viene de una de las figuras más moderadas de la centroizquierda chilena. Quizás por eso resulta tan significativa.
La aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau marca algo más profundo que una derrota parlamentaria para la oposición. Representa un nuevo paso en la degradación de una herramienta institucional que fue concebida para sancionar infracciones graves a la Constitución y no para saldar cuentas políticas.
La acusación avanzó pese a que la comisión revisora recomendó rechazarla. Avanzó pese a que el Consejo Fiscal Autónomo descartó la existencia de la inconsistencia aritmética que constituía uno de los principales argumentos del libelo. Avanzó pese a las advertencias de exministros de Hacienda, constitucionalistas y economistas que alertaron sobre el precedente que se estaba construyendo.
Eso obliga a formular una pregunta incómoda: si los argumentos técnicos comenzaron a derrumbarse, ¿qué fue exactamente lo que votó la mayoría de la Cámara?
La respuesta parece cada vez más evidente.
No votó sobre una infracción constitucional demostrada. Votó sobre una voluntad política de castigo.
La política de la revancha
Desde la llegada de José Antonio Kast al gobierno, una parte importante de la derecha ha mostrado una dificultad evidente para distinguir entre alternancia democrática y ajuste de cuentas.
La acusación contra Grau no surge de un caso de corrupción, de una vulneración de derechos fundamentales ni de una transgresión flagrante de la Constitución. Surge de diferencias respecto de proyecciones fiscales, una materia que históricamente ha sido objeto de debate técnico y no de persecución política.
Sin embargo, Republicanos, el Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente y sectores significativos de Chile Vamos decidieron convertir esa discusión en un juicio político.
Lo que comenzó como una controversia económica terminó transformado en una operación destinada a infligir daño político.
No es casualidad que incluso antes de conocerse el informe del CFA algunos parlamentarios opositores advirtieran que se estaba abriendo un precedente peligroso para cualquier futuro ministro de Hacienda.
El desprecio por los contrapesos
Quizás el aspecto más preocupante de esta historia sea otro.
En una democracia sana, los organismos técnicos existen precisamente para aportar evidencia cuando la disputa política amenaza con imponerse sobre los hechos.
El Consejo Fiscal Autónomo cumplió ese papel. Analizó los antecedentes y concluyó que no existía la inconsistencia aritmética denunciada.
La reacción de la mayoría acusadora fue simple: ignorarlo.
No intentó refutar el informe. No presentó evidencia alternativa. No desmontó sus conclusiones.
Simplemente siguió adelante.
Cuando los hechos dejan de importar y sólo importa la utilidad política de una acusación, el problema deja de ser Nicolás Grau. El problema pasa a ser la calidad de la democracia.
Un síntoma de época
Lo ocurrido revela una transformación más profunda de la derecha chilena.
Durante décadas, la derecha reivindicó la estabilidad institucional, la prudencia fiscal y el respeto por los organismos técnicos. Hoy, una parte creciente de ese sector parece más interesada en la confrontación permanente, la polarización y la utilización de las instituciones como armas de combate político.
La acusación contra Nicolás Grau puede terminar fracasando en el Senado.
Pero aun si eso ocurre, el daño ya está hecho.
Porque el mensaje enviado al país es que una mayoría circunstancial puede intentar inhabilitar por cinco años a una exautoridad incluso cuando los fundamentos técnicos que sustentaban la acusación han sido severamente cuestionados.
Eso no fortalece la democracia.
La debilita.
Y por eso Gonzalo Martner tiene razón cuando habla de horas bajas para la República.
No por Nicolás Grau.
Sino por quienes parecen haber convertido la revancha en un programa político.
Simón del Valle
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